El presidente Donald Trump sugirió el 6 de septiembre que podría desclasificar más documentos para identificar la corrupción, una medida apoyada por miembros del Cónclave de Libertad de la Cámara de Representantes (House Freedom Caucus) y otros legisladores que realizaron una conferencia de prensa el mismo día pidiendo al presidente que hiciera precisamente eso.
“El Estado Profundo y la izquierda, y su vehículo, los medios de comunicación con noticias falsas, se están volviendo locos y no saben qué hacer”, escribió Trump en un tuit. “La economía está en auge como nunca antes, el empleo está en máximos históricos, pronto otros DOS jueces de la Corte Suprema, tal vez hagan la desclasificación para encontrar más corrupción. ¡Vaya!”.
The Deep State and the Left, and their vehicle, the Fake News Media, are going Crazy – & they don’t know what to do. The Economy is booming like never before, Jobs are at Historic Highs, soon TWO Supreme Court Justices & maybe Declassification to find Additional Corruption. Wow!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de septiembre de 2018
El 4 de septiembre, Trump le dijo a The Daily Caller que está estudiando la desclasificación de una o más órdenes judiciales de espionaje utilizadas contra su equipo de campaña presidencial.
“Lo estamos analizando muy seriamente ahora mismo, porque las cosas que sucedieron son tan malas, tan malas. Quiero decir que estaban vigilando mi campaña. Si eso hubiera sucedido en el otro bando, lo habrían considerado traición. Lo habrían considerado como espionaje al más alto nivel”, apuntó.
“¿Se imaginan si le hiciéramos eso a Obama en vez de que Obama y su gente nos lo hiciera a nosotros? Todo el mundo habría estado en la cárcel durante los próximos 500 años”.
Problemas con FISA
Como anteriormente describió La Gran Época, el FBI bajo la administración de Obama realizó una extensa operación de espionaje contra la campaña de Trump.
Una parte consistió en una orden de espionaje presentada en octubre de 2016 ante el tribunal FISA en virtud de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, contra el exasesor de campaña de Trump, Carter Page.
Trump, que tiene pleno acceso a los documentos clasificados, declaró en reiteradas ocasiones que su campaña fue espiada.
Aunque la sección relativa al alcance de la orden judicial FISA todavía está clasificada, Trump podría estar refiriéndose a la “regla de los dos saltos” de la NSA, que permitiría al FBI acceder no solo a las comunicaciones electrónicas de Page sino también a los metadatos, incluidos los registros telefónicos de todas las personas con las que estuvo en contacto y de todas las personas en contacto con cada una de ellas, remontándose a 18 meses atrás. Eso probablemente involucraría a muchos, sino a todos, los que formaron parte de la campaña de Trump.
La orden se basaba en gran medida en el infame Expediente Steele, una recopilación de acusaciones no comprobadas de que Trump y su campaña electoral tenían vínculos con Rusia.
La producción del expediente fue financiada por la campaña de la oponente de Trump por ese entonces, Hillary Clinton, y el Comité Nacional Demócrata (DNC) a través de la firma de investigación opositora Fusion GPS.
En 2016 la firma contrató al menos a dos personas para trabajar en el proyecto: el exespía británico Christopher Steele y a Nellie Ohr, esposa del entonces fiscal general adjunto, Bruce Ohr.
La orden judicial, que fue revalidada tres veces en intervalos de 90 días, nunca mencionó que la esposa de Ohr trabajaba para Fusion GPS, que Clinton y el DNC pagaron por el expediente, ni que Steele albergaba una intensa animosidad contra Trump.
Steele consiguió las acusaciones formuladas en el expediente, de fuentes de segunda y tercera mano vinculadas con el Kremlin. Según las anotaciones de Bruce Ohr, la mayor parte del contenido provenía de un agente de inteligencia ruso que vivía en Estados Unidos. Ohr luego las canalizaba al FBI.
Es sabido que Rusia ha estado intentando entrometerse en el sistema político de los Estados Unidos al menos desde los años sesenta mediante el uso de la desinformación, un método que consiste en alimentar con pruebas falsas o engañosas a fuentes legítimas, que luego difunden las falsedades al tiempo que les otorgan credibilidad.
El 21 de julio se publicó una versión fuertemente editada de los documentos de la orden judicial de FISA (pdf).
¿A fines de la semana?
“Numerosas fuentes” informaron a SaraACarter.com que se espera que Trump desclasifique más de 20 páginas editadas de la última versión revalidada de la orden judicial FISA. Esas páginas revelan, según varios legisladores republicanos, que las principales figuras del FBI y del Departamento de Justicia no revelaron información crítica al tribunal FISA.
“[Trump] siempre puede cambiar de opinión y no hay garantía de que suceda, pero hay indicios de que posiblemente suceda antes de que termine esta semana”, informó un funcionario estadounidense no nombrado al sitio de noticias.
Varios miembros del Comité de Libertad de la Cámara de Representantes, Jim Jordan republicano por Ohio, Mark Meadows republicano por Carolina del Norte, Matt Gaetz republicano por Florida, Lee Zeldin republicano por New York y otros, realizaron una conferencia de prensa el 6 de septiembre pidiendo a Trump que desclasificara y divulgara no solo la orden de FISA sobre Page y sus revalidaciones, sino también los resúmenes del FBI (formularios FD-302) de las entrevistas con Bruce Ohr.
El 1 de noviembre de 2016, el FBI se vio obligado a cortar oficialmente los vínculos con Steele, después de que el exespía violara las normas para las fuentes, al difundir su expediente a los medios de comunicación.
Sin embargo Bruce Ohr continuó recopilando información de Steele y pasándola al FBI hasta bien entrada la presidencia de Trump. Además fue entrevistado una docena de veces por el FBI.
Otros documentos
Los legisladores también pidieron la desclasificación de otros documentos que, según ellos, proporcionan evidencia exculpatoria en relación a Page y otros, y que debería haber sido entregada al tribunal FISA, pero no fue así, declaró Zeldin en la conferencia. Los documentos solo fueron entregados al “Grupo de los Ocho”, señaló, refiriéndose a los ocho miembros del Congreso que tienen permitido recibir información sobre inteligencia clasificada: los líderes de la Cámara y del Senado de ambos partidos, así como miembros de la Comisión de Inteligencia de la Cámara y del Senado de ambos partidos.
“El único resultado satisfactorio ahora es la total transparencia para el público estadounidense y la plena rendición de cuentas de aquellos que maliciosamente sometieron a los ciudadanos estadounidenses a abusos de vigilancia”, expresó.
Basándose en las conversaciones con Trump y la administración, Meadows destacó que no ha recibido ninguna “indicación de retroceso” por parte de Trump sobre los pedidos de desclasificación.
Ivan Pentchoukov colaboró en la elaboración de este informe
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