El expresidente Donald Trump solicitó el 5 de octubre a un juez federal que desestime los cargos de injerencia electoral presentados contra él en Washington DC.
Los abogados del presidente Trump alegaron en una presentación que es «absolutamente inmune a la acusación».
Citaron la ley federal, que los tribunales han descrito como proporcionando inmunidad para actos dentro del «perímetro exterior» de la «responsabilidad oficial» de un presidente.
Los cargos presentados por el abogado especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Jack Smith, y aprobados por un gran jurado son por tales actos, escribieron John Lauro y otros abogados que representan al presidente Trump.
«Cuando, como en este caso, las acciones del presidente están dentro del ámbito de su cargo, es absolutamente inmune a la acusación», dijeron, alegando que la administración del presidente Joe Biden estaba «rompiendo 234 años de precedentes» con los cargos.
«La administración en funciones ha acusado al presidente Trump por actos que se encuentran no solo dentro del ‘perímetro exterior’, sino en el corazón de sus responsabilidades oficiales como presidente. Al hacerlo, la fiscalía no argumenta, ni puede argumentar, que los esfuerzos del presidente Trump para garantizar la integridad electoral, y abogar por lo mismo, estaban fuera del ámbito de sus funciones», señala la presentación.
«En cambio, la fiscalía afirma falsamente que los motivos del presidente Trump eran impuros, que supuestamente ‘sabía’ que los informes generalizados de fraude e irregularidades electorales eran falsos, pero trató de abordarlos de todos modos. Pero como la Constitución, la Corte Suprema y cientos de años de historia y tradición dejan en claro, las motivaciones del presidente no son para que la fiscalía o este tribunal decidan».
La petición se dirigió a la jueza de distrito Tonya Chutkan, nombrada bajo el mandato del presidente Barack Obama.
El Departamento de Justicia aún no ha respondido a la moción.
La jueza Chutkan rechazó recientemente una solicitud del presidente Trump para que se recusara del caso por los comentarios que hizo mientras sentenciaba a las personas por la irrupción del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos.
«La jueza Chutkan ha sugerido, en relación con otros casos, que el presidente Trump debería ser procesado y encarcelado», dijeron los abogados del presidente Trump.
Citaron comentarios que hizo desde el estrado que incluyeron la afirmación de que las personas que fueron al Capitolio «estaban allí en lealtad, en lealtad, a un hombre, no a la Constitución -de la que la mayoría de las personas que vienen ante mí parecen lamentablemente ignorantes- no a los ideales de este país y no a los principios de la democracia». También dijo: «Es una lealtad ciega a una persona que, por cierto, sigue libre a día de hoy».
Funcionarios estadounidenses dijeron que la jueza Chutkan no debería recusarse, alegando que los abogados del presidente Trump habían «elegido porciones de las sentencias de la corte».
La jueza Chutkan dijo que revisó la moción y determinó que no había base para la recusación. Las declaraciones que hizo, dijo, «ciertamente no manifiestan un prejuicio profundamente arraigado que haría imposible un juicio justo».
La juez fue asignada al caso al azar, como es habitual. Es una de los 12 jueces federales del distrito.
Imputación
La imputación, de 45 páginas, se hizo pública el 1 de agosto. En ella se acusaba al presidente Trump de mentir cuando dijo que hubo votos fraudulentos en las elecciones presidenciales de 2020 y que él era el ganador.
«Estas afirmaciones eran falsas, y el acusado sabía que eran falsas», decía la acusación. «Pero el acusado las repitió y difundió ampliamente para hacer que sus afirmaciones conscientemente falsas parecieran legítimas, crear una intensa atmósfera nacional de desconfianza e ira, y erosionar la fe pública en la administración de las elecciones».
Las acciones del presidente Trump violaron múltiples leyes federales, incluida una ley que prohíbe conspirar para cometer fraude contra Estados Unidos, dijeron las autoridades.
El presidente Trump sí tenía derecho a hablar públicamente sobre las elecciones y a afirmar que hubo fraude, pero los actos ilegales incluyeron usar esas afirmaciones para tratar de convencer a los legisladores estatales y a los funcionarios electorales de que cambiaran los votos electorales del demócrata Joe Biden, que ahora es presidente, al presidente Trump, según la imputación.
El presidente Trump se ha declarado inocente, dice que es inocente y se refirió al asunto como un «caso falso».
Dijo a los periodistas después de su comparecencia que la imputación era un ejemplo de «persecución de un oponente político».
Actualmente está previsto que el juicio del caso comience el 4 de marzo de 2024. La fecha es justo un día antes del Supermartes, cuando los votantes en 16 estados se dirigirán a las urnas para votar en las primarias. El presidente Trump había pedido que el juicio tuviera lugar después de las elecciones de 2024, a las que se presenta, pero el juez rechazó esa petición.
El presidente Trump estuvo en el cargo hasta enero de 2021, cuando el presidente Biden juró su cargo.
El presidente Trump también está lidiando con otros cargos, incluidos cargos en Washington por presuntamente intentar anular las elecciones de 2020 y cargos en Georgia por presunta conspiración ilegal para solicitar a funcionarios que violen sus juramentos de cargo, incluido el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger.
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