La Universidad de California está considerando la posibilidad de emplear a inmigrantes ilegales en diversas funciones en su sistema de campos académicos. Su Junta de Regentes acordó en una reunión celebrada el 18 de mayo, convocar a un grupo de trabajo sobre el tema.
En una sesión a puerta cerrada, los funcionarios debatieron la medida «Oportunidades equitativas de empleo para estudiantes» (pdf) antes de proceder a votar sobre el asunto en una sesión abierta.
Un resumen ejecutivo de la directriz afirma que la universidad está «comprometida a proporcionar un acceso equitativo a la educación superior de alta calidad para todos sus estudiantes, independientemente de su estatus migratorio».
«El empleo universitario es un componente importante de la vida estudiantil y del bienestar de muchos estudiantes, ya que les ofrece oportunidades de crecimiento académico y les prepara para prosperar en las carreras que elijan», añade la academia.
El resumen señala que muchos estudiantes de la universidad dependen del empleo para mantenerse a sí mismos y a sus familiares mientras estudian y que, a cambio, ese empleo también presta un «valioso servicio» a la universidad.
«La Universidad ha evaluado si sería apropiado adoptar una política que autorice el empleo de estudiantes, independientemente de su estatus migratorio. Esta evaluación ha incluido una revisión de las teorías legales que podrían hacerse valer en apoyo de una nueva política de acceso equitativo al empleo. La Junta de Regentes está considerando una serie de planes alternativos para la posible aplicación de dicha política», señala el resumen ejecutivo.
«La Universidad propone avanzar en los pasos hacia la exploración de una política que autorice la contratación de estudiantes de la Universidad sin tener en cuenta el estatus migratorio, mediante la aprobación de la directiva de los Regentes», añade el documento.
«Próximos pasos» en debate
Tras la reunión del jueves, la junta acordó crear un grupo de trabajo que estudiará los «próximos pasos» en lo que respecta a la contratación de estudiantes inmigrantes, lo que incluirá debatir las cuestiones pertinentes y elaborar un plan de aplicación y una estrategia jurídica.
A finales de noviembre se tomará una decisión al respecto, según los directivos.
El presidente de la universidad también ha recomendado a la junta que adopte la nueva política sobre oportunidades equitativas de empleo para estudiantes, indica el resumen.
La directriz responde a una campaña de defensa de los organizadores de estudiantes inmigrantes ilegales de la Universidad, a los que se unieron profesores del Centro de Derecho y Política de Inmigración (CILP) de la Facultad de Derecho de la UCLA y del Centro Laboral de la UCLA.
En octubre, ellos lanzaron la campaña «Oportunidad para todos», en la que pedían que se concediera a miles de estudiantes inmigrantes ilegales de la universidad igualdad de acceso a las oportunidades en el campus.
Según los promotores de la campaña, hay aproximadamente 44,326 estudiantes universitarios inmigrantes ilegales en California que no tienen igualdad de acceso a las oportunidades en el campus, incluidos trabajos-tareas de estudio, prácticas remuneradas, puestos de liderazgo estudiantil en organizaciones del campus y puestos de ayudante de profesor, entre otros.
Si el sistema de 10 campos académicos de la universidad permitiera trabajar en su interior a los estudiantes que no tienen estatus legal ni permiso de trabajo, se convertiría en la primera en saltarse la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) de 1986.
En virtud de esta ley, se prohíbe a los empleadores contratar a sabiendas a inmigrantes ilegales que carezcan de autorización federal para trabajar en diversos puestos en Estados Unidos.
Argumentos
Sin embargo, los defensores de la campaña Oportunidad para Todos argumentan que un análisis de la ley realizado por CILP encontró que sí se incluye a entidades estatales como la Universidad de California.
«El análisis del CILP muestra que, dado que la Universidad de California es una rama del Estado, no se enfrenta a ninguna restricción legal en la contratación de trabajadores indocumentados», dijeron los activistas en octubre. «Esto significa que la Universidad de California puede autorizar la contratación del solicitante más cualificado para todos los puestos de empleo en el ámbito educativo, independientemente de su estatus migratorio».
Al comentar la última decisión de la junta, CILP la calificó de «gran victoria y testimonio del poder de organización de los estudiantes indocumentados».
Sin embargo, esta semana, el representante Darrell Issa (R-Calif.) expresó su preocupación por el plan a través de una carta al gobernador de California, Gavin Newsom, señalando que la Corte Suprema ha «reconocido repetidamente que la ley federal se antepone a las acciones estatales o locales de inmigración».
«La Corte ha dejado claro en repetidas ocasiones que la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (IRCA) no deja margen para que los estados adopten sus propias directrices de empleo de inmigración, ni pueden entrar en conflicto con los objetivos y propósitos de la ley federal», escribió Issa en la carta, informó Fox News.
Además, el legislador expresó su preocupación de que la medida de la universidad de contratar a inmigrantes ilegales podría resultar en la pérdida de fondos federales, lo que a su vez podría tener un impacto significativo en los estudiantes que asisten a la universidad.
«En lugar de dedicar el escaso tiempo y recursos a esto —especialmente durante una crisis presupuestaria estatal histórica y cada vez peor— el liderazgo de la universidad debería centrarse en mejores formas de reducir los gastos
La dirección de la universidad debe centrarse en mejores formas de reducir los gastos administrativos, reconstruir los estudios básicos, restablecer un ambiente saludable de libertad de expresión en el campus y recuperar la confianza pública en lo que una vez fue el sello distintivo de los mejores sistemas de educación superior de nuestra nación», dijo Issa.
La Universidad de California, en la que estudian unos 295,000 alumnos, ya ofrece una serie de servicios a los estudiantes inmigrantes ilegales, como ayuda económica, asesoramiento jurídico y apoyo académico y emocional, según su sitio web.
The Epoch Times se ha puesto en contacto con la Universidad de California para recibir sus comentarios.
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