Durante el primer periodo de preguntas tras invocar la Ley de Emergencias por primera vez el 14 de febrero, los conservadores preguntaron al primer ministro Justin Trudeau cuándo se debatiría esta medida extrema en la Cámara de los Comunes.
«En 24 horas hay más preguntas que respuestas: preguntas sobre si está justificado, preguntas sobre si se cumplen los criterios, preguntas sobre lo que significa para los derechos y libertades de los canadienses. Se necesita la aprobación del Parlamento para que el primer ministro pueda utilizar este mazo sin precedentes», dijo la líder conservadora interina Candice Bergen.
Quienes se oponen al uso de la Ley de Emergencias, como los grupos de libertades civiles y derechos constitucionales, dicen que la situación actual no cumple el umbral para su aplicación, por lo que los debates en la Cámara de los Comunes podrían ayudar a concretar el discurso del gobierno para invocarla.
«Entonces, ¿puede el primer ministro decirnos cuándo debatirá esto el Parlamento? ¿Vendrá el viernes? ¿Y espera que lo veamos el viernes pero que luego nos levantemos, nos tomemos una semana de descanso y no lo tratemos hasta marzo?», dijo Bergen.
Trudeau no contestó directamente, y dijo que antes de invocar la ley había consultado con su gabinete, su comité, los premier y los líderes de la oposición.
«El alcance de estas medidas es temporal y limitado geográficamente. Son razonables y proporcionales a las amenazas a las que pretenden hacer frente. Y se ajustan plenamente a la Carta de Derechos y Libertades para garantizar a todos los canadienses que es lo correcto», dijo Trudeau.
Bergen preguntó si invocar la Ley no empeoraría las cosas, ahora que los bloqueos de Coutts en Alberta y del puente Ambassador en Windsor, Ontario, están despejados.
También se refirió a su reciente moción que pedía un plan para acabar con los mandatos federales y que fue derrotada por los liberales y el NDP el 14 de febrero, preguntando a Trudeau cuándo iba a «acabar con los mandatos y las restricciones divisivas, anticuadas y poco científicas».
En respuesta, Trudeau acusó a los conservadores de jugar «burdos juegos políticos y dividir».
El movimiento de protestas a través del país fue iniciado por camioneros que pedían el levantamiento del requisito de vacunación contra COVID-19 para los conductores que cruzan la frontera entre Estados Unidos y Canadá. A medida que más partidarios se unieron al movimiento, muchos piden ahora el fin de todos los mandatos y restricciones relacionadas con el COVID-19. Muchos manifestantes dicen que permanecerán en Ottawa hasta que el gobierno levante los mandatos.
Trudeau se ha negado a reunirse con los manifestantes y a escuchar sus preocupaciones, al mismo tiempo que los vincula con el racismo y el odio, una acusación que los organizadores de la protesta niegan, diciendo que son pacíficos.
Trudeau invocó la Ley de Emergencias el 14 de febrero por primera vez desde que esta sustituyó a la Ley de Medidas de Guerra en 1988.
El gobierno debe presentar su declaración en el Parlamento en un plazo de siete días, y un comité parlamentario supervisará el asunto mientras la emergencia esté en vigor, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa el 15 de febrero.
Con los poderes de emergencia, el gobierno federal podrá obligar a las empresas de remolques a ayudar a retirar los camiones que bloquean las calles de Ottawa, y también tomar medidas enérgicas contra la financiación, permitiendo a los bancos congelar las cuentas de los manifestantes y sus partidarios. Las multas y las penas de prisión también serán más fáciles de aplicar a los participantes con la ley.
Los premier de Alberta, Saskatchewan, Manitoba y Quebec se oponen a que el gobierno federal invoque la Ley.
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario y Quebec han puesto fin a sus programas de pasaportes de vacunación o tienen la intención de hacerlo en un futuro próximo.
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