Como respuesta a las declaraciones de huelga de los estudiantes de posgrado e investigadores académicos, en sus campus, el 3 de junio, la Universidad de California presentó una demanda contra quienes los representan, el sindicato United Auto Workers 4811, solicitando una orden de restricción temporal.
La universidad alega que las huelgas, que ya se han extendido a seis campus, constituyen una violación de las cláusulas de no huelga de los convenios colectivos vigentes entre el sindicato y la universidad.
«El flagrante incumplimiento por parte de la UAW de las cláusulas de no huelga de las partes seguirá causando un daño irreversible a la universidad, ya que interrumpirá la educación de miles de estudiantes en forma de clases canceladas y retrasos en las calificaciones», declaró Melissa Matella, vicepresidenta asociada de Relaciones Laborales de todo el sistema académico, en un comunicado de prensa del 5 de junio.
«El incumplimiento del contrato también pone en peligro la investigación que salva vidas en cientos de laboratorios de toda la universidad y también causa a la universidad daños monetarios sustanciales».
La demanda alega que los trabajadores ahora en huelga «desempeñan un papel fundamental en la docencia, dirigiendo secciones de debate y laboratorios, y calificando el trabajo de casi 200,000 estudiantes universitarios, además de participar en investigaciones fundamentales».
El 15 de mayo, el sindicato votó a favor de autorizar una huelga en todo el sistema académico, y los trabajadores del campus de Santa Cruz abandonaron el trabajo el 20 de mayo.
Dos campus más, Davis y Los Ángeles, se unieron a la huelga el 28 de mayo, e Irvine, Santa Bárbara y San Diego se unieron el 31 de mayo.
Las declaraciones de los responsables sindicales apuntan a prácticas laborales injustas, mientras que la demanda alega que las huelgas son intentos de obligar a la universidad a desinvertir en empresas que hacen negocios con Israel y no están relacionadas con las condiciones laborales.
Se espera que las huelgas duren al menos hasta el 30 de junio, según declaraciones del sindicato.
La demanda alega que los paros resultarán perjudiciales para los estudiantes que se incorporaron a los exámenes finales a partir de la primera semana de junio y causarán a la universidad «daños graves e irreparables».
El sistema universitario, ahora inmerso en conflictos laborales, se vio afectado por las acampadas en sus campus debido al conflicto en curso entre Israel y Gaza.
Las protestas y acampadas estuvieron permitidas durante meses, pero cuando los administradores determinaron que amenazaban la seguridad del profesorado y los estudiantes, se tomó la decisión de emitir avisos para que se dispersaran.
Los que no acataron la orden fueron detenidos, y en algunos campus se produjeron enfrentamientos entre las fuerzas del orden y los manifestantes.
A partir de mayo, el sindicato empezó a convocar huelgas para detener la «represión de la libertad de expresión» de la universidad.
Tras conocer las intenciones del grupo, la universidad respondió con peticiones para bloquear tales acciones por considerar que se estaban violando los acuerdos contractuales.
Cuando la Junta de Relaciones Laborales Públicas de California denegó en dos ocasiones los intentos de la universidad de detener las huelgas, el sistema académico presentó una demanda ante la Corte Superior del estado, en busca de una resolución en el condado de Orange.
Los líderes sindicales dijeron que la huelga es necesaria para proteger los derechos de los trabajadores y de los estudiantes.
«Como hemos dejado claro desde el principio, nos oponemos a la violenta represión por parte de la UC de nuestro derecho a la libertad de expresión y a la protesta pacífica consagrada en nuestros derechos laborales», declaró Rafael Jaime, presidente de UAW 4811, en una declaración posterior a la presentación de la demanda.
«La UC hizo que nuestros compañeros de trabajo fueran rociados con gas lacrimógeno, golpeados, arrestados e impedidos de trabajar por manifestarse pacíficamente. Nosotros no podemos aceptar las graves prácticas laborales injustas de la UC. Tenemos que proteger nuestros derechos laborales fundamentales».
Él sostuvo que la universidad debería haber acatado las decisiones de la junta de empleo y sugirió que la medida de demandar al sindicato era innecesaria y no tenía precedentes.
«La UC sigue eludiendo su responsabilidad por la violencia que ha causado y permitido contra los miembros del sindicato y la comunidad universitaria», posteó el Sr. Jaime el 3 de junio en X. «La UC debería respetar la ley, volver a la mediación y resolver sus graves prácticas laborales injustas, en lugar de seguir insistiendo en que no se le aplican las normas».
Algunos trabajadores en huelga del campus de Irvine dijeron que el sindicato no está yendo lo suficientemente lejos y están sugiriendo que la huelga podría continuar más allá del 30 de junio.
«A nosotros no nos interesan los dictados ni los límites de la huelga [de prácticas laborales desleales], ya que cuestionamos sus premisas y supuestos básicos y la forma en que la dirigencia electa de la UAW ha planteado estrategias y se ha comprometido con la huelga hasta el momento», posteó un colectivo de trabajadores de base el 4 de junio en X.
«Nosotros reconocemos que la construcción de una infraestructura colectiva para sostener nuestra retención del trabajo más allá del 30 de junio y transformar y sostener la conciencia del campus requiere un compromiso inquebrantable de unos con otros, con los palestinos y con quienes se enfrentan y soportan el imperio en todo el mundo».
Ellos dijeron que su apoyo a la liberación palestina es inquebrantable y que sus acciones pretenden educar a otros en el campus.
«Como empleados e investigadores de la UC, suspendiendo nuestro trabajo de la entidad que se aprovecha de la guerra es lo mínimo. No hay duda de eso», dijo el colectivo. «Con la chispa del momento, nuestra suspención del trabajo puede iniciar el fuego de la pradera necesario para transformar efectivamente la conciencia del campus».
Se espera una decisión de la corte en cualquier momento, que podría obligar a los huelguistas a volver al trabajo. Si eso ocurre, el sindicato dice que recurrirá.
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