Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron una apelación el lunes y solicitaron medidas cautelares, o una suspensión, justo una semana antes de que su primer caso penal fuera a juicio en Nueva York.
El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, está procesando al presidente Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un supuesto esquema de «pagos por silencio» para influir en las elecciones de 2016. El juez del Tribunal Supremo de Nueva York Juan Merchan, que preside el caso, ha criticado en más de una ocasión a la defensa por lo que ha descrito como intentos de retrasar el caso.
La defensa, de hecho, ha presentado una avalancha de mociones y cartas previas en los últimos días previos al caso, protestando por una orden de silencio y su ampliación, citando el cambio de circunstancias que justifican la destitución del juez y argumentando una defensa de inmunidad presidencial que pronto será revisada por la Corte Suprema de Estados Unidos.
También han argumentado que el caso no debería proceder bajo la mayor cobertura mediática que el primer juicio penal de la historia de un expresidente estadounidense está atrayendo actualmente, y presentaron resultados de encuestas que muestran un alto conocimiento del juicio entre los residentes del condado de Nueva York, argumentando que la defensa no puede sentar a un jurado imparcial en Nueva York.
El propio presidente Trump dijo, durante una rueda de prensa, que el caso no debería ir a juicio en plena temporada de elecciones presidenciales, lo que indica un recurso ante tribunales superiores.
Varias de estas mociones ya han sido rechazadas por el juez Merchan. El 3 de abril, rechazó una moción para aplazar el juicio hasta que el Tribunal Supremo haya revisado la defensa de la inmunidad presidencial y para celebrar una vista probatoria sobre la decisión del alto tribunal. El 1 de abril, el juez mantuvo y amplió la orden de silencio que había dictado para incluir a sus familiares y a los del fiscal del distrito. El 5 de abril, los fiscales se opusieron a la segunda solicitud de recusación de la defensa, y el juez tiene previsto emitir una decisión de forma inminente.
También el lunes, el tribunal emitió instrucciones de acceso a los medios para un juicio el 15 de abril horas después de que se presentara la apelación.
La fiscalía se ha opuesto a la apelación.
Reprogramación
El juez ya fue crítico con la defensa cuando hicieron algunas de estas peticiones verbalmente durante una conferencia de programación en febrero.
El presidente Trump se enfrenta a cuatro acusaciones penales en jurisdicciones separadas, y durante un tiempo, el fiscal del distrito indicó que este caso podría ser el último en ir a juicio, ya que los jueces federales comenzaron a programar juicios en 2024 que se habrían superpuesto con la fecha del juicio del 25 de marzo en Manhattan.
Sin embargo, uno de esos casos está ahora ante el Tribunal Supremo por la apelación de una moción de desestimación previa al juicio, y otro aún podría retrasarse ya que un juez federal encontró que el descubrimiento era más «voluminoso» de lo esperado. En febrero, el juez Merchan confirmó la fecha del juicio para el 25 de marzo. Semanas más tarde, los abogados federales produjeron un descubrimiento inesperado y de última hora de más de 100,000 páginas con respecto a un testigo clave para el equipo del presidente Trump.
La defensa solicitó 90 días para revisar el nuevo material, mientras que los fiscales ofrecieron 30, y el 25 de marzo, el juez reprogramó el juicio para comenzar con la selección del jurado el 15 de abril.
Al día siguiente, el juez Merchan emitió una orden de silencio sobre el presidente Trump, al considerar que el riesgo de que su discurso amenazara los procedimientos de un juicio justo era «primordial.»
Sin embargo, las órdenes de silencio no pueden prohibir a los acusados hablar sobre el propio tribunal, y un tribunal federal de apelaciones había dictaminado en otra orden de silencio sobre el presidente Trump que tampoco debían extenderse al fiscal principal.
Poco después de la orden, el presidente Trump acusó al juez de parcialidad política y mencionó a la hija del juez en las redes sociales.
En una solicitud de recusación el año pasado, los abogados defensores argumentaron que la hija del juez tenía un papel importante en una empresa de marketing político que contaba entre sus clientes a políticos que se habían presentado con mensajes anti-Trump.
El juez rechazó la moción sobre la base de que la defensa presentó situaciones hipotéticas, pero en una nueva moción de recusación la semana pasada, la defensa argumentó que la situación ya no era hipotética. Se refirieron a documentos que mostraban que grupos e individuos que habían pagado millones a la empresa de la hija del juez habían estado realizando campañas de recaudación de fondos que destacaban el caso Trump que el juez está presidiendo. Argumentaron que el juez tiene ahora un interés comercial en el caso y debe dimitir.
Los fiscales argumentaron que seguía siendo especulación que el juez se viera afectado por estos contratos o por los ingresos del bufete de su hija, y que no había base para la recusación del juez.
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