La Comisión Europea publicó el 27 de septiembre un proyecto de normas sobre combustibles de hidrógeno y nuevas condiciones para la próxima subasta de hidrógeno de la Unión Europea, con condiciones que, según la Comisión, protegerán el mercado europeo de la excesiva dependencia de la tecnología china.
Las prioridades energéticas de la UE garantizan que la tecnología del hidrógeno bajo en carbono se beneficie «de una conexión y un acceso más fáciles a la red de gas existente y de descuentos en las tarifas transfronterizas y de inyección», según la Comisión.
El Banco del Hidrógeno del bloque se creó para incentivar las tecnologías energéticas del hidrógeno, y el próximo 3 de diciembre celebrará una subasta para conceder hasta 1200 millones de euros (unos 1340 millones de dólares) a los productores de hidrógeno.
La Comisión declaró que habría nuevas condiciones de «resiliencia», que exigen a los productores «contribuir a una cadena de suministro diversificada y evitar crear una dependencia de un único tercer país que pueda amenazar la seguridad del suministro de electrolizadores». Los electrolizadores separan el hidrógeno del oxígeno del agua.
China produce actualmente más de la mitad de los electrolizadores del mundo, lo que, según la Comisión, constituye «un riesgo significativo de dependencia creciente e irreversible de la UE de las importaciones de electrolizadores originarios de China, que puede amenazar la seguridad de abastecimiento de la UE».
Para poder participar en la subasta, los productores tendrán que limitar el suministro de piezas de electrolizadores a un máximo del 25% procedente de China.
El comisionado europeo Wopke Hoekstra declaró a principios de mes que los productores locales habían dicho que no podían competir con los productos chinos, más baratos.
«La próxima subasta será diferente», dijo Hoekstra en un discurso en la Universidad Tecnológica de Eindhoven (Países Bajos), adelantándose a los cambios en las normas. «Si no se puede garantizar la ciberseguridad y la seguridad europeas, si no se pueden garantizar los datos de nuestra gente y nuestras empresas, las empresas no pueden recibir apoyo».
Las nuevas condiciones exigen además que cada proyecto cuente con un plan de ciberseguridad que garantice que el control operativo y los datos de cada proyecto permanecen en la UE. También especifican que debe presentarse información sobre el origen de todos los fabricantes de equipos originales, incluido si esa fabricación se benefició de subvenciones extranjeras.
Hoekstra declaró a la prensa a principios de mes que las normas sobre ciberseguridad y datos pretenden garantizar que los datos de la UE «no acaben en manos de gobiernos de fuera de la Unión [Europea]».
Las nuevas condiciones establecen que podrán investigarse las importaciones «injustamente subvencionadas o objeto de dumping en el mercado de la UE», ya que la UE había llevado a cabo una investigación de este tipo sobre los vehículos eléctricos chinos a principios de este año, elevando posteriormente los aranceles.
La UE había llegado a la conclusión de que el régimen chino había subvencionado la industria hasta el punto de la sobreproducción y estaba haciendo dumping con sus excedentes en la economía mundial.
El Partido Comunista Chino (PCCh), en el poder, moviliza a menudo a las industrias, con un fuerte respaldo financiero estatal, para alcanzar objetivos estratégicos.
La segunda mayor economía del mundo está en crisis, con industrias insolventes y niveles récord de retirada de la inversión extranjera, y ahora socios comerciales como la UE y Estados Unidos están limitando las importaciones chinas con nuevos aranceles y restricciones debido a los ciberataques dirigidos por el PCCh, las violaciones de la normativa internacional y los abusos de los derechos humanos.
Con información de Reuters.
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