Un abogado del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó esta semana una moción en una corte estatal de Georgia para defenderse de una esperada acusación resultante de una investigación de un gran jurado con fines especiales, del estado.
Asediado por desafíos legales después de anunciar una candidatura presidencial para 2024, el exmandatario inició su primer contragolpe importante contra lo que él llama una «Caza de Brujas» política por parte de los demócratas, con su presentación judicial del lunes (pdf). Un fallo judicial a favor de Trump en esta moción disolvería uno de los cuatro desafíos legales que buscan una acusación criminal contra el expresidente.
La moción de Trump se enmarca en un intento de eliminar una investigación de un año sobre las acusaciones de que Trump y sus aliados participaron en la interferencia electoral en las elecciones de 2020. La investigación del gran jurado, iniciada a principios de 2021 y dirigida por Fani Willis, fiscal del condado de Fulton, Georgia («FCDA»), se centró en una llamada entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en enero de 2021, cuando Trump pidió a Raffensperger que investigara un posible fraude electoral en el Estado durante las elecciones presidenciales de 2016. Los críticos contrarios a Trump han alegado que la llamada constituyó un acto de interferencia electoral. Trump negó todas las acusaciones de irregularidades por su parte.
El gran jurado, que fue destituido en enero, supuestamente recomendó acusaciones en su informe final. A principios de febrero, la Corte Superior del Condado de Fulton publicó una parte del informe del panel del jurado, que no incluía la lista de nombres a los que se recomendaban acusaciones. Se espera ampliamente que la fiscal Willis presente cargos contra el expresidente alegando interferencia electoral. En su presentación del lunes, el abogado de Trump, Drew Findling, pidió a la corte anular el informe del gran jurado de propósito especial (SPGJ), impedir el uso de cualquier evidencia de esa investigación y descalificar la oficina de Willis debido a un conflicto de intereses.
Recorridos mediáticos
Una objeción clave que Findling planteó en su presentación del lunes a la investigación de Georgia se refiere a las visitas a los medios de comunicación realizadas por Emily Kohrs, una de las presidentas del gran jurado de propósito especial, el fiscal Willis y el juez que supervisa el caso. Findling alega que estas entrevistas comprometieron el caso legal y judicialmente.
Se señalaron las entrevistas de alto nivel de Kohrs con varios medios de comunicación a principios de 2023, incluido The New York Times, cuando dijo que el panel del jurado recomendó acusaciones contra personas que fueron citadas, y posteriormente proporcionó a la publicación algunos detalles del procedimiento.
«No es una lista corta», dijo Kohrs a The New York Times en febrero, refiriéndose a la lista actualmente sellada de recomendaciones de acusación. No reveló los nombres concretos de las personas para las que el panel recomendó acusaciones. Kohrs dijo al Atlanta Journal-Constitution en otra entrevista el 21 de febrero que también había hablado con su novio sobre su experiencia en los procedimientos del panel.
Según Findling, el recorrido mediático de la portavoz demostró que los procedimientos establecidos para el panel del jurado y la aplicación de estos procedimientos por parte del juez supervisor, Robert C. McBurney, de la Corte Superior del condado de Fulton, «no protegieron los derechos constitucionales procesales y sustantivos más básicos de todas las personas examinadas por este órgano de investigación».
El daño causado por la publicidad de Kohrs se vio agravado por la exposición adicional de la propia fiscal de distrito Willis, dijo Findling en la presentación.
«Las entrevistas de la FCDA con los medios de comunicación violan las normas de la fiscalía y constituyen una falta de conducta pericial, y su actividad en los medios sociales crea la apariencia de impropiedad agravando la necesidad de descalificación», se lee en la presentación.
Pero lo que agrava aún más la situación son las entrevistas realizadas por el propio juez, según Findling.
«Para agravar el daño infligido por los comentarios públicos de la presidenta del jurado, el juez supervisor concedió numerosas entrevistas a los medios de comunicación a pesar de seguir presidiendo este asunto pendiente», dice el escrito a continuación, refiriéndose al juez Robert C. McBurney, que supervisó el caso y concedió entrevistas a los medios de comunicación después de la gira mediática de la presidenta del jurado.
«Los comentarios de la presidenta del jurado y de los miembros del gran jurado ponen de manifiesto la falta de instrucción y supervisión adecuadas sobre el gran jurado en relación con cuestiones probatorias claras, lo que viola las nociones de imparcialidad fundamental y garantías procesales», se lee en el escrito. «No se puede confiar en los resultados de la investigación y, por lo tanto, deben suprimirse dadas las violaciones constitucionales».
Conflicto de intereses
En su presentación del lunes, Findling dijo que la Oficina de la Fiscal Willis debe ser descalificada de seguir adelante con el caso, citando preocupaciones relacionadas con la mala conducta de la fiscal y el conflicto de intereses.
El aspecto de mala conducta de la fiscalía del argumento de descalificación de Findling se basa en los comentarios de la fiscal Willis a la prensa (la moción señala que habló con la prensa casi 40 veces), así como sus publicaciones en las redes sociales, que Findling dijo que reforzaron su perfil como candidata política.
Una de esas publicaciones en las redes sociales, según la presentación, incluía una caricatura publicada en la cuenta de Twitter de la campaña de Willis, que mostraba a la FCDA pescando a un testigo citado, Graham, fuera de un pantano, con Trump diciendo: «Sé que harás lo correcto, Lindsey».
Esa caricatura, señaló Findling, forma parte de una campaña política que se enhebró a lo largo de la investigación de Willis en Georgia, una en la que Willis tenía «participación e interés personal», creando un «conflicto descalificante».
«[L]a FCDA [fiscal del condado de Fulton] promovió su propia campaña sobre los hombros del apoyo partidista a esta investigación del gran jurado de propósito especial. En un par de días, la cuenta de Twitter de la FCDA aumentó en aproximadamente 100,000 seguidores, y las solicitudes de donaciones para la campaña fueron retuiteadas miles de veces», se lee en la presentación, en referencia al supuesto efecto de la campaña publicitaria de Willis. «Al menos en tres ocasiones, la FCDA se insertó personalmente en esta campaña de Twitter para ‘seguidores, tuits y donaciones’ que hacía referencia específica a esta investigación».
Findling alegó que el interés político de Willis, en este caso, constituía un conflicto de intereses y, por tanto, debería impedirle seguir participando en la investigación.
La segunda razón por la que Willis debería ser inhabilitada, según Findling, es que se ya ordenó la inhabilitación de Willis para investigar a un senador de Georgia debido a consideraciones de conflicto de intereses percibidos, y esa inhabilitación debería extenderse a todo el caso.
El 25 de julio de 2022, el juez supervisor descalificó a la Oficina del Fiscal de Distrito de llamar al entonces senador estatal Burt Jones a declarar como testigo en el jurado de Georgia porque la fiscal Willis estaba involucrada en una campaña política para Charlie Bailey, entonces candidato a la nominación demócrata para vicegobernador, que se enfrentaba en esos momentos a Jones, que figuraba entonces como la nominación republicana.
«Ella ha otorgado el imprimatur de su oficina al oponente del senador Jones, y desde entonces, ha calificado públicamente (en sus alegaciones) al senador Jones de ‘objetivo’ de la investigación del gran jurado», escribió el juez en su auto, señalando que el hecho de que Willis señalara a Jones constituía un conflicto de intereses.
Findling capitalizó la orden de descalificación del juez en la presentación del lunes, citando una decisión de 1987 de la Corte Suprema de los Estados Unidos (Young vs. United States), que reconocía que «la existencia de un conflicto real no puede limitarse a la investigación o enjuiciamiento de un individuo, sino que es un conflicto que impregna todo el procedimiento».
En otras palabras, Findling estaba diciendo que si el juez considera que la conducta del fiscal debe ser descalificada para procesar o investigar a un testigo debido a una consideración de conflicto de intereses, ese fiscal debe ser descalificado del caso por completo.
«Los derechos del presidente Trump, así como todos los demás afectados por esta investigación, ahora están sujetos a la discreción fiscal y la toma de decisiones de un órgano fiscal que incluso el juez supervisor reconoció que tiene un conflicto real y descalificante», se lee en la presentación. «Esto es sencillamente insostenible. Solo por esta razón, la Oficina de la FCDA debe ser apartada de cualquier investigación o enjuiciamiento de este asunto».
Vaguedad inconstitucional
En un aspecto más técnico, Findling argumentó en su presentación del lunes que el gran jurado con fines especiales surgió de estatutos «inconstitucionalmente vagos» (Código de GA § 15-12-100), que violan el debido proceso y la imparcialidad del procedimiento.
«Las leyes que autorizaron este gran jurado con fines especiales han existido en el Código de Georgia desde 1974, pero rara vez se han utilizado y aún más raramente se han litigado. Los propios estatutos son vagos y han dejado mucho a la interpretación; además, la jurisprudencia relativa al proceso y la función del gran jurado con fines especiales es igualmente escasa, poco clara y a veces
Las leyes que autorizaron este gran jurado con fines especiales han existido en el Código de Georgia desde 1974, pero rara vez se han utilizado y aún más raramente se han litigado. Los propios estatutos son vagos y han dejado mucho a la interpretación; además, la jurisprudencia relativa al proceso y la función del gran jurado de propósito especial es igualmente escasa, poco clara y a veces contradictoria», dice la presentación de Findling, añadiendo que esta vaguedad dio lugar a una «aplicación dispar» de los estatutos y comprometió la imparcialidad del procedimiento.
Findling argumentó que el juez violó los precedentes cuando declaró arbitrariamente la naturaleza del gran jurado con fines especiales como un procedimiento penal y no ofreció una base para esta caracterización. Además dijo que el hecho de que esta cuestión jurídica fundamental siguiera sin estar clara, y fuera argumentada por múltiples partes durante el procedimiento, demuestra que los estatutos citados son inconstitucionalmente vagos.
Para apoyar su afirmación, Findling citó las objeciones de múltiples partes cuya comparecencia fue solicitada por el panel de Georgia, pero que alegaron inmunidad exterior porque interpretaban que la jurisprudencia de Georgia solo permitía investigaciones civiles, no penales. Entre ellas figuraban la abogada de Texas, Jacki Pick Deason; el gobernador de Georgia, Brian Kemp; y el senador republicano, Lindsey Graham. Findling argumentó que las objeciones de estas partes indican «la falta de claridad estatutaria sobre el tema».
La decisión unilateral del juez supervisor de declarar el gran jurado con fines especiales un órgano penal (a pesar de su incapacidad para acusar y de los precedentes de Georgia en sentido contrario) creó una letanía de violaciones constitucionales para los testigos convocados ante él», se lee en la presentación.
Jeff DiSantis, portavoz de Willis, no devolvió una llamada para pedirle comentarios al cierre de esta edición.
The Epoch Times se puso en contacto con los portavoces de Trump en busca de comentarios.
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