La Unión Europea (UE) consideró este lunes que la decisión del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua de sacar del proceso de elecciones a la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) a tres meses de los comicios, dificulta la posibilidad de unas elecciones legítimas y creíbles.
El Alto Representante de la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, dijo en un comunicado que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la vicepresidenta Rosario Murillo, «quieren ganar las elecciones sin competencia».
«Su decisión, implementada por el Consejo Supremo Electoral el 6 de agosto, de despojar de personalidad jurídica al último partido político de la oposición que quedaba antes de las elecciones generales de noviembre, destroza las perspectivas de un proceso electoral legítimo y creíble», señaló.
La UE considera que «la oposición ha sido eliminada» y que se está privando a los nicaragüenses del derecho al voto «en unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes, de conformidad con la Constitución de Nicaragua y las leyes y normas internacionales de derechos humanos».
Recordó asimismo que los Veintisiete condenan «la adopción de leyes restrictivas, la continua represión sistemática y la detención arbitraria de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, líderes estudiantiles y de movimientos campesinos, periodistas y representantes empresariales».
«El presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo deben detener esta espiral autocrática y cambiar de rumbo», señala el comunicado.
La UE instó además a las autoridades nicaragüenses a «liberar a todos los presos políticos, reintegrar partidos políticos, derogar leyes restrictivas y permitir unas elecciones libres y justas con el objetivo de reconciliación y solución democrática».
La unidad cívica de todos los actores sociales, económicos y políticos de Nicaragua a favor de un cambio democrático pacífico «sigue siendo indispensable para construir un futuro mejor», añade el comunicado.
En ese contexto, indica que la UE «trabajará con la comunidad internacional para defender el diálogo y la democracia y promover el respeto del Estado de derecho y los derechos humanos en Nicaragua».
El pasado 2 de agosto la UE impuso sanciones a ocho personas más en el contexto de la crisis política que atraviesa Nicaragua e incluyó en ese grupo a la vicepresidenta y esposa de Ortega, Rosario Murillo.
El régimen de sanciones contra Nicaragua se adoptó primero en octubre de 2019, después de que el Consejo manifestara reiteradamente su inquietud ante el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenara la represión ejercida desde abril de 2018 contra opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y sociedad civil.
El 4 de mayo de 2020, el Consejo adoptó las primeras medidas restrictivas contra seis personas.
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