El presidente Donald Trump tiene la intención de impugnar una citación de sus declaraciones de impuestos emitida por fiscales penales a pesar de una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos que permite dicho requerimiento, según dijeron sus abogados a un juez el 15 de julio.
Los abogados del presidente describieron los planes en una carta dirigida a un juez federal de Manhattan que supervisa la disputa sobre una citación emitida a Mazars USA (la empresa de contabilidad de Trump) por el fiscal de Distrito del Condado de Nueva York Cyrus Vance para obtener los registros financieros relacionados con Trump y sus negocios en relación con una investigación de la fiscalía.
Vance está investigando el dinero del acuerdo que supuestamente se pagó a dos mujeres durante la campaña presidencial de 2016: la artista de películas para adultos Stormy Daniels y la exmodelo de Playboy Karen McDougal. Trump ha negado cualquier delito en relación con las dos mujeres.
Trump ha estado luchando contra la citación de Vance desde septiembre de 2019, argumentando que goza de una inmunidad absoluta en el proceso penal a nivel estatal según la Constitución. El tribunal de distrito denegó la solicitud de Trump de una orden judicial sobre la citación y desestimó el caso en octubre. El 2º Circuito también denegó la solicitud de alivio del presidente.
Los abogados de Trump escribieron en una presentación conjunta proporcionada al juez del tribunal inferior el miércoles que el presidente «puede presentar más argumentos según proceda», incluyendo si la citación es demasiado amplia o si «impide sus deberes constitucionales», señalando que Trump planea presentar una queja antes del 27 de julio.
«El presidente tiene la intención de plantear algunos o todos estos argumentos en su próxima Segunda Demanda Enmendada», escribieron.
Los abogados de Trump argumentaron que el caso requiere que las dos partes desarrollen un registro de hechos más completo.
«No debería exigirse al presidente, por ejemplo, que litigue sobre la amplitud de la citación o sobre si se emitió de mala fe sin comprender la naturaleza y el alcance de la investigación y por qué el fiscal de Distrito necesita todos los documentos que ha exigido», escribieron.
Los abogados de Trump también pueden argumentar que Vance, un demócrata, llevó a cabo la citación para acosar al presidente o tomar represalias contra sus políticas.
Vance ha negado haber actuado de mala fe y ha dicho que los motivos de la citación no son algo que los tribunales deban examinar de forma rutinaria.
El gobierno federal, que también estuvo involucrado en el caso, argumentó que una citación de una fiscalía estatal para los registros personales de un presidente en ejercicio debería cumplir con un estándar más alto de necesidad.
Pero la Corte Suprema dictaminó 7-2 (pdf) el 9 de julio que Trump no tiene una amplia inmunidad contra las investigaciones criminales mientras esté en la Casa Blanca.
«Ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber común de presentar pruebas cuando se le requieren en un procedimiento penal», escribió el presidente de la Corte Suprema John Roberts el 9 de julio.
«En nuestro sistema judicial el público tiene derecho a [conocer] las pruebas de cada hombre», escribió. «Desde los primeros días de la República, ‘todo hombre’ ha incluido al presidente de los Estados Unidos».
Roberts señaló que la decisión de la Corte Suprema y del Tribunal de Apelaciones solo se centró en los argumentos de «inmunidad absoluta y mayor necesidad», por lo que devolvió el caso a los tribunales inferiores para que el presidente pueda «plantear otros argumentos según proceda».
El juez de Distrito Víctor Marrero ha convocado una audiencia sobre dicho asunto el 16 de julio para que las partes le proporcionen «áreas potenciales para más argumentos» (pdf) a la luz del fallo de la Corte Suprema.
Janita Kan y Reuters contribuyeron a la elaboración de este artículo.
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