Los abogados del expresidente Donald Trump han planteado una defensa de inmunidad presidencial en el caso penal en Nueva York, presentando una moción para excluir ciertas pruebas en el caso y aplazar el juicio mientras la Corte Suprema escucha los argumentos sobre la defensa de inmunidad presidencial del presidente Trump en un caso penal separado.
El presidente Trump ha sido acusado en cuatro jurisdicciones distintas con 91 cargos y ha planteado la inmunidad presidencial como defensa en varias ocasiones.
En Nueva York, donde irá a juicio el 25 de marzo, fue acusado de 34 cargos de falsificación de registros comerciales. En Washington, D.C., fue acusado de cuatro cargos de obstrucción y conspiración por sus acciones el 6 de enero de 2021, y el caso ha sido apelado hasta el tribunal superior.
La Corte Suprema ha fijado sus argumentos para el 25 de abril, y los abogados defensores en Nueva York dicen que el juicio del 25 de marzo debería posponerse hasta que el tribunal superior emita una decisión.
La defensa también argumentó que los fiscales de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no deberían poder utilizar pruebas de la época del mandato del presidente Trump.
“La corte debe impedir que el Pueblo ofrezca pruebas en el juicio sobre los actos oficiales del presidente Trump como comandante en jefe», se lee en una presentación judicial del 7 de marzo hecha pública de forma redactada el 11 de marzo.
Declaraciones de 2018
Los fiscales han argumentado que se les debería permitir presentar pruebas de una “campaña de presión” que el presidente Trump supuestamente inició en 2018 contra Michael Cohen, que la defensa describió como “ficticia”.
El Sr. Cohen fue anteriormente el abogado personal del presidente Trump y ocupó un puesto ejecutivo en la Organización Trump, pero luego se convirtió en un crítico abierto de su exjefe e hizo varias afirmaciones públicas, lo que dio lugar a dos investigaciones.
El Sr. Cohen había afirmado que el presidente Trump infló su patrimonio neto para obtener mejores acuerdos comerciales, lo que llevó a una investigación de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que resultó en una demanda civil por fraude. Un juez de Nueva York emitió recientemente una sentencia que le exige al presidente Trump pagar más de 350 millones de dólares en multas. El presidente Trump ahora está apelando la decisión.
Cohen también había afirmado que el entonces candidato Trump le pidió que le pagara a una actriz adulta, que alegaba una aventura, para evitar la prensa negativa durante su campaña de 2016. La investigación de Bragg resultó en una acusación formal contra el presidente Trump solo por “falsificar documentos comerciales”, pero en declaraciones y documentos judiciales ha presentado el caso como uno sobre integridad electoral.
Con base en los documentos judiciales de los fiscales, utilizarán declaraciones públicas y publicaciones de Twitter que el presidente Trump hizo en 2017 y 2018 como evidencia de las acusaciones de que el presidente Trump “presionó” a Cohen para que guardara silencio.
La declaración incluye publicaciones en Twitter sobre Cohen negándose a “romper” e “inventar historias” para obtener un acuerdo de culpabilidad. En ese momento, Cohen todavía era el abogado del presidente Trump para asuntos personales, y el presidente Trump había dado declaraciones a los medios refutando las afirmaciones de que había utilizado dinero de campaña para acallar una noticia.
Dado el cronograma, las declaraciones se habrían hecho en la “capacidad oficial del presidente Trump como director ejecutivo de la nación”, dice la moción, y pidieron al tribunal que las prohibiera.
También argumentaron que los fiscales han sido vagos en cuanto a las declaraciones que quieren utilizar, y la defensa necesita «una notificación suficientemente específica de la naturaleza y el alcance de esas pruebas para permitirle al presidente Trump o al Tribunal distinguir entre actos personales y oficiales», citando una orden judicial reciente en un caso civil federal que declaró que era necesario dar al presidente Trump «todas las oportunidades» para presentar una defensa de inmunidad presidencial.
Territorio legal inexplorado
Los parámetros de la inmunidad presidencial del presidente Trump ya se han debatido en varias jurisdicciones, tanto civiles como penales, y pronto serán escuchados en la Corte Suprema.
«Esta área del derecho está evolucionando en tiempo real», argumentaron los abogados de Trump en Nueva York.
La Corte Suprema limitó su revisión a la cuestión de “si, y en qué medida, un expresidente disfruta de inmunidad presidencial frente a un proceso penal por conductas que presuntamente involucran actos oficiales durante su mandato”.
Los precedentes de la Corte Suprema establecen la inmunidad presidencial frente a demandas civiles, pero el tribunal no había abordado previamente la inmunidad presidencial en procesos penales. Es probable que una decisión de la Corte Suprema afecte los cuatro casos penales del presidente Trump.
Una cuestión secundaria es la línea entre los actos personales y oficiales durante el mandato del presidente Trump, y una posible separación de las acciones por las que puede ser procesado y las acciones cubiertas por la inmunidad presidencial. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó recientemente que varios casos civiles relacionados con el 6 de enero de 2021 contra el presidente Trump podrían seguir adelante, al considerar que las acciones citaban actos personales de un candidato en lugar de actos oficiales de un presidente. La cuestión de si esta inmunidad se aplica a los expresidentes también es un territorio nuevo.
La decisión del tribunal superior informaría y potencialmente limitaría las pruebas permitidas en el caso de Nueva York, dijeron los abogados defensores.
“Siguiendo la orientación de la Corte Suprema, y de conformidad con la prisión preventiva en Blassingame [caso civil contra el presidente Trump], la Corte debe celebrar una audiencia fuera de la presencia del jurado para identificar y descartar pruebas documentales y testimoniales de actos oficiales basadas en la inmunidad presidencial”, dice la moción.
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