Los abogados del expresidente Donald Trump apelaron formalmente una sentencia por fraude civil dictada en Nueva York contra él y ejecutivos de The Trump Organization, en la que fueron condenados a pagar más de 450 millones de dólares.
«Esta apelación se interpone contra todas y cada una de las partes de la sentencia en la medida en que los demandados se vean perjudicados», dice la notificación de apelación presentada este lunes, en la que se señala que las penas en total suman más de USD 464 millones. El recurso se presentará ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York, División de Apelaciones, Primer Departamento.
La fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandó al presidente Trump y a otros ejecutivos de The Trump Organization por fraude. Tras un juicio de tres meses, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, declaró a todos los acusados responsables de siete demandas.
El caso se centró en las declaraciones anuales de la situación financiera de la Organización Trump. No se trató de documentos financieros oficiales, sino de piezas de marketing en las que los ejecutivos resumen los valores de los activos para llegar a una cifra total del patrimonio neto del presidente Trump. La corte concluyó que estas cifras se inflaron sistemáticamente y que el uso de estos valores inflados en las operaciones defraudó a los bancos y aseguradoras, haciéndolas asumir riesgos indebidos.
Los abogados defensores sostienen que no hubo perjuicio para ninguna de las partes ni hubo víctimas en el caso. Los representantes del Deutsche Bank y del Zurich Insurance Group testificaron que ellos hicieron sus propios análisis al hacer negocios con la Organización Trump.
Sanciones
Las sanciones incluyen una multa aplicada contra el presidente Trump de USD 355 millones en concepto de degorgement, o recuperación de ganancias mal habidas, más otros USD 4 millones para Donald Trump Jr. y Eric Trump, y una multa de USD 1 millón para el director financiero de la Organización Trump, Allen Weisselberg. Las sanciones están sujetas a un interés del 9% y se han retrocedido en función de la entidad de que se trate.
A la organización también se le asignó la supervisión continua de un tercero, la exjueza Barbara Jones, y un responsable de cumplimiento de riesgos, cuyos informes a la corte pueden dar lugar a sanciones adicionales, incluida la cancelación de los certificados comerciales.
Al Sr. Weisselberg y el excontralor de la Organización Trump, Jeffrey McConney, a su vez se les prohibió permanentemente hacer negocios en la industria, mientras que al presidente Trump se le aplicó una prohibición de tres años. A Eric Trump y Donald Trump. A Jr se les prohibió ocupar puestos ejecutivos durante dos años.
¿Una “táctica de miedo” de USD 400 millones?
Para apelar, el presidente Trump necesita pagar un depósito o fianza de USD 400 millones, que cubre el costo de sus sanciones, incluidos los intereses, en una cuenta de depósito en garantía.
El mes pasado, la abogada del presidente Trump, Alina Habba, dijo a Fox News que “no era coincidencia” que la corte ordenara una fianza tan cuantiosa, pero que era una cantidad que él estaba preparado a pagar.
“Lo que ellos están tratando de hacer entre este caso, [y] mi último caso, es poner a [Trump] fuera de los negocios”, dijo la Sra. Habba. “Esto no va a funcionar, número uno. Número dos, lo que ellos están haciendo es una táctica de miedo. Desafortunadamente, ellos eligieron al tipo equivocado, en mi opinión, porque es fuerte, resistente y resulta que tiene mucho dinero en efectivo”.
No mucho antes de que se emitiera el veredicto de fraude, al presidente Trump se le ordenó pagar USD 83 millones en otro juicio civil. La escritora E. Jean Carroll acusó al expresidente de difamarla cuando respondió a sus acusaciones de que la agredió sexualmente en la década de 1990, y un jurado determinó el monto de la pena después de un breve juicio en enero.
El jurista Jonathan Turley señaló que la norma de depósito “magnifica la injusticia de esta ley de Nueva York que no exige que nadie pierda dinero para reclamar cientos de millones a una empresa”.
Él es uno de los muchos críticos que cuestionaron el duro veredicto contra el presidente Trump en un caso que no nombró víctimas. El fallo, incluso, llevó a la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, a tranquilizar a las empresas para que permanezcan en el estado.
«Esta es realmente una situación extraordinariamente inusual en la que los neoyorquinos respetuosos de la ley y de las reglas, que son empresarios, no tienen nada de que preocuparse porque son muy diferentes de Donald Trump y su comportamiento», dijo la gobernadora en la radio WABC 770.
El Sr. Turley declaró que la tranquilidad equivalía esencialmente a “estás bien siempre y cuando no seas Trump”, pero que la confianza en la objetividad de las normas jurídicas y comerciales de Nueva York se ha visto afectada. «Letitia James es ahora la cara del derecho corporativo de Nueva York».
Los críticos del veredicto sopesaron las penas como excesivas, tras lo cual el presidente Trump posteó una captura de pantalla en las redes sociales sobre la Octava enmienda, diciendo que “no se exigirán fianzas excesivas, ni se impondrán multas excesivas, ni se infligirán castigos crueles e inusuales”.
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