El gobierno federal ha declarado el estado de emergencia debido a las continuas protestas contra los mandatos y restricciones por el COVID-19.
En una rueda de prensa celebrada el 14 de febrero, el primer ministro Justin Trudeau afirmó que las actuales protestas no son pacíficas y están perjudicando a la economía, al mismo tiempo que dijo que se necesitan medidas para reforzar las fuerzas policiales.
Trudeau dijo que la aplicación de la Ley de Emergencia será por tiempo limitado y se utilizará de forma selectiva y proporcionada. Añadió que la ley se utilizará para proteger las infraestructuras críticas, como los aeropuertos y los pasos fronterizos.
La viceprimera ministra Chrystia Freeland anunció una serie de medidas para reducir la financiación de las protestas. Entre ellas, la ampliación de las medidas contra el lavado de dinero a las plataformas de crowdfunding y las monedas digitales. Los bancos también podrán congelar las cuentas de las entidades implicadas en las protestas.
Trudeau es el primer mandatario canadiense que invoca la Ley de Emergencias.
En 1988, la Ley de Emergencias sustituyó a la Ley de Medidas de Guerra, que el padre de Trudeau, el ex primer ministro Pierre Trudeau, utilizó en 1970 durante la Crisis de Octubre, cuando los separatistas de Quebec secuestraron y mataron al ministro del gabinete de Quebec, Pierre Laporte.
Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Quebec dijeron que no apoyan el uso de la ley por parte del primer ministro.
«Tenemos todas las herramientas legales y los recursos operativos necesarios para mantener el orden. La ley no añadiría ningún poder o recurso adicional relevante», dijo el primer ministro de Alberta, Jason Kenney, en Twitter el 14 de febrero.
«Los bloqueos ilegales deben terminar, pero la policía ya tiene suficientes herramientas para hacer cumplir la ley y despejar los bloqueos, como hicieron el fin de semana en Windsor», dijo también en Twitter el primer ministro de Saskatchewan, Scott Moe.
«Por lo tanto, Saskatchewan no apoya que el gobierno de Trudeau invoque la Ley de Emergencias. Si el gobierno federal procede con esta medida, esperaría que solo se invocara en las provincias que lo soliciten, como permite la legislación».
La primera ministra de Manitoba, Heather Stefanson, también dijo en un tuit que la invocación de esos poderes no es necesaria en su provincia.
«Estoy orgullosa de los oficiales de la ley de Manitoba y confío plenamente en ellos para proteger a nuestras comunidades. La propuesta del gobierno federal de utilizar la Ley de Emergencias no ayuda a la situación en la frontera de Emerson».
El primer ministro de Quebec, François Legault, adoptó un tono similar, afirmando que no quiere que la ley se aplique en Quebec, ya que es una medida innecesaria y divisoria, reportó La Presse.
En una rueda de prensa celebrada el 14 de febrero, la organizadora del Convoy de la Libertad, Tamara Lich, dijo que los manifestantes continuarán con protestando, pero que seguirán siendo pacíficos.
«Seguiremos siendo pacíficos, pero permaneceremos en la Colina del Parlamento hasta que se levanten los mandatos», dijo Lich.
Brian Peckford, exprimer ministro de Terranova que actúa como portavoz del Convoy de la Libertad, dijo en la rueda de prensa que la protesta en Ottawa ha sido pacífica, y cuestionó la justificación para declarar el estado de emergencia.
«Mirando la situación, especialmente en lo que se refiere al Convoy 2022, que está aquí en Ottawa… es pacífica. Las calles están limpias, la delincuencia ha disminuido desde que llegaron los camioneros», dijo Peckford.
El Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales, que está representando legalmente a los organizadores, dijo en un comunicado antes de la declaración que «presentaría inmediatamente una solicitud judicial para anular dicha declaración».
«El primer ministro Pierre Trudeau utilizó la Ley de Medidas de Guerra en 1970 para hacer frente a la violencia, los secuestros y los asesinatos cometidos por terroristas en Quebec. Hoy, el primer ministro Justin Trudeau está considerando utilizar la Ley de Emergencias para hacer frente a los castillos inflables y al hockey», dijo el director de litigios del Centro de Justicia, Jay Cameron, en un comunicado.
«Los manifestantes pacíficos que dan de comer a los indigentes, quitan la nieve, recogen la basura, bailan en las calles, juegan al hockey callejero, ondean banderas canadienses, cantan el himno nacional y montan castillos inflables para los niños no ‘ponen en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de los canadienses’, ni estas actividades pacíficas ‘son de tal proporción o naturaleza que excedan la capacidad o la autoridad de una provincia para ocuparse de ello'».
Ley de Emergencias
La Ley de Emergencias define una emergencia nacional como «una situación urgente y crítica de carácter temporal que a) pone en grave peligro la vida, la salud o la seguridad de los canadienses y es de tal proporción o naturaleza que excede la capacidad o la autoridad de una provincia para hacerle frente, o b) amenaza seriamente la capacidad del gobierno de Canadá para preservar la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Canadá».
La ley enumera cuatro tipos diferentes de emergencias: bienestar público, orden público, emergencia internacional y guerra.
Trudeau invocó una emergencia de orden público citando «amenazas a la seguridad de Canadá».
Normalmente, una emergencia expira en 30 días, a menos que sea revocada o prolongada por el gobierno.
La ley otorga poderes al gobierno para despojar a los ciudadanos el derecho de reunión si existe una «expectativa razonable» de que pueda conducir a una violación de la paz.
También se puede prohibir a los ciudadanos que se desplacen a determinadas zonas o que utilicen determinados bienes. El gobierno también puede asumir el control de los servicios públicos y ordenar a las personas a prestar servicios esenciales.
En el contexto actual de bloqueos u ocupaciones, el gobierno podrá obligar a las empresas de grúas a retirar los vehículos que bloqueen calles o carriles, cosa que ya se negaron a hacer en relación con la protesta de Ottawa.
El incumplimiento de la ley puede conllevar, en caso de condena sumaria, una multa de hasta 500 dólares o una pena de prisión de hasta seis meses, y en caso de acusación, una multa no superior a 5000 dólares y una pena de prisión de hasta cinco años.
La ciudad de Ottawa y la provincia de Ontario también han declarado el estado de emergencia en los últimos días.
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