La oficina del abogado especial Jack Smith, que dirige un caso contra Donald Trump sobre las elecciones de 2020, presentó una serie de mociones durante el fin de semana, objetando la solicitud del expresidente de una serie de documentos, para que fueran presentados a través del proceso probatorio. También se opuso a su moción de pausar el proceso judicial mientras se lleva a cabo una apelación.
«La Corte debe mantener la fecha del juicio del 4 de marzo», dice uno de los escritos, argumentando que el calendario de mociones previas al juicio debe continuar mientras se apela el caso.
La defensa apeló la decisión de la jueza Tanya Chutkan de desestimar una petición de sobreseimiento del caso y tiene intención de pedir a la corte de apelaciones que ponga en pausa el calendario, si la jueza Chutkan no lo hace.
Si el juicio continúa en la corte de distrito, el equipo del presidente Trump ha hecho saber que tienen la intención de investigar el presunto fraude electoral que ocurrió en las elecciones generales de 2020, argumentando que el presidente Trump realmente creía que había un fraude que investigar y había dado la señal de alarma como parte de su deber —no como parte de una conspiración criminal como alega la acusación.
Como parte de estos esfuerzos, los abogados defensores solicitaron grandes cantidades de material a la fiscalía, argumentando que, por ley, los fiscales deben entregar cualquier prueba potencialmente exculpatoria al acusado penal. En las presentaciones judiciales recientes, la defensa presentó intercambios de correos electrónicos argumentando que el Departamento de Justicia había rechazado múltiples solicitudes de presentación de evidencias.
Documentos faltantes
En una presentación judicial separada, los fiscales argumentaron en un escrito de 45 páginas que la demanda del expresidente Trump «no tiene precedentes» y objetaron de que «resultaría en un retraso» con respecto al calendario actual, suponiendo que la fecha del juicio sea el 4 de marzo de 2024.
«Él pide a esta Corte que determine que una amplia gama de entidades tanto dentro como fuera del Poder Ejecutivo son parte del equipo del proceso judicial del Gobierno», escribieron los fiscales, argumentando que estos documentos no son relevantes para el caso, y «en muchos casos [no] no parecen existir».
También informaron que la defensa argumentó que los fiscales deben entregar las evidencias que podrían ayudar a exonerar al acusado si el material está en su poder, pero gran parte de lo que el presidente Trump ha solicitado no está en su poder y, por lo tanto, no tienen la obligación de proporcionarlo.
La oficina del abogado especial argumenta que no se puede interpretar que todo el poder ejecutivo del gobierno federal sea parte del «equipo del proceso judicial». De hecho, ellos argumentaron que incluso la parte de la oficina del abogado especial que trabaja en un caso penal separado contra el presidente Trump, en el Distrito Sur de Florida, está completamente separada.
Por lo tanto, los documentos pertenecientes al FBI, la oficina del Fiscal Federal, el Departamento de Justicia, la oficina del abogado especial en general, el Departamento de Defensa, el Departamento de Seguridad Nacional y los comités del Congreso no son detectables, argumentaron los fiscales.
Algunos de los materiales solicitados incluyen documentos de investigaciones sobre la interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses, que según la defensa eran de verdadera preocupación para el presidente Trump mientras estaba en el cargo, y mostraban un patrón de que fue proactivo en la investigación del presunto fraude electoral. Los fiscales argumentan que estos informes no tienen relevancia para el caso, que no estaban en su poder y no eran una «defensa legítima».
Otra solicitud está relacionada con información sobre agentes gubernamentales presentes en la manifestación del 6 de enero de 2021. Los fiscales desestimaron esto como una expedición de pesca y similar a «el intento de un ladrón de bancos de culpar a los guardias de seguridad que no lograron detener su crimen».
Los fiscales afirmaron que las solicitudes del expresidente Trump eran «demasiado amplias» y consistentemente no mostraban relevancia ni materialidad.
«El Gobierno ha adoptado un enfoque amplio respecto a la evidencia probatoria, proporcionando producciones voluminosas, integrales y tempranas que exceden sus obligaciones», argumentaron los fiscales al defender su enfoque respecto a la evidencia probatoria.
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