La Unión Europea sancionó este lunes a una veintena de jueces, fiscales y miembros de la judicatura rusa que jugaron «un papel fundamental» en el encarcelamiento y la posterior muerte del opositor Alexéi Navalni, así como en la condena contra el Nobel de la Paz de 2022, Oleg Orlov.
La UE adoptó las medidas en un nuevo régimen de sanciones que aprobó hoy para castigar específicamente a individuos y entidades rusas que violen los derechos humanos, al margen del que ya existe para sancionar este tipo de acciones en cualquier otra parte del mundo.
Las sanciones afectaron también al sistema penitenciario ruso en su conjunto, según explicó el Consejo de la UE en un comunicado.
En concreto, se les prohibió entrar en la UE y se les congeló los activos que tienen en el bloque comunitario, además de impedir que individuos y entidades europeas les faciliten fondos.
Los países de la UE llevaban desde febrero discutiendo la posibilidad de adoptar un régimen de sanciones específico, para lograr que el marco que tiene actualmente en vigor para castigar a quienes violen los derechos humanos incluya a personas y entidades rusas.
Tras la muerte de Navalni en una cárcel del ártico, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, propuso nombrar a este régimen de sanciones con el nombre del opositor ruso, pero finalmente no hubo consenso entre los Veintisiete para ello.
«La impactante muerte de Alexéi Navalni fue otra señal de la represión acelerada y sistemática por parte del régimen del Kremlin. Él, al igual que otros presos y víctimas políticas, dio esperanza a los demócratas y a la sociedad civil en Rusia. No escatimaremos esfuerzos para exigir responsabilidades a los dirigentes políticos y a las autoridades rusas», dijo Borrell.
Por otra parte, la UE aprobó también nuevas sanciones contra ‘Voice of Europe’, por considerar que difunde propaganda del Kremlin, así como contra Artem Marchevskyi, por haber jugado un «papel fundamental» en la adquisición de este medio de comunicación.
Estas sanciones suponen también la prohibición de entrar en la UE y la congelación de los activos, además de impedir que individuos y entidades europeas les faciliten fondos.
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