El presidente Donald Trump firmó el domingo por la noche el proyecto de ley de 2.3 billones de dólares para el alivio de la pandemia y otros gastos tras llegar a un acuerdo con el Congreso sobre los cheques de estímulo, la Sección 230 y el fraude electoral, dijo la Casa Blanca.
La firma del proyecto de ley por parte de Trump, que incluye un paquete de ayuda de 900,000 millones de dólares para la COVID-19, significa que se evita un cierre parcial del gobierno, y que la ayuda financiera para los estadounidenses será enviada.
«Como presidente de Estados Unidos, es mi responsabilidad proteger al pueblo de nuestro país de la devastación económica y las dificultades que causó el virus de China», dijo Trump en un comunicado.
«He firmado este proyecto de ley para restaurar las prestaciones por desempleo, detener los desalojos, proporcionar asistencia para el alquiler, añadir dinero para el PPP, devolver a nuestros trabajadores de las aerolíneas a sus puestos de trabajo, añadir sustancialmente más dinero para la distribución de vacunas, y mucho más».
Añadió que «más dinero viene» y prometió «nunca abandonar» su lucha por el pueblo americano.
Esto se produce tras un retraso inducido por la incapacidad del Congreso para cumplir con la demanda de Trump de aumentar los cheques de estímulo de 600 a 2000 dólares por persona. Trump había expresado repetidamente su insatisfacción por lo que describió como un gasto «despilfarrador» en el proyecto de ley mientras los estadounidenses siguen teniendo dificultades debido a los cierres por pandemia.
Aunque el proyecto de ley, aprobado por ambas cámaras del Congreso hace unos días, fue enviado a la Casa Blanca en Nochebuena, Trump no lo firmó inmediatamente, sino que renovó su presión sobre los legisladores para que revisaran partes del proyecto de ley general y aumentaran los pagos directos a los estadounidenses.
El presidente dijo el domingo que junto con la firma del proyecto de ley, invocará la Ley de Control de Embargos de 1974 para exigir que se hagan «rescisiones» a ciertas partidas de gasto. Según esta ley, si el presidente quiere gastar menos dinero del que el Congreso ha previsto para un programa en particular, puede buscar la aprobación del Congreso para rescindirlo enviando un mensaje especial al Congreso identificando la cantidad que propone rescindir, las razones para ello y los efectos económicos de la rescisión.
«Firmaré el paquete de gastos varios y COVID con un fuerte mensaje que deje claro al Congreso que hay que eliminar los elementos de desperdicio. Enviaré al Congreso una versión en rojo, artículo por artículo, acompañada de la solicitud formal de rescisión al Congreso insistiendo en que esos fondos sean eliminados del proyecto de ley», dijo.
Trump también señaló que la Cámara de Representantes votará el lunes para aumentar los pagos directos a 2000 dólares por persona, y a 5200 dólares para una familia de cuatro personas, y que el Senado también iniciará el proceso de votación.
La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, instó al presidente a «pedir inmediatamente» a los legisladores republicanos que dejen de bloquear la legislación para aumentar los cheques de pago directo. Pero su comunicado guardó silencio sobre las acciones relacionadas con el supuesto fraude electoral y las protecciones legales bajo la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996 para las empresas de internet que se han dedicado a la censura o a la conducta política.
Trump dijo que el Congreso ha prometido revisar la ley, que en gran medida exime a las plataformas en internet de la responsabilidad por el contenido publicado por sus usuarios, aunque pueden ser consideradas responsables por el contenido que viola las leyes contra el tráfico sexual o de propiedad intelectual.
La Sección 230 actualmente permite a las compañías bloquear o filtrar contenido «de buena fe» si lo consideran «obsceno, indecente, exagerado, sucio, excesivamente violento, acosador o de alguna otra manera objetable».
Trump y su administración han recalcado repetidamente los riesgos de un control policial desequilibrado del contenido de los usuarios en las plataformas de redes sociales, afirmando que muchas grandes empresas tecnológicas están adoptando una conducta que limita los puntos de vista conservadores y reprime la libertad de expresión. El presidente ha instado al Congreso a reducir las protecciones de responsabilidad y llegó a vetar un proyecto de ley de gastos de defensa por la incapacidad de los legisladores para hacerlo.
«El Congreso ha prometido que la Sección 230, que tan injustamente beneficia a las grandes empresas tecnológicas a expensas del pueblo americano, será revisada y derogada o reformada sustancialmente», dijo. «¡Las grandes empresas tecnológicas no deben obtener las protecciones de la Sección 230!»
Por otro lado, Trump también dijo que ambas cámaras del Congreso acordaron «enfocarse firmemente» en la gran cantidad de evidencia de irregularidades en el proceso electoral que supuestamente ocurrieron durante las elecciones presidenciales de 2020. El presidente señaló que el Senado iniciará ahora «una investigación sobre el fraude electoral».
El líder de la mayoría del Senado Mitch McConnell (R-Ky.) elogió la decisión de Trump de firmar el proyecto de ley en un comunicado. Él, al igual que Pelosi, no mencionó votar para aumentar los cheques, para la Sección 230 o para el fraude electoral.
El presidente y su equipo legal están luchando contrarreloj para conseguir un dictamen de los tribunales sobre las crecientes pruebas que dicen que plantean dudas sobre si las elecciones de 2020 se vieron empañadas por el fraude y los cambios inconstitucionales de última hora en las normas debido a las medidas introducidas durante la pandemia. Si es así, el presidente pretende invalidar los votos y permitir que las legislaturas estatales decidan qué votos del Colegio Electoral deben ser contados el 6 de enero durante la sesión conjunta del Congreso.
Trump también ha exigido que los senadores republicanos «den un paso adelante y luchen por la presidencia» mientras los legisladores sopesan la posibilidad de participar en un plan propuesto para desafiar los votos del Colegio Electoral el 6 de enero.
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