La Corte Suprema accedió esta semana a considerar si tres delincuentes apodados los «Bandidos Espantapájaros», cuyos delitos son previos a una ley de reforma de la justicia penal aprobada en la era Trump, pueden beneficiarse de las sentencias mínimas obligatorias más bajas de la ley.
El apodo de los individuos se originó de agentes del FBI que señalaron que durante los primeros robos los delincuentes vestían con camisas holgadas y sombreros flexibles.
La Ley del Primer Paso (First Step), una medida bipartidista aprobada por el Congreso y firmada por el presidente Donald Trump en 2018, reformó aspectos del sistema de justicia penal, facilitando que las cortes redujeran las penas a ciertos delincuentes no violentos.
La cuestión legal en este caso es si las reducciones de sentencia prescritas por el estatuto se aplican a los acusados que fueron sentenciados antes de la creación de la ley, pero a quienes más tarde se les anularon las sentencias y se les volvió a imponer sentencias después de que entrada en vigor la ley.
Los jueces concedieron las peticiones de certiorari, o revisión, de Hewitt contra Estados Unidos y Duffey contra Estados Unidos en una orden sin firma del 2 de julio.
Los jueces ordenaron que los casos se analizaran juntos. Ningún juez se opuso a la orden y la Corte no explicó su decisión. Al menos cuatro de los nueve jueces deben votar a favor de una petición para que ésta pase a la fase de alegatos orales.
Según los documentos judiciales, los tres demandantes —Tony R. Hewitt, Corey Deyon Duffey y Jarvis Dupree Ross— participaron en una conspiración para cometer varios atracos a bancos en 2008 en la zona de Dallas-Fort Worth (Texas). Los tres fueron acusados de múltiples cargos en virtud de la Sección 924(c) del Título 18 del Código de los EE.UU. por usar o portar un arma de fuego mientras cometían un «delito de violencia o un delito de tráfico de drogas».
Un primer delito en virtud de la Sección 924(c) conlleva una condena obligatoria de al menos cinco años de prisión. Las condenas adicionales dan lugar a una condena obligatoria de 25 años.
Cuando los acusados son condenados, las penas de prisión a menudo se ejecutan «simultáneamente» con otras sentencias, lo que significa que se pagan al mismo tiempo con las otras sentencias. Sin embargo, las penas previstas en el artículo 924(c) son «acumulativas», lo que significa que deben ejecutarse consecutivamente —o una detrás de otra— y no «simultáneamente con cualquier otra pena de prisión».
El artículo 403 de la Ley del Primer Paso modificó el artículo 924(c) para aclarar que el mínimo obligatorio de 25 años solo aplica a los delitos cometidos después de que una condena anterior en virtud del artículo 924(c) «sea firme». Dicho de otro modo, ya no se considera que el mínimo obligatorio de 25 años se aplica a las condenas por múltiples cargos del artículo 924(c).
Esto significa que «los delincuentes que comenten un delito por primera vez solo reciben las condenas mínimas consecutivas de cinco años de la sección 924(c), una diferencia de dos décadas por delito», según los documentos de l a Corte.
La corte federal de distrito impuso al Sr. Hewitt una pena de 355 años de prisión, la mayor parte de los cuales estaban relacionados con los cargos de la sección 924(c). La Corte de Apelación del Quinto Circuito de Estados Unidos revocó en parte las condenas y anuló su sentencia porque se había cometido un error en algún punto del proceso. El caso volvió a la corte de distrito, que volvió a condenarlo a 305 años. La Corte de circuito confirmó la nueva condena.
Además, en 2019, la Corte Suprema declaró en el caso de Estados Unidos contra Davis que el lenguaje de «delito de violencia» en la Sección 924(c) era inconstitucionalmente vago, lo que «eliminó los cargos basados en conspiraciones como antecedentes necesarios para apoyar condenas» en virtud de la sección.
Un delito determinante es un delito que se considera un componente de un plan delictivo más amplio. En algunos casos, un delito determinante se comete para recaudar dinero que se utilizará en actividades ilícitas posteriores.
Debido a que varias de las condenas del Sr. Hewitt «se basaban en la conspiración para cometer el robo de un banco, y a la luzde esta» la sentencia de Davis, él solicitó autorización para presentar lo que se llama una moción 2255 para atacar su sentencia, dijo en su petición. El Quinto Circuito autorizó la presentación y la corte de distrito accedió a escuchar la moción.
Ante la corte de distrito, presentó objeciones al informe de la sentencia, argumentando que el artículo 403 debía aplicarse a su caso. El gobierno se opuso inicialmente a sus objeciones, pero más adelante en el procedimiento cambió de rumbo.
A pesar de que ambas partes estaban de acuerdo en este punto, la corte de distrito rechazó el argumento, considerando que el artículo 403 no era aplicable. El Sr. Hewitt fue condenado de nuevo a 105 años por sus condenas en virtud del artículo 924(c).
Aunque el Quinto Circuito confirmó la sentencia, reconoció que la cuestión del artículo 403 «irritaba y dividía» a las cortes de apelación.
Pero la corte de circuito sostuvo que «el Congreso trazó inequívocamente la línea de aplicación de la Ley del Primer Paso basándose en la fecha de imposición de la condena».
El Sr. Hewitt declaró que el Quinto Circuito se equivocó al sostener que el artículo 403 no era aplicable a su caso.
La Procuradora General Elizabeth Prelogar se opuso a la petición en un escrito presentado ante la corte.
Uno de sus argumentos fue que no había necesidad de que la Corte Suprema se ocupara del caso «porque actualmente el Congreso está estudiando una legislación que permitiría que el artículo 403 de la Ley del Primer Paso… se aplicara retroactivamente a los acusados condenados antes de la promulgación de la Ley».
El Sr. Hewitt respondió en un escrito de réplica de 3 de junio, diciendo que la existencia de un proyecto de ley pendiente en el Congreso que aplicaría la retroactividad no era convincente.
La propuesta de Ley de Aplicación del Primer Paso, presentada por el senador Dick Durbin (demócrata de Illinois) en abril de 2023, no ha recibido desde entonces «ni siquiera una audiencia en comisión, y mucho menos se ha votado fuera de comisión, debatido en el pleno de la cámara, votado en el pleno del Senado o trasladado a la Cámara».
Es probable que muera en unos meses, cuando el actual Congreso deje el cargo, añadió.
«Y sería claramente injusto permitir que se siga aplicando erróneamente una ley que ha sido promulgada por una preocupación especulativa por un proyecto de ley que nunca se aprobará».
Si la decisión en cuestión «se mantiene, a un número incalculable de personas se les seguirá negando reducciones de condena que a menudo duran décadas y a las que tienen derecho por ley», escribió.
Se espera que la Corte Suprema examine los recursos de los tres delincuentes en su nuevo período, que comienza en octubre.
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