Twitter, de Elon Musk, y otras grandes compañías de redes sociales se enfrentan a la perspectiva de miles de millones en multas después de que el gobierno australiano diera a conocer las nuevas leyes que apuntan hacia la «información errónea y la desinformación».
Tras un proceso de meses de duración, la ministra de Comunicaciones australiana, Michelle Rowland, dio a conocer el proyecto de ley que otorgará mayores poderes al organismo regulador de los medios de comunicación del país, la Autoridad Australiana de Comunicaciones y Medios (ACMA), para que ponga fin a los contenidos nocivos en línea.
«La desinformación siembra la división en la comunidad, socava la confianza y puede amenazar la salud y la seguridad pública», declaró la ministra de Comunicaciones el 26 de junio.
Este proceso de consulta da a la industria y al público la oportunidad de expresar su opinión sobre el marco propuesto, que pretende lograr el equilibrio adecuado entre la protección contra la información errónea y desinformación perjudicial en línea y la libertad de expresión».
El gobierno prometió que la ACMA no tendrá poder para determinar lo que es «verdadero o falso» en publicaciones individuales y no tendrá impacto en «contenidos informativos profesionales o contenidos electorales autorizados».
Nuevas normas y sanciones
El proyecto de Ley de Enmienda de la Legislación de Comunicaciones (Lucha contra la información errónea y la desinformación) de 2023 introduce un sistema de dos niveles para regular la información errónea o la desinformación en línea.
En el primer nivel, la ACMA pedirá a las empresas de redes sociales que elaboren un código de prácticas (códigos sectoriales), que será registrado y aplicado por la ACMA —de forma similar al sector de las telecomunicaciones.
El incumplimiento de este código conllevará importantes sanciones, entre ellas una multa de USD 2.75 millones o el 2% de la facturación global, la que sea mayor.
Si se incumple el código, la ACMA creará y aplicará una norma industrial (una forma de regulación más estricta) que conllevará sanciones aún más elevadas, de USD 6.8 millones o el 5% de la facturación mundial —millones para Twitter y miles de millones para empresas como Meta (Facebook).
Estas leyes pretenden reforzar los códigos voluntarios existentes desarrollados por el Grupo de la Industria Digital.
La oposición federal ha manifestado su preocupación por cómo determinará la ACMA qué es «información errónea o desinformación».
«Se trata de un ámbito político complejo, y hay que evitar que el gobierno se extralimite», declaró David Coleman, ministro de Comunicaciones en la sombra.
«El público querrá saber exactamente quién decide si un contenido concreto es ‘información errónea’ o ‘desinformación'».
«Las importantes sanciones asociadas a esta legislación ponen potencialmente un poder sustancial en manos de los funcionarios del gobierno», dijo Coleman en una declaración en línea.
Por su parte, el Dr. Nick Coatsworth, exsubdirector médico, que ha tenido desacuerdos públicos con otros médicos sobre las políticas de cierre y vacunas, también se mostró escéptico sobre las leyes.
«La información errónea es una acusación que se lanza con tanta facilidad que una legislación así sería imposible de aplicar; y si se aplicara, llevaría inevitablemente a imponer multas por cosas que no son, o resultan no ser», escribió el Dr. Coatsworth en Twitter.
Las autoridades animaron al público a presentar recomendaciones sobre la legislación antes del 6 de agosto de 2023.
Enfrentamientos de Musk con las autoridades australianas
La ACMA es la autoridad australiana de radiodifusión, que tiene una competencia más amplia que la de la comisionada australiana de eSafety, que se centra exclusivamente en los contenidos en línea.
Pocos días antes, la comisionada amenazó a Twitter con multas diarias de hasta 700,000 dólares australianos (USD 476,000) a menos que explique qué estaba haciendo para combatir el «discurso del odio» en su plataforma.
La comisionada dijo que había recibido «más quejas sobre el odio en línea en Twitter en los últimos 12 meses» que cualquier otra plataforma y alegó sobre un «número creciente» de informes de abuso grave en línea desde que Musk asumió el cargo en octubre de 2022.
La comisionada, Julie Inman Grant, también atribuyó la culpa del aumento de la «incitación al odio» a la decisión de Musk de reducir la plantilla global de Twitter de 8000 a 1500 trabajadores (incluidos sus «equipos de confianza y seguridad») y de poner fin a su presencia en Australia en materia de políticas públicas.
Musk indicó que los recortes de personal eran necesarios porque la empresa era ineficaz y tenía un exceso de personal; a pesar de cotizar en bolsa y ser ampliamente utilizada, Twitter aún no ha obtenido beneficios de forma sistemática.
Rob Nicholls, profesor asociado de la Universidad de Nueva Gales del Sur, afirmó que en Australia no existe el derecho a la libertad de expresión, y que solo hay un «derecho implícito de comunicación política».
Este derecho tampoco se legisló, sino que fue extraído del derecho consuetudinario por los jueces.
«Como es habitual en el entorno australiano, no hacer lo que se dice es más problemático desde el punto de vista normativo que una conducta problemática», dijo Nichols previamente a The Epoch Times por correo electrónico.
«Es importante señalar que los comentarios de la comisionada de eSafety se referían a que Twitter promovía el discurso del odio cuando tiene una política para prohibir las conductas de odio en la plataforma».
Nicholls ha afirmado que la falta de presencia de Twitter en Australia en materia de política pública para colaborar con las autoridades jugará en contra de la gran compañía de redes sociales.
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