El presidente Donald Trump determinó que es necesario continuar la emergencia nacional declarada en 1995, mediante la cual se prohíben las transacciones con los narcotraficantes importantes centrados en Colombia y se bloquean sus propiedades en Estados Unidos.
“Continúan representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos y causan un nivel extremo de violencia, corrupción y daños en Estados Unidos y en el extranjero”, dijo Trump, según un comunicado publicado en el sitio web de la Casa Blanca el 15 de octubre.
El Presidente envió en esta fecha un aviso al Registro Federal para que se transmita al Congreso que la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, titulada ‘Bloqueo de activos y prohibición de transacciones con narcotraficantes importantes’, continúe vigente más allá del 21 octubre de 2019 por un año más.
“Las circunstancias que llevaron a la declaración el 21 de octubre de 1995 de una emergencia nacional continúan existiendo”, señaló.
Los narcotraficantes están designados en una lista adjunta y la orden 12978 señala que queda prohibido ayudar o brindar apoyo financiero o tecnológico a los bienes o servicios relacionados con las actividades de narcotráfico de estas personas.
Uno de los designados es Francisco Antonio Florez Upegui. Su organización operaba con Chekri Mahmoud Harb, un importante lavador de dinero; Carlos Enrique González Hoyos, un distribuidor clave de heroína; los hermanos Robinson Duvan y Oscar Alonso Acosta Serna, otros importantes lavadores de dinero; y el guatemalteco José Rodrigo Dougherty Monroy, un importante distribuidor de cocaína, de acuerdo a un informe del Departamento del Tesoro.
Entre sus asociados estaban cuatro ciudadanos libaneses, Imad Abdul Rahim Alvarado, Ali Mohamad Abdul Rahim, Abdul Naser Dib El Malt y Ali Ahmad Kaddoura.
En octubre de 2008, las autoridades colombianas detuvieron a Florez Upegui y a muchos de sus principales asociados como parte de la Operación Titán, una importante investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA). Sin embargo, Ali Ahmad Kaddoura evadió la captura en Colombia y hasta el año 2017 era un prófugo de la policía estadounidense.
Todas las empresas de los miembros de la organización quedaron identificadas y están relacionadas en las medidas restrictivas.
Florez Upegui comenzó sus actividades de narcotráfico hace 30 años como miembro del Cartel de Medellín. En los últimos años su organización traficaba narcóticos no solo a Estados Unidos, México, Guatemala y Panamá, sino también a naciones de África, Europa y Oriente Medio.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) trabajó en la investigación de Florez Upegui, en estrecha coordinación con las oficinas de la DEA en Miami y Bogotá. En su designación bajo la Orden Ejecutiva 12978, operaron el Departamentos del Tesoro, Justicia, Estado y Seguridad Nacional de Estados Unidos.
En el año 2000 el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Kingpin sobre el programa de sanciones que administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») a los carteles colombianos de la droga de conformidad con la Orden Ejecutiva 12978 emitida en octubre de 1995 y se identificó una nueva y extensa lista de sancionados actualizada hasta la fecha.
El propósito de esta Ley fue otorgar autoridad para la identificación y aplicación de sanciones a nivel mundial a traficantes de narcóticos extranjeros importantes.
Colombia ha sido el hogar de algunas de las organizaciones de narcotráfico más violentas y sofisticadas del mundo, según el reporte de la organización PBS. Vendedores de marihuana comenzaron un pequeño negocio de contrabando de cocaína en maletas, que llegó a convertirse en un enorme imperio multinacional. Desde los violentos carteles de Medellín y Cali los nuevos grupos heredan roles distintos relacionados entre sí.
Con suficiente capital reemplazaron las maletas por métodos más sofisticados de contrabando, hasta incluso construir submarinos de alta tecnología para enviar secretamente grandes cantidades de cocaína, presuntamente a Estados Unidos.
En el narcotráfico colombiano de hoy, “un grupo simplemente pasa de contrabando las drogas de Colombia a México, otro grupo controla los laboratorios de la jungla, otro más trata con el transporte de base de coca desde los campos hasta los laboratorios”, indica el informe.
“Existen conocidos vínculos entre los grupos guerrilleros marxistas colombianos y el tráfico de cocaína. Las guerrillas protegen los campos y los laboratorios en zonas remotas de Colombia a cambio de un gran impuesto que los traficantes pagan a la organización”, señaló PBS.
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