El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistió este martes en que la derrocada líder birmana Aung San Suu Kyi quede libre, tras conocer la nueva condena de cuatro años de cárcel a la que hace frente por los procesos judiciales impulsados contra ella tras el golpe de Estado militar de febrero.
“Reiteramos nuestro llamamiento urgente a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, así como de todos los detenidos arbitrariamente desde el golpe de Estado”, indicó en un comunicado una portavoz de Borrell.
Recordó que la posición de la UE, expresada en una declaración en diciembre pasado, sigue siendo que el juicio a Suu Kyi tuvo “motivaciones políticas”.
“Representa otro paso hacia el desmantelamiento del Estado de derecho y una nueva violación flagrante de los derechos humanos” en Birmania (Myanmar), dijo, así como “otro revés importante para la democracia” en ese país desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021.
Según indicó, estos procedimientos son un “claro intento de excluir a los líderes elegidos democráticamente” – incluidos Aung San Suu Kyi y la Liga Nacional para la Democracia – del proceso de diálogo inclusivo solicitado por los cinco puntos de consenso de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) para buscar una salida pacífica a la crisis.
Suu Kyi, de 76 años y sobre quien todavía penden otras acusaciones, ya había sido condenada previamente a cuatro años de prisión, que luego fueron rebajados a dos por un indulto de la junta militar, por otro delito de vulnerar las restricciones contra la COVID-19 y por el delito de incitación contra los militares.
En los casos que se resolvieron este lunes, el panel de jueces del tribunal especial habilitado por la junta militar en Naipyidó estimó que Suu Kyi violó la Ley de Exportación e Importación y la ley de telecomunicaciones por la tenencia sin licencia de varios equipos de comunicación y un inhibidor de señales.
La política, que está detenida desde la toma de poder de los militares y cumple condena en un lugar desconocido, afronta aún una acusación por violar la Ley de Secretos Oficiales, con un máximo de 14 años de prisión, y otros seis cargos de corrupción, castigados con hasta 15 años cada uno.
El Ejército birmano justifica el golpe por un presunto fraude masivo durante las elecciones generales de noviembre de 2020, cuyo resultado ha sido anulado y en las que el partido de Suu Kyi arrasó, como ya hizo en 2015, con el aval de observadores internacionales.
El pasado 30 de diciembre, Borrell ya instó a aplicar un embargo de armas al régimen militar de Birmania tras la matanza de al menos 35 civiles el día 24.
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