Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron una moción de inmunidad presidencial post-juicio, el 11 de julio, argumentando que ya se presentaron pruebas de sus actos oficiales ante un gran jurado y más tarde en el juicio, por lo tanto, el veredicto de culpabilidad emitido en mayo debe ser anulado y la acusación desestimada.
«Su Señoría tiene ahora la autoridad para hacer frente a estas injusticias, y la Corte tiene el deber de hacerlo a la luz de la decisión de la Corte Suprema», dice la moción.
La Fiscalía de Manhattan (DANY) presentó cargos contra el expresidente Trump por 34 acusaciones de falsificación de registros comerciales en primer grado, y el juicio comenzó a mediados de abril.
El juez Juan Merchan, de la Corte Suprema de Nueva York, había rechazado una moción de inmunidad presidencial de última hora de la defensa, al considerar que ellos podrían presentar las objeciones a lo largo del juicio y que el juez podría entonces bloquear las evidencias que se mostrarían al jurado.
El 1 de julio, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo sobre la inmunidad presidencial, que el expresidente Trump había planteado en otro caso penal. El alto tribunal determinó que las acciones relacionadas con las principales facultades constitucionales de un presidente gozan de inmunidad absoluta, los actos oficiales son presuntamente inmunes y los actos no oficiales no gozan de inmunidad. A continuación devolvió el caso a la corte de distrito.
Poco después de la sentencia, los abogados del expresidente Trump en el caso de Nueva York enviaron una carta al juez solicitando un aplazamiento de la sentencia con el fin de argumentar cómo la inmunidad presidencial afecta a este caso, permitiendo una sesión informativa sobre la cuestión. Los fiscales aceptaron un aplazamiento de la sentencia, solicitando tiempo para presentar contraargumentos. El juez accedió a la petición de las partes y trasladó la fecha de la sentencia al 18 de septiembre «si sigue siendo necesario».
«DANY instó a esta Corte a adelantarse a la Corte Suprema en una cuestión constitucional federal con graves implicaciones para el funcionamiento del gobierno federal y las relaciones entre funcionarios estatales y federales», dice la moción de la defensa. «El expediente es claro: DANY estaba equivocado, muy equivocado».
Los fiscales tienen de plazo hasta el 24 de julio para presentar su respuesta.
Actos oficiales
Durante el juicio, los fiscales obtuvieron testimonios de asistentes de la Casa Blanca sobre el trabajo dentro de la Oficina Oval, observaciones sobre el trabajo del presidente y declaraciones oficiales. Pruebas similares se habían presentado ante el gran jurado, que formuló la acusación.
Esto incluía el testimonio de la Directora de Comunicaciones de la Casa Blanca, Hope Hicks, que declaró ante el gran jurado y en el juicio sobre las comunicaciones con el presidente, y sus observaciones sobre él y su trabajo. Un testimonio similar ofreció la directora de Operaciones del Despacho Oval, Madeleine Westerhout.
La sentencia de la Corte Suprema «prohíbe específicamente a los fiscales ofrecer ‘testimonios’ de los ‘asesores’ de un presidente con el propósito de ‘sondear un acto oficial'», argumentaron los abogados defensores. Los fiscales deben abrirse paso por la presunción de inmunidad antes de que se puedan presentar cargos, según la sentencia de la Corte Suprema, y no se permitiría tal investigación probatoria de actos oficiales con el propósito de hacerlo.
La respuesta del presidente Trump a una investigación de la Comisión Federal Electoral y las investigaciones del Congreso, así como la presentación de la Oficina de Ética Gubernamental, fueron actos oficiales y no deberían haberse presentado ante los jurados como pruebas, argumentaron los abogados defensores, ni tampoco sus declaraciones oficiales a través de Twitter y otros medios.
«Aquí, DANY obligó errónea e inconstitucionalmente al presidente Trump a litigar pruebas de actos oficiales en el juicio», dice la moción.
Los abogados defensores argumentaron que la Corte Suprema había defendido la inmunidad presidencial para preservar la función del Poder Ejecutivo y proteger a los presidentes de enfrentar cargos basados en pruebas potencialmente débiles, y que este caso encajaba.
Los fiscales habían descrito los testimonios de Hicks y Westerhout como «perjudiciales», «totalmente devastadores» y «piezas críticas del rompecabezas».
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