Los abogados del expresidente Donald Trump argumentaron el jueves en la corte que su caso de documentos clasificados en Florida debería ser desestimado porque él tiene una inmunidad presidencial que debería protegerlo de ser enjuiciado.
En cuatro mociones para desestimar la imputación en su contra ante la jueza de distrito Aileen Cannon, sus abogados escribieron que el caso debería ser desestimado y que él debería estar protegido de un proceso penal porque tiene inmunidad presidencial.
Como comandante en jefe, el presidente Trump tenía «discreción inapelable» sobre los registros clasificados en cuestión, escribieron los abogados. También argumentaron que bajo la Ley de Registros Presidenciales, él podría designar cualquier documento del gobierno como su propio registro personal.
Citando la imputación en la que el equipo del abogado especial Jack Smith escribió, que la «‘génesis’ de este caso se remonta al menos a ‘la cola de la propia Administración Trump'», ellos escribieron que el caso debería ser declarado nulo, que la imputación «deja claro que esta decisión y el transporte relacionado de registros ocurrieron mientras el presidente Trump todavía estaba en el cargo». Más adelante, argumentaron que otros presidentes que se remontan a George Washington trataron sus documentos presidenciales como su propiedad personal.
«El presidente Trump ejerció una autoridad ejecutiva del Artículo II virtualmente inapelable para designar los registros como personales cuando, como se alega en la Acusación Supersediente, ‘causó’ que los materiales fueran transportados fuera de la Casa Blanca mientras aún estaba en el cargo», dijeron sus abogados, y agregaron que el aún era presidente cuando «muchos de los documentos en cuestión fueron empacados (presumiblemente por la [Administración de Servicios Generales), transportados y entregados a Mar-A-Lago».
Inmunidad presidencial
En la otra moción, el expresidente argumentó que dejó la Casa Blanca el 20 de enero de 2021, y se alega que tomó estas decisiones relativas a los documentos clasificados mientras aún era presidente y, por lo tanto, goza de inmunidad judicial.
«La inmunidad presidencial de enjuiciamiento penal por actos oficiales se apoya directamente en el texto de la Constitución, ya que la Cláusula de impeachment establece que un presidente no puede ser enjuiciado penalmente a menos que primero sea acusado y condenado por el Senado de los Estados Unidos”, escribieron los abogados.
“Sin inmunidad de procesamiento penal, los oponentes políticos del presidente buscarían influir y controlar sus decisiones mediante la extorsión o el chantaje de facto con la amenaza, explícita o implícita, de ser acusados por una futura Administración hostil, por actos que no justifica tal procesamiento”.
Los abogados del presidente Trump en su caso electoral en Washington presentaron argumentos similares en dos tribunales. La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó recientemente tales afirmaciones. Su equipo apeló esa orden ante la Corte Suprema de Estados Unidos a principios de este mes.
Nombramiento
Los abogados escribieron que el nombramiento del fiscal especial Jack Smith por parte del Departamento de Justicia es un “problema grave”, lo que sugiere que fue nombrado indebidamente para el puesto en su caso de documentos federales clasificados.
La moción separada presentada a la jueza Cannon afirma que el nombramiento del Sr. Smith por parte del fiscal general Merrick Garland a finales de 2022 era inconstitucional porque el Senado no confirmó su nombramiento, argumentando que este hecho viola la Cláusula de Nombramientos y la Cláusula de Apropiaciones de la Constitución.
Su nombramiento es un “problema grave para el Estado de derecho, independientemente de lo que uno pueda pensar sobre el expresidente Trump o la conducta que Smith cuestiona en el caso subyacente”, se lee en el expediente.
La Cláusula de Nombramientos, que permite al presidente nominar funcionarios públicos con la confirmación del Senado, “no permite al Fiscal General nombrar, sin la confirmación del Senado, a un ciudadano privado y un aliado político de ideas afines para ejercer el poder de enjuiciamiento de Estados Unidos”, dijeron los abogados del presidente Trump. «Como tal, Jack Smith carece de autoridad para procesar esta acción».
El papel del Sr. Smith no fue establecido por la ley «bajo la Cláusula de Nombramientos», argumentaron los abogados, y la «autoridad que intenta emplear como Abogado Especial excede con creces el poder ejercible por un funcionario no superior, autoridad que el Congreso respecto a el no cubre».
«Por lo tanto», agregaron sus abogados, «cualquier acción tomada por el Sr. Smith es ultra vires y la acusación sustitutiva debe ser desestimada».
En otra sección, ellos estipularon además que los gastos del Sr. Smith no son parte del presupuesto del Departamento de Justicia, sino que están siendo financiados por la administración Biden “a través de la asignación permanente indefinida que solo está disponible para los ‘abogados independientes’ designados de conformidad con la Ley de Abogados Independientes u ‘otra ley’”.
En junio pasado, el presidente Trump se declaró inocente de docenas de cargos criminales en relación con el caso, después de que los fiscales federales afirmaran que no devolvió documentos clasificados que tenía en su resort Mar-a-Lago en Florida. Antes de su acusación, su residencia de Florida fue allanada por agentes del FBI en un incidente sin precedentes, hecho que el expresidente describió como motivado políticamente.
Una acusación formal sustitutiva presentada por Smith acusó al presidente Trump, al asistente Walt Nauta y al miembro del personal de Mar-a-Lago, Carlos De Oliveira, de múltiples cargos de obstrucción, sosteniendo que él intentó eliminar imágenes de vigilancia en 2022.
En 2022, el fiscal Garland dijo que tenía la autoridad para nombrarlo abogado especial en dos casos contra el presidente Trump porque es él es el fiscal general, y señaló una ley que le permitía nombrar funcionarios para dirigir las investigaciones.
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