Un legislador demócrata está impulsando un proyecto de ley que podría despojar al Servicio Secreto de la protección concedida al expresidente Donald Trump en caso de que sea condenado en alguno de los casos en curso.
El representante Bennie Thompson (D-Miss.), expresidente de la extinta comisión del 6 de enero, presentó el viernes el proyecto de ley HR 8081 o Ley de exprotegidos caídos en desgracia. El proyecto de ley pretende poner fin a la protección ofrecida por el Servicio Secreto a cualquier persona una vez que haya sido sentenciada tras una condena «por un delito federal o estatal punible con una pena de prisión de al menos un año». Esta medida «se aplicaría al expresidente Trump», admite una hoja informativa del proyecto de ley.
El expresidente Trump está actualmente implicado en cuatro causas penales. Salvo el caso del «pagos por de silencio», no está claro si alguno de los otros tres llegaría a juicio antes de las elecciones de noviembre de 2024.
Por lo tanto, si se aprobara la ley y el expresidente Trump fuera condenado en el juicio por «pagos por silencio» el expresidente podría perder la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS) que se le había concedido.
Según la ley actual, la protección del USSS se concede a determinados funcionarios de alto nivel actuales y anteriores y a sus familiares directos. No detalla cómo se llevaría a cabo dicha protección, «o si debería llevarse a cabo», si la persona protegida es condenada a prisión tras una sentencia condenatoria, señala la hoja informativa.
Por ello, la ley actual presenta «dificultades logísticas tanto para el Servicio Secreto como para las autoridades penitenciarias a nivel federal y estatal».
HR 8081 eliminaría tales líneas conflictivas de autoridad dentro de las prisiones. «El propósito de este proyecto de ley es entregar la protección de los reclusos a las autoridades penitenciarias pertinentes en lugar de involucrar al Servicio Secreto».
«Los 91 cargos por delitos graves sin precedentes del expresidente Donald J. Trump en cortes federales y estatales de todo el país han creado una nueva exigencia que el Congreso debe abordar para garantizar que la protección del Servicio Secreto no interfiera con el proceso judicial penal y la administración de justicia».
Byron York, corresponsal político jefe del Washington Examiner, criticó al proyecto de ley de intentar asesinar al expresidente Trump.
«Thompson quiere quitarle a Trump la protección del Servicio Secreto si Trump es condenado por cualquiera de los 88 cargos de delito grave presentados contra él por fiscales demócratas electos y un designado del Departamento de Justicia de Biden», dijo en un posteo X del 20 de abril.
«El subtexto obvio aquí es que eliminar el USSS facilitaría que alguien matara a Trump, que es posiblemente el objetivo del proyecto de ley de Thompson, H.R. 8081».
Tom Fitton, presidente de la fundación conservadora Judicial Watch, coincidió con estas preocupaciones. «¿Los demócratas de la Cámara de Representantes se mueven para tratar de asegurar que Trump sea asesinado eliminando su protección del Servicio Secreto?», dijo en un posteo X del 20 de abril.
Ryan Fournier, presidente del grupo Students for Trump, dijo: «Están literalmente tratando de eliminar la protección del Servicio Secreto de Trump bajo un nuevo proyecto de ley. Si esto sucede, y algo le pasa a él, sus manos estarán MANCHADAS DE SANGRE. Y no lo dejaremos pasar».
El juicio de Trump
El proyecto de ley llega cuando los argumentos de apertura para el juicio del expresidente Trump por «pagos de silencio» están programados para comenzar este lunes. Un jurado completo, así como jurados suplentes para el caso, fueron seleccionados el viernes. El presidente Trump se enfrenta a 34 cargos en el caso, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de cárcel de cuatro años.
En el caso, se alega que el expresidente Trump falsificó sus registros comerciales para desviar fondos a su exabogado Michael Cohen.
Los fondos fueron supuestamente entregados al Sr. Cohen para hacer pagos de dinero para enterrar historias controvertidas vinculadas al expresidente. El foco del caso es un pago por valor de 130,000 dólares realizado por el señor Cohen a la actriz para adultos Stormy Daniels.
El pago presuntamente se hizo para evitar que la Sra. Daniels revelara públicamente durante la campaña de 2016 que tuvo un romance con el expresidente a mediados de la década de 2000. El presidente Trump ha negado la acusación.
El caso será presidido por el juez Juan Merchan. En un posteo del 20 de abril en Truth Social, el presidente Trump acusó al juez Merchan de «‘apurarme’, a una velocidad vertiginosa, con el fin de satisfacer completamente a sus ‘amigos’. Además, me ha ‘AMORDAZADO’ para que no pueda hablar del más importante de los temas, incluyendo su totalmente descalificador conflicto de intereses, y quitándome mi Derecho Constitucional a la Libertad de Expresión».
Antes del juicio en Manhattan, el juez Merchan emitió una orden de silencio que prohibía al expresidente Trump hablar sobre testigos y jurados. La orden se amplió posteriormente para prohibir al expresidente Trump hacer comentarios sobre los miembros de la familia de la juez Merchan.
La ampliación se produjo después de que el expresidente señalara que la hija del juez era asesora política del Partido Demócrata.
«Casi todos los Eruditos y Expertos Legales han declarado que ‘NO HAY CASO’, que esto es una ESTAFA provocada por un fiscal de Distrito Corrupto, Alvin Bragg, quien ha permitido que el Crimen Violento en Nueva York florezca a niveles nunca antes vistos», dijo el expresidente Trump en su posteo de Truth Social.
El Sr. Bragg está «trabajando con el DOJ de Corrupto Joe Biden, PARA PERJUDICAR A SU OPONENTE POLÍTICO, YO. ESTO ES INTERFERENCIA ELECTORAL A UN NIVEL NUNCA ANTES VISTO EN LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA».
Mientras el juicio está en sesión, el expresidente Trump tiene que presentarse en la corte todos los días o arriesgarse a enfrentar un arresto. El expresidente Trump ha dicho que tiene la intención de testificar a pesar de que no hay ninguna obligación legal de hacerlo.
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