El presidente Donald Trump presentó una notificación de traslado para mover la causa contra él y 18 coacusados del condado de Fulton a una corte federal.
«Por la presente, el presidente Trump notifica a la corte que puede solicitar el traslado de su procesamiento a una corte federal en virtud de los artículos 1442 y 1445 del Título 28 del Código de los Estados Unidos. Su renuncia escrita a la lectura de cargos se presentó el 31 de agosto de 2013. Para llegar a tiempo, su notificación de traslado debe presentarse en el plazo de 30 días desde la lectura de cargos», escribió Steven Sadow, abogado principal del presidente Trump en el caso de Georgia, en un escrito presentado el 7 de septiembre.
La fiscal del condado de Fulton, Fani Willis, había presentado la demanda contra los 19 acusados, alegando que su impugnación de los resultados de las elecciones de 2020 constituía una «empresa de asociación criminal». Otros cuatro acusados ya han presentado notificaciones de este tipo.
El siguiente paso es que se celebre una audiencia probatoria en la corte federal, donde el juez de distrito Steve Jones decidirá qué parte de cada caso puede devolverse, o trasladarse, a la corte estatal. El juez también puede desestimar totalmente el traslado, devolviendo el caso a la corte estatal sin audiencia.
5 Notificaciones
Otros cuatro acusados ya han trasladado sus casos: Mark Meadows, exjefe de gabinete del presidente; Jeffrey Clark, exfuncionario del Departamento de Justicia bajo la Administración Trump; y David Shafer y Shawn Still, ambos electores suplentes que argumentan que sus funciones, legitimadas por el Congreso, pueden considerarse cargos federales, pero que como mínimo actuaban bajo la dirección de funcionarios federales.
La Constitución de EE. UU. establece que la ley federal precede a la ley y las cortes estatales, y en las sentencias judiciales esto ha significado que los funcionarios federales no están sujetos a la ley estatal antes de actuar y no pueden ser juzgados en una corte estatal.
Puede haber varias razones para retirar el caso, incluida su desestimación total, como han argumentado algunos de los abogados de los acusados.
Primera audiencia
El 28 de agosto, el juez Jones celebró una audiencia sobre el traslado del Sr. Meadows.
La fiscalía también había citado a varios testigos para que declarasen en la audiencia con el fin de argumentar que el caso no debía trasladarse fuera de la jurisdicción estatal, lo que convirtió la audiencia inicial en un minijuicio.
Era la primera vez que se presentaban argumentos jurídicos ante una corte en relación con la impugnación de las elecciones de 2020, por la que el presidente Trump también ha sido acusado ante una corte federal de Washington.
El Sr. Meadows argumentó que era inmune a estos cargos estatales, mientras que la fiscalía alegó que sus acciones en la imputación no eran propias de un funcionario federal.
La audiencia, que duró todo el día, terminó sin un fallo; el juez Jones pidió a ambas partes que presentaran argumentos adicionales para aclarar algunos puntos. Si sólo una de las acciones de las que se acusa al Sr. Meadows se llevó a cabo como funcionario federal, ¿sería suficiente para desestimar el caso? Ambas partes presentaron sus argumentos a finales del 31 de agosto, con la defensa argumentando que los precedentes han demostrado que es más que suficiente, y la fiscalía argumentando en contra.
El juez aún no se ha pronunciado sobre el caso del Sr. Meadows, pero ha programado una segunda audiencia probatoria sobre la retirada del caso del Sr. Clark para el 18 de septiembre.
La oficina de la Sra. Willis tiene hasta el 8 de septiembre para presentar una respuesta al caso del Sr. Clark, después de que se le concediera una prórroga desde el 5 de septiembre.
El caso del Sr. Clark puede resultar más sencillo que el del Sr. Meadows; la imputación sólo hace referencia a un acto del Sr. Clark a lo largo de los diversos actos y cargos.
Durante su cargo, el Sr. Clark emitió una declaración del Departamento de Justicia en la que afirmaba que la agencia había «identificado problemas significativos que pueden haber influido en el resultado de las elecciones en varios Estados, incluido el Estado de Georgia». Hizo que otros funcionarios del DOJ firmaran la declaración, y la hizo llegar a los funcionarios electorales de Georgia.
A todos los acusados se les imputaron cargos de asociación ilícita según la ley estatal RICO, o Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Chantaje. El Sr. Clark fue acusado además de un cargo de tentativa delictiva de cometer declaraciones y escritos falsos, en referencia a dicha declaración. El Sr. Meadows fue acusado además de solicitud de violación del juramento por funcionario público, en referencia a su organización de una llamada entre el Presidente Trump y el Secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.
La imputación también cita varias acciones del Sr. Meadows, como concertar y asistir a reuniones con el presidente o en su nombre. La corte federal se encuentra ahora en proceso de dictaminar si estas acciones fueron llevadas a cabo por el Sr. Meadows actuando a título oficial, y si esto es así sólo en algunos de los casos, pero no en todos, si algunos, ninguno o todos los casos deben juzgarse en una corte federal en lugar de en una corte estatal.
Complicaciones
Estos traslados han complicado el caso que la Sra. Willis pretendía juzgar una sola vez, con los 19 acusados juntos. Inicialmente propuso un calendario de seis meses, comenzando el juicio el 4 de marzo de 2024. Tras la petición de un acusado de un juicio rápido, propuso juzgar a los 19 acusados juntos el 23 de octubre, en menos de dos meses.
Como se trata de un caso RICO, los fiscales tendrán que presentar todo el caso, incluidas todas las pruebas y los 150 testigos estimados, tanto si lo juzgan contra uno, dos o 19 de los coacusados.
«Las pruebas contra uno son pruebas contra todos», dijo Nathan Wade, fiscal especial de Georgia, durante la audiencia que el juez Scott McAfee celebró el 7 de septiembre, en relación con dos acusados que han pedido separar sus casos al mismo tiempo que exigen un juicio rápido.
El juez planteó la cuestión de que una sentencia en una corte estatal podría ser discutible si uno o varios de los acusados consiguen llevar sus casos a una corte federal.
Mostró escepticismo ante el calendario de cuatro meses de la fiscalía para los juicios.
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