El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del régimen de Venezuela ratificó este viernes la inhabilitación política de 15 años de la candidata presidencial opositora, María Corina Machado Parisca.
En su sentencia de este 26 de enero, el TSJ chavista ratificó la decisión de la Contraloría General de la República que inhabilitó políticamente a María Corina Machado por 15 años.
Machado fue acusada por presuntamente haber sido participe de una trama de corrupción junto al opositor Juan Guaidó, que según el régimen propició daños económicos y pérdidas a Venezuela.
También se le acusó a la candidata presidencial de haber solicitado la aplicación de sanciones y bloqueo económico contra el país caribeño.
Por su parte, Machado respondió a la ratificación de la inhabilitación a través de sus redes sociales, diciendo que «el régimen decidió acabar con el Acuerdo de Barbados».
«Lo que NO se acaba es nuestra lucha por la conquista de la democracia a través de elecciones libres y limpias», escribió Machado, señalando que «Maduro y su sistema criminal escogieron el peor camino para ellos: unas elecciones fraudulentas. Eso no va a pasar».
«Que nadie lo dude, esto es hasta el final», agregó.
La Contraloría General de la República del chavismo ya había ratificado la inhabilitación de Machado en junio del año pasado a petición del diputado de Primero Venezuela, José Brito.
Machado ya tenia una inhabilitación al ejercicio público por 12 meses en 2015. Sin embargo, la Contraloría señaló en el documento que se le entregó a Brito que se continuó con una investigación patrimonial, reafirmando que la opositora tiene otro proceso de inhabilitación por 15 años.
La ratificación de la inhabilitación por parte del TSJ ocurre en medio de una serie de arrestos a los jefes de campaña de Machado en los estados de Vargas, Yaracuy y Trujillo.
Los colaboradores de la candidata Juan Freites, Luis Camacaro y Guillermo López, fueron «detenidos de manera arbitraria y posteriormente desaparecidos», según informó su partido, Vente Venezuela.
La organización política señaló que estos arrestos son «la repetición de un patrón sistemático de persecución política y de violación a los derechos fundamentales a quienes son considerados “enemigos” por el régimen y constituyen un ejemplo más de la perpetración del crimen de lesa humanidad que actualmente investiga la Corte Penal Internacional».
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