Estas pueden sonar como palabras que vienen de un jefe de la mafia: golpear a nuestros objetivos [enemigos], y si no somos capaces de localizarlos, encontrar a sus amigos y familiares. Pero estas son precisamente las palabras pronunciadas por un funcionario municipal del Partido Comunista Chino (PCCh) al hablar de como debían ser tratados los peticionarios, ciudadanos comunes que recurren a las autoridades de Beijing por sus reclamos.
Esta situación se reveló en una grabación de tres minutos de duración de una reunión celebrada por funcionarios locales en la ciudad de Wu’an, en la provincia de Hebei, en el norte de China sobre el asunto del “mantenimiento de la estabilidad”- un eufemismo para reprimir los disidentes -, y que recientemente se filtró en línea [web], informó Radio Free Asia (RFA) el 15 de mayo. Aunque no se conoce la fecha de la reunión, se identificaron tres personas en la grabación: Guo, el jefe de un tribunal local; Li, el jefe de la policía de la ciudad; y Han Baokui, el jefe local de un órgano consultivo, el Congreso Consultivo Político del Pueblo Chino (CCPPCh).
Han Baokui es el orador principal de la grabación. Él etiqueta conjuntamente a los peticionarios como personas que están “en contra del Partido [comunista chino] y las autoridades”.
“La gente que viaja a Beijing y las [personas] que incitan a otros a ir a Beijing deben ser tratados con dureza”, expresa Han en la grabación.
Han Baokui continúa explicando como debe hacerse, diciendo: “Ya que estas personas están dispuestas a oponerse al Partido [comunista chino] y a las autoridades, los atacamos”. Y si la policía no puede localizar a estos peticionarios, Han les indica a los funcionarios en la reunión “que busquen a sus familiares y amigos”.
La petición a las autoridades centrales es una tradición que se remonta a la antigua China, cuando los ciudadanos viajaban a la capital e imploraban a los funcionarios de la corte imperial como último recurso para buscar justicia.
Tal sistema de petición todavía existe en la China moderna, pero los peticionarios se enfrentan a continuos arrestos y hostigamiento por parte de las autoridades comunistas chinas. Muchos peticionarios terminan siendo detenidos en la temida cárcel negra en Beijing conocida como Jiujingzhuang.
En la grabación, Han Baokui se jacta abiertamente de lo fácil que es localizar a alguien si deja un comentario en línea [web] desfavorable hacia el Partido. Finalmente, Han manifiesta que todo “debe hacerse en secreto”.
Los comentarios de Han Baokui ponen en evidencia como se trata duramente a los peticionarios en China.
“Sus observaciones son representativas de la postura de las autoridades centrales. Meng Jianzhu, [ex] secretario del Partido de la Comisión Central de Asuntos Políticos y Jurídicos [que antes controlaba todo el aparato de seguridad del país], ¿no dijo una vez que la estabilidad lo es todo”, comentó Jiang Jiawen, un conocido activista de derechos humanos de la provincia de Liaoning, al norte de China, en una entrevista con la emisora de televisión NTD, con sede en Nueva York.
Jiang agregó: “Peticionarios de Wuhan, provincia de Hubei, que fueron a Beijing, fueron despojados [de sus bienes] y luego arrojados a las cárceles negras”. En otras provincias, como Shandong, Jilin, Liaoning, muchos peticionarios recibieron largas sentencias, según Jiang.
Sin un verdadero estado de derecho, a cualquiera que el Partido desapruebe está destinado a ser procesado injustamente, según Li Jianfeng, un ex juez chino en la provincia costera china de Fujian.
Según la RFA, Han Baokui anteriormente fue secretario del Partido de la oficina local de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos en Wu’an. Después del “incidente de los 709”, cuando cientos de abogados de derechos humanos en toda China fueron arrestados, detenidos e interrogados en julio de 2015, Han emitió una orden a la asociación local de abogados para que llevara a cabo tareas de “mantenimiento de la estabilidad”, lo cual significó tomar medidas enérgicas contra los abogados de derechos humanos.
El régimen chino gasta sistemáticamente más recursos en acabar con la disidencia que en su propio ejército. En 2009, el gasto en “seguridad pública” superó el presupuesto de defensa del país en 87.000 millones de yuan (unos 14.000 millones de dólares). De 2011 a 2013, continuó con la misma tendencia.
Al señalar a los peticionarios como personas que “se oponen al Partido y a las autoridades”, o en otras palabras, enemigos del estado, el régimen chino podría así mantener mejor su autoridad, explicó Sui Muqing, un abogado de derechos humanos de Guangzhou, una metrópoli en el sur de China, en una entrevista con la RFA.
“Este país autocrático fortalece su aparato [político] creando continuamente [nuevos] enemigos”, remarcó Sui.
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