Los abogados del expresidente Donald Trump pretenden ampliar los plazos y presentar mociones adicionales, incluida una posible solicitud de sanciones, en el caso de los documentos clasificados instruido por el abogado especial Jack Smith, tras revelarse que el orden de los archivos en las cajas físicas de documentos no coincide con los escaneados digitales.
La jueza de distrito Aileen Cannon permitió a la defensa presentar el escrito de réplica adicional el 6 de mayo. Ambas partes se acusaron mutuamente de haber descrito mal la situación ante la jueza, ya que el 9 de mayo era la fecha límite para que la defensa presentara las declaraciones de los expertos relacionadas con el litigio sobre información clasificada.
En una orden separada, la jueza Cannon suspendió ese plazo el 6 de mayo. «Orden por la que se fijan segundos plazos previos al juicio/audiencias posteriores», dice el sumario.
El 3 de mayo, los fiscales habían admitido que los archivos no estaban en el mismo orden, y en una nota a pie de página admitieron que habían hecho declaraciones falsas a la corte sobre esta cuestión.
«El presidente Trump y su abogado están profundamente preocupados por conocer estos hechos aproximadamente 11 meses después de que se presentaran los cargos en este caso», escribieron los abogados de Trump.
¿Quién manejaba las pruebas?
Los abogados defensores argumentaron que esto revelaba que los fiscales habían hecho desde «el primer día» «afirmaciones falsas sobre el cumplimiento de sus obligaciones de descubrimiento».
La incoherencia había sido confirmada por los fiscales después de que los abogados de Walt Nauta, valet del presidente Trump, acusado de obstrucción junto con el expresidente como coacusado, señalaran los problemas.
Los abogados del presidente Trump argumentaron que no habían examinado ellos mismos las cajas cuando tuvieron los escaneos, ya que «nunca se nos ocurrió, hasta el viernes pasado, que no se podía confiar en que el equipo de la acusación realizara la tarea básica de mantener la integridad de tales pruebas a pesar de los amplios recursos de que disponen».
Además de que los documentos no estaban en el mismo orden y de que los fiscales desconocían el motivo, los fiscales habían reconocido que los escaneos proporcionados a la defensa fueron realizados por un proveedor externo como parte de un caso civil relacionado. La defensa alegó que ese proceso «carecía de las salvaguardias constitucionales, estatutarias y éticas que guían las obligaciones de descubrimiento en este caso penal».
Tras la revelación del 3 de mayo, el equipo jurídico del expresidente Trump se puso en contacto con los fiscales con una carta de revelación de pruebas solicitando materiales relacionados con este asunto.
«Estas cuestiones implican, por ejemplo, la moción del presidente Trump para suprimir las pruebas incautadas en Mar-a-Lago y la moción de desestimación basada en la mala conducta del fiscal», argumentaron los abogados de la defensa.
La defensa planea solicitar sanciones contra el abogado especial en función de los descubrimientos que produzca esta petición, y también podría presentar una moción para desestimar los cargos «si la Fiscalía no puede demostrar de forma fehaciente cómo incautó y manejó las pruebas clave del caso, lo que será una cuestión central en cualquier juicio».
Cambio de estrategia
También renovaron los argumentos para retrasar el plazo del 9 de mayo.
«No se puede esperar razonablemente que los abogados defensores especifiquen la información clasificada que pretenden ofrecer en el juicio cuando la Fiscalía ha revelado recientemente que una de las premisas más básicas del proceso de justicia penal —que se puede confiar en que el equipo de acusación mantenga las pruebas existentes— ya no es aplicable», argumentaron.
Revelaron que utilizarán información clasificada para interrogar a los testigos sobre los procedimientos para manejar dicha información, y que ahora pueden buscar expertos que se centren en las deficiencias de la cadena de custodia y de la ejecución de registros.
Los abogados defensores también argumentaron que los fiscales han pedido «repetida e injustamente» «plazos inviables», acusándolos de motivaciones políticas.
Solicitud de descubrimiento adicional
Los abogados defensores argumentaron que los fiscales no pueden «sostener seriamente» que la nueva admisión de pruebas que se está trasladando podría ser irrelevante para el litigio en curso.
Solicitan todas las comunicaciones, memorandos, informes, cartas, notas y otros documentos relacionados con las instrucciones dadas al «equipo filtro» que manipuló las pruebas.
Los fiscales habían señalado que el equipo de filtrado «se ocupaba de que no se trasladaran documentos de una caja a otra, pero no se centraba en mantener la secuencia de los documentos dentro de cada caja».
También había otro «equipo de investigación» que se encargaba de la revisión in situ, y los abogados de la defensa están solicitando sus instrucciones y las comunicaciones entre ambos equipos.
La defensa también solicita documentos relacionados con la cadena de custodia de las cajas almacenadas durante la noche en la oficina del FBI en Miami, y las cajas que se enviaron por avión a Washington.
También solicitaron documentos relacionados con el proceso que utilizó el FBI para sustituir las hojas manuscritas por portadas clasificadas, así como las desviaciones del proceso a las que los fiscales habían aludido en su escrito.
Los abogados defensores también querían documentos relacionados con el personal implicado en este proceso y las «diversas razones» por las que los fiscales dijeron que se les permitió el acceso.
La defensa también pidió que se aclarara qué diferencias hay entre las cajas físicas y los escaneados, y las comunicaciones que llevaron a esta revelación por parte de los fiscales.
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