Las declaraciones de apertura del primer caso penal contra el expresidente Donald Trump que irá a juicio están programadas para el lunes 22 de abril por la mañana en el centro de Manhattan. El expresidente se enfrenta a un total de 88 cargos penales en cuatro acusaciones, tres menos después de que un juez de Georgia eliminara varios cargos de una acusación de chantaje hace semanas.
La selección del jurado concluyó el viernes, con 12 miembros y seis suplentes.
Después de las declaraciones iniciales, el juez del Tribunal Supremo de Nueva York Juan Merchan ha programado una audiencia para el martes sobre las acusaciones de que el presidente Trump violó su orden de silencio al referirse y publicar enlaces a comentarios sobre testigos clave en el caso. También se espera que en los próximos días el juez Merchan se pronuncie sobre si los fiscales podrán interrogar al presidente Trump sobre sus recientes casos civiles que le declararon responsable de fraude, agresión sexual y difamación.
El caso de la fiscalía
El fiscal del distrito de Manhattan ha acusado al presidente Trump de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, alegando que esto se hizo con el fin de encubrir pagos de sobornos para acabar con noticias negativas durante el ciclo electoral de 2016.
El presunto encubrimiento eleva los cargos de delito menor a un delito grave de clase baja, algo que rara vez se hace, pero podría resultar en tiempo de cárcel.
«El acusado, en el condado de Nueva York y en otros lugares, en o alrededor del 14 de febrero de 2017, con la intención de defraudar y la intención de cometer otro delito y ayudar y ocultar la comisión del mismo, hizo y causó una entrada falsa en los registros comerciales de una empresa, a saber, una factura de Michael Cohen fechada el 14 de febrero de 2017, marcada como un registro del Donald J. Trump Revocable Trust, y guardada y mantenida por la Organización Trump», dice la acusación, enumerando varios números de cheques que supuestamente fueron falsificados.
El señor Cohen es un testigo clave en el caso, ya que ha afirmado públicamente que recibió USD 130,000 del fideicomiso Trump como pago por un soborno realizado a Stephanie Clifford, y artista para adultos más conocida por su nombre artístico, Stormy Daniels, para evitar que acudiera a la prensa con la historia de un supuesto romance con Donald Trump.
La Sra. Clifford había publicado una declaración negando el romance, del que más tarde se retractó diciendo que solo lo había hecho porque creía erróneamente que un acuerdo de no divulgación que firmó se lo exigía.
Los fiscales pueden argumentar que el presidente Trump presionó a estos dos testigos para mantener en secreto la supuesta trama.
También presentarán pruebas para su afirmación diciendo que la exmodelo de Playboy Karen McDougal también tuvo una aventura con Donald Trump, y que la empresa matriz del National Enquirer compró los derechos de su historia en 2016 solo para nunca publicarla debido a un acuerdo con el entonces candidato Trump. En otros casos, se pagaron USD 180,000 dólares a American Media Inc. para comprar y «matar» otras dos historias de amoríos.
No hay cargos relacionados con estos eventos, pero los fiscales argumentarán que establece que el supuesto esquema estaba en su lugar y que no era una sola vez.
El señor Cohen alega que le habían pagado más de USD 400,000 para encubrir esas historias.
Defensa
Los abogados defensores argumentan que los pagos al señor Cohen fueron honorarios de retención, y el presidente Trump se ha declarado inocente de los 34 cargos y mantiene que no hizo nada malo.
Cuando se le preguntó si subiría al estrado a pesar de que eso permitiría a los fiscales preguntarle sobre los recientes casos civiles que lo declararon responsable de fraude, agresión sexual y difamación, dio a los periodistas un rotundo «¡sí!» y añadió que los casos en su contra no tenían mérito legal.
Aunque se ha impedido a la defensa argumentar que el momento de este caso es sospechoso, como ha hecho el presidente Trump en declaraciones públicas, tratarán de desacreditar al Sr. Cohen y, por tanto, las demandas que constituyen la base del caso.
El Sr. Cohen ha hecho anteriormente declaraciones incoherentes relacionadas con sus afirmaciones sobre el presidente Trump, su antiguo empleador, aunque las afirmaciones han dado lugar a dos casos separados.
En 2018, cuando el Sr. Cohen se declaró culpable de violar la ley de financiamiento de campañas, afirmó que realizó los supuestos pagos de sobornos por indicación del presidente Trump y que había sido reembolsado por ellos. Por separado, emitió una declaración en la que decía que hizo esos pagos de su bolsillo, que no eran contribuciones de campaña y que la Organización Trump no era parte de la transacción.
El año pasado, durante un juicio civil por fraude contra el presidente Trump, el Sr. Cohen abrió su testimonio declarando que había mentido al juez federal cuando aceptó ese acuerdo de culpabilidad, que incluía cargos relacionados con la evasión de impuestos. Durante su día y medio de testimonio, dio marcha atrás varias veces y se mostró evasivo hasta el punto de frustrar al juez.
¿Un jurado imparcial?
Un abogado de Trump dijo el domingo que si el tribunal realmente ha sentado a un «jurado imparcial», el presidente Trump vería una absolución.
Will Scharf describió el caso como «escandaloso» en una aparición en «Fox and Friends», argumentando que mostraba la «politización de nuestro sistema de aplicación de la ley en los tribunales bajo la administración Biden».
«Creo que cualquier jurado justo e imparcial vería a través de todo el sensacionalismo y toda la cobertura de los medios de comunicación y se sentiría obligado a votar por la absolución, y esperamos que eso sea lo que ocurra en Nueva York», dijo Scharf.
Durante la semana pasada, los posibles miembros del jurado que no pidieron ser excusados desde el principio afirmaron en repetidas ocasiones que podían ser «justos e imparciales» cuando fueron interrogados por los abogados de la acusación y la defensa. Sin embargo, varios de ellos fueron descartados cuando los abogados encontraron publicaciones en las redes sociales o registros que ponían en duda su credibilidad y honestidad, aunque cada parte solo tenía derecho a 10 exclusiones.
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