El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela anunció el lunes que suspende “todos los efectos” de la primaria presidencial de la oposición que ganó la candidata María Corina Machado y pidió remitir el material electoral utilizado durante todo el proceso celebrado el 22 de octubre.
“Se suspenden todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la Comisión Nacional de Primarias”, precisa una sentencia divulgada el lunes por la Sala Electoral del TSJ.
En la sentencia, el TSJ ordena a la Comisión Nacional de Primaria (CNdP), ente rector de la primaria opositora, remitir al órgano judicial en un lapso de tres días los “antecedentes administrativos” de las fases del proceso, incluyendo todas las actas del evento —actas de constitución de mesas electorales, cuadernos de votación, papeletas, actas de escrutinio, etc.
También exige que se entreguen las actas de aceptación de postulación de Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles, los tres candidatos sobre quienes pesan inhabilitaciones administrativas.
La oposición considera las inhabilitaciones “inconstitucionales».
La semana pasada, el diputado de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, José Brito, a quien la oposición considera aliado del chavismo, introdujo ante el TSJ un recurso contencioso para revisar supuestas irregularidades en la primaria que fue admitido por el TSJ, el máximo órgano judicial del país.
Brito es un parlamentario que a finales del 2019 fue expulsado del partido Primero Justicia tras ser señalado de haber hecho gestiones desde la Comisión de Contraloría de la AN para evitar que continuaran investigaciones contra empresarios señalados de corrupción vinculados al chavismo, entre ellos el empresario colombiano Alex Saab, procesado en Estados Unidos por conspiración para blanquear capitales y a quien el régimen venezolano considera un diplomático.
El régimen del líder Nicolás Maduro acusó a la oposición de “inflar” los resultados de la elección en la que, según la CNdP, participaron al menos 2,440,415 personas. Según el régimen no participaron más de 700,000 personas.
Miembros de la CNdP, entre ellos su presidente, Jesús María Casal, así como miembros de las juntas regionales, fueron citados a declarar hoy en la fiscalía.
Según el fiscal general chavista, Tarek William Saab, en el proceso en el que Machado ganó con el 92.35% de los votos pudieron cometerse los delitos de “usurpación de funciones electorales”, “usurpación de identidad”, “legitimación de capitales y asociación para delinquir”.
¿Barbados en riesgo?
Stalin González, miembro de la delegación opositora en las negociaciones con el régimen de Maduro, admitió que no será “fácil” la implementación del acuerdo firmado en Barbados y que habrán “obstáculos durante todo el camino”, al ser consultado sobre el impacto de la decisión del TSJ sobre el proceso de diálogo.
“Hay que tener una opinión en colectivo de cómo afrontar esta decisión del TSJ (…) hay que esperar que se instale la comisión de verificación de los acuerdos, no quisiera adelantar opinión sobre el tema, pero estemos claros que esto no va a ser fácil. Durante un año van a ser obstáculo tras obstáculo que debemos ir sobrepasando juntos”, insistió el lunes a periodistas.
La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista en las negociaciones con la Plataforma Unitaria de la oposición, anunció que solicitaría una reunión de la comisión de verificación de los acuerdos firmados en Barbados, argumentando que se violó uno de los puntos que establece que las partes procurarán que las condiciones electorales expuestas sean “igualmente aplicables” para todos los procesos electorales que corresponda desarrollar.
Pero, la oposición sostiene que la primaria está protegida por el punto del acuerdo que establece el compromiso a reconocer y respetar el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato para las presidenciales “de manera libre y conforme a sus mecanismos internos”.
Para Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y diplomacia y asesor sénior de Crisis Group, la sentencia de la Sala Electoral “es un claro incumplimiento del acuerdo firmado en Barbados”, que prevé que el régimen y la oposición puedan elegir su candidato según el método de preferencia.
Tras la firma del acuerdo en Barbados, el Gobierno estadounidense anunció la flexibilización temporal de algunas sanciones en la industria petrolera, pero advirtió que las medidas serían revertidas si antes de finalizar noviembre no se evidencian pasos concretos orientados al levantamiento de inhabilitaciones y la liberación de presos políticos.
Abogados y politólogos coinciden en que la decisión del TSJ evidencia que en Venezuela existe «violación de garantías» y que pone en «tela de juicio» la flexibilización de sanciones.
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