Los abogados del expresidente Donald Trump hicieron una presentación judicial el lunes repitiendo un argumento presentado por la abogada de las elecciones de 2020, Sidney Powell, en un recurso para desestimar el cargo de crimen organizado al que enfrenta en Georgia.
En una moción judicial, el abogado del expresidente, Steven Sadow, hizo referencia a los argumentos de la señora Powell (pdf) que sus abogados presentaron en los documentos judiciales el fin de la semana pasada.
«Por la presente, el presidente Trump adopta la recusación general presentada oportunamente por la codemandada Powell, en cuanto al primer cargo. Específicamente, el presidente Trump adopta el argumento particularizado de Powell en la Parte III de que el primer cargo debe ser desestimado por violación de los principios constitucionales fundamentales de debido proceso y advertencia justa», dice la moción presentada el lunes (pdf). «POR LO TANTO, el presidente Trump adopta respetuosamente la impugnación general presentada oportunamente por la codemandada Powell».
Tanto el presidente Trump como la señora Powell forman parte de las 19 personas que recibieron cargos en su contra por parte de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, cuya oficina los acusó de violaciones de crimen organizado durante su actividad después de las elecciones de 2020. Todos se han declarado inocentes.
La semana pasada, la Sra. Powell —quien generó titulares en 2020 por sus predicciones de la demanda electoral «Kraken» —declaró en su moción para desestimar el caso que el estatuto de Georgia es vago en su aplicación actual por parte de la Oficina de la Fiscal de Distrito del Condado de Fulton.
«Si el estatuto RICO de Georgia alcanza la conducta alegada aquí, entonces es inconstitucionalmente vago. Ya, su aplicación se ha decidido necesariamente caso por caso», declararon los abogados de la Sra. Powell. «Esto ha permitido a la oficina de la fiscal de distrito tomar decisiones que alteran la vida de aquellos que imputa, cuando miles de personas caen dentro de la definición de RICO de los fiscales, aquí (…) el Estado incluso ha acusado el discurso y la conducta protegida por la Primera enmienda».
A la vez, argumentó la abogada, el estatuto RICO del estado, refiriéndose a la ley Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, no puede sobrevivir a una prueba constitucional si una corte «lee en él un elemento de ganancia financiera criminal para el individuo y la empresa, y la amenaza económica o física o de lesión». En caso contrario, permitiría «castigar la expresión y la conducta política protegidas desde hace mucho tiempo por la Primera enmienda», añaden los documentos de la corte.
La Sra. Powell y el abogado electoral Kenneth Chesebro, otro codemandado, solicitaron procedimientos acelerados y tienen programado ir a juicio el 23 de octubre. Ambos intentaron separar sus casos entre sí, mientras que ambos casos fueron separados de los otros 17 casos de los coacusados, incluido el del presidente Trump.
La semana pasada, el juez del condado de Fulton, Scott McAfee, desestimó un plan de la oficina de la Sra. Willis para juzgar a todos los coacusados al mismo tiempo. Según el cronograma de la señora Willis, su juicio comenzaría el próximo mes, pero el juez dijo que no es factible.
«Comenzando con las preocupaciones logísticas, la corte del condado de Fulton simplemente no cuenta con una sala lo suficientemente grande como para albergar a los 19 acusados, sus múltiples abogados y personal de apoyo, los ayudantes del sheriff, el personal de la corte y el equipo de fiscalía del estado», escribió el juez en su fallo. «La reubicación en otro lugar más grande plantea preocupaciones de seguridad que no pueden abordarse rápidamente».
La duración prevista del juicio también sería una cuestión importante, escribió el juez. Los fiscales dijeron que podría llevar hasta cuatro meses, pero en una audiencia anterior, el juez McAfee dijo que podría ser el doble.
«Nosotros debemos considerar los efectos en cadena de un juicio de varios acusados que durara meses en el sistema de justicia penal local, marginando a docenas de abogados defensores de manejar otros casos e impidiendo que esta Corte—y muy probablemente la mayoría de sus colegas—manejen el resto de la agenda», dijo el juez.
El juez McAfee también señaló que cinco coacusados actualmente buscan trasladar sus casos a una corte federal y que el litigio sobre el tema está en curso. Si logran adelantar sus juicios, no está claro cuál sería el impacto, escribió el Sr. McAfee.
El expresidente también enfrenta cargos estatales en la ciudad de Nueva York después de que el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, lo acusó de presuntamente falsificar registros comerciales en relación con las elecciones de 2016. A principios de este verano, los fiscales federales acusaron al presidente Trump por su presunto mal manejo de documentos clasificados después de que dejó la Casa Blanca y por sus acciones después de las elecciones de 2020.
En una presentación judicial a fines de la semana pasada, el equipo del fiscal especial Jack Smith presentó ante la corte documentos para imponer una orden de silencio al expresidente Trump para impedirle hacer declaraciones públicas sobre el caso de las elecciones de 2020. Durante el fin de semana, el Sr. Trump dijo que la medida es un intento del Sr. Smith de «eliminar» a un candidato líder de la oposición política.
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