El 21 de julio, el presidente Donald Trump firmó un memorando que ordena al gobierno de EE.UU. que excluya a los extranjeros ilegales de los cálculos utilizados para distribuir escaños en el Congreso basados en la encuesta de población realizada durante el censo 2020.
Luego de que la Corte Suprema rechazara el intento de la Casa Blanca de agregar una pregunta de ciudadanía al censo 2020, Trump ordenó a todas las agencias federales a que compartan la información con el Departamento de Comercio (DOC) para que se pudiera tomar una determinación adecuada sobre el número de ciudadanos, no ciudadanos, y extranjeros ilegales en los Estados Unidos.
«Excluir a estos extranjeros ilegales de la base de distribución es más acorde con los principios de la democracia representativa que sustenta nuestro sistema de gobierno», señala el memo. «Permitir la representación del Congreso, y por lo tanto la influencia política formal, a los estados en base a la presencia dentro de sus límites a extranjeros que no han seguido los pasos para asegurar un estatus migratorio legal bajo nuestras leyes, socava esos principios».
Varios estados han promulgado las llamadas leyes santuario para proteger a los extranjeros ilegales de la captura por parte de las autoridades federales. El memo señala que los estados que impidan la aplicación de las leyes federales no deben ser recompensados con una mayor representación en el Congreso. De acuerdo con el memorando, un estado tiene un estimado de 2.2 millones de extranjeros ilegales, quienes, si se cuentan en la distribución, le darían al estado dos o tres escaños en el Congreso.
Los resultados del censo decenal se utilizan para determinar la distribución de escaños en la Cámara de Representantes y la distribución de ayuda federal, entre otros asuntos. Una vez que el DOC completa sus cálculos de distribución, el presidente transmite la determinación final al Congreso.
El memorando del presidente cita una opinión de la Corte Suprema que determinó que es «la transmisión personal del presidente sobre el informe al Congreso» lo cual «establece el reparto» de Representantes entre los Estados, y la discreción del Presidente de resolver el reparto es más que «ceremonial o ministerial» y es esencial» para la integridad del proceso».
“Solía haber un momento en el que podías declarar con orgullo: ‘Soy ciudadano de los Estados Unidos’. Pero ahora, la izquierda radical está tratando de borrar la existencia de este concepto y ocultar la cantidad de extranjeros ilegales en nuestro país», dijo el presidente en un comunicado. «Todo esto es parte de un esfuerzo más amplio de la izquierda para erosionar los derechos de los ciudadanos estadounidenses, y no lo toleraré».
La Constitución no especifica qué personas en un estado dado deben contarse en el censo. El memo señala que las administraciones anteriores han utilizado la discreción para determinar quién debe contarse. Por ejemplo, el personal militar y federal en el extranjero a veces ha sido incluido o excluido de la base de distribución.
El memorándum seguramente enfrentará desafíos legales. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), un grupo de defensa de extrema izquierda, prometió desafiar la política en los tribunales. «Su último intento de convertir en armamento el censo para un ataque contra las comunidades inmigrantes SERÁ descubierta como inconstitucional», escribió la ACLU en Twitter. «Lo veremos en la corte y ganaremos de nuevo».
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