El Tribunal Supremo de Israel decidió este miércoles aplazar la implementación de una ley aprobada en marzo por la Knéset (Parlamento israelí) que blindaba al primer ministro, Benjamín Netanyahu, de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo.
El fallo fue aprobado por una mayoría de 6 de 11 magistrados, y dicta que la aplicación de la ley «se pospondrá hasta que la próxima Knéset comience su mandato», tras celebrarse elecciones generales, es decir, cuando se elija a un nuevo primer ministro, indicó el tribunal en un comunicado.
La coalición de derechas de Netanyahu, que ocupa 64 de los 120 escaños de la Knéset, impulsó la enmienda a la Ley Básica (de carácter constitucional) para evitar que el fiscal general o el propio tribunal pudieran considerar que el primer ministro tiene un conflicto de intereses -al promover una polémica reforma judicial mientras enfrenta varios procesos por corrupción- y ordenaran su dimisión.
Aunque no deroga la enmienda, el Tribunal Supremo argumentó en su fallo que es «de naturaleza claramente personal y que constituye un abuso de autoridad».
El Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, una organización civil que presentó el recurso contra la enmienda ante el Supremo, calificó el fallo de «gran victoria pública».
La enmienda era «absurda, toscamente adaptada a las necesidades personales de un primer ministro acusado de crímenes», indica la organización en un comunicado.
El fallo del tribunal «contiene un mensaje importante: las Leyes Básicas no son un pedazo de masilla en manos del primer ministro, que él puede cambiar por otras nuevas según sus necesidades políticas y legales, con la mayoría ocasional que posee» en el Parlamento, añade.
Se trata de la segunda derrota legal de Netanyahu esta semana, luego de que el Tribunal Supremo anulara el lunes una ley clave de la polémica reforma judicial que quitaba poder a la propia corte para revisar y revocar decisiones gubernamentales en base a si estas son razonables o no.
Desde que la reforma judicial fue anunciada en enero del año pasado, un histórico movimiento de protesta antigobierno -que considera que la reforma socava la democracia, la división de poderes y los derechos de las minorías- realizó multitudinarias manifestaciones cada semana, que no pararon hasta que estalló la guerra entre Israel y el grupo terrorista islamista Hamás en la Franja de Gaza, el 7 de octubre.
Algunos señalan que esta profunda polarización social distrajo al Gobierno de sus tareas de Seguridad y facilitó el ataque de Hamás que detonó la guerra y dejó en Israel unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.
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