Un informe de una comisión diplomática de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicado este martes, ha concluido que existe una «alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua», lo que acerca el país centroamericano a su suspensión.
En el documento, la comisión reconoce que sus gestiones con el Gobierno del mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, han sido «infructuosas» y, por ello, pide la convocatoria «inmediata» de una Asamblea General de la OEA, el foro supremo del organismo que reúne a los cancilleres del continente.
En esa reunión de carácter extraordinario, los titulares de Exteriores pueden optar por proponer la suspensión de Nicaragua, la manera más dura que tiene la OEA de amonestar a un país.
En sus 70 años de historia, el bloque hemisférico solo ha suspendido a dos naciones: Honduras, en 2009, después del golpe de Estado que depuso a Manuel Zelaya como presidente; y Cuba, en 1959 tras el triunfo de la Revolución de Fidel Castro y en medio de la Guerra Fría.
En concreto, la comisión pide al Consejo Permanente de la OEA, que reúne a los embajadores de los países, que declare oficialmente que «hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua» y que «convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión».
La convocatoria de esa sesión extraordinaria de la Asamblea General no es automática: es necesario el voto a favor de 24 de los países del Consejo Permanente, es decir, dos tercios de los 35 miembros de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en él desde 1962).
Para justificar que existe una ruptura del orden constitucional, la comisión asegura que el régimen de Ortega ha usado «mecanismos de control y subordinación» para controlar los demás poderes del Estado, incluidos el Legislativo, Judicial y el Consejo Supremo Electoral.
Esas medidas adoptadas por Ortega «hacen inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado cooptado e incompatible con el Estado de derecho», concluye el informe.
En agosto, la OEA aprobó la creación de una comisión que tenía un plazo de 75 días para dialogar con Ortega e intentar buscar una salida a la crisis que comenzó el 18 de abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio.
Ese plazo de 75 días se cumplía esta semana, lo que supone el fin del trabajo de la comisión.
Ese órgano ha estado integrado por el embajador de EE.UU. ante la OEA, Carlos Trujillo; el subsecretario de Asuntos de América del Ministerio de Exteriores de Argentina, Leopoldo Francisco Sahores; la representante de Panamá en la OEA, Elisa Ruiz Díaz; así como Sébastien Sigouin, responsable de Centroamérica en el Ministerio de Exteriores de Canadá; y la embajadora ante la OEA de Jamaica, Audrey Marks.
El régimende Ortega se ha negado en repetidas ocasiones a reconocer la legitimidad de la comisión creada por la OEA, a la que considera un intento de «injerencia» de Washington, y llegó incluso a prohibir el ingreso de los diplomáticos de dicha comisión cuando trataron de viajar al país a mediados de septiembre.
Ortega afirma que las protestas que estallaron en 2018 para pedir su renuncia son un «golpe de Estado» y reconoce solo 200 víctimas mortales. Algunos organismos locales cuentan hasta 651, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contabilizó 328.
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