El juez boliviano que fue detenido cuando iba a interrogar a procesados por el caso de supuesta corrupción en la compra de respiradores en España, entre ellos un exministro, quedó libre este sábado, entre críticas de interferencia en la Justicia en un proceso polémico en Bolivia.
El magistrado Hugo Huacani fue liberado por un tribunal de garantías constitucionales, que dejó sin efecto la detención decretada el día anterior cuando se le esperaba en un juzgado de La Paz para una audiencia con cinco detenidos por este caso, entre ellos el exministro interino de Salud Marcelo Navajas.
La ausencia del juez cuando ya estaban en el juzgado los aprehendidos, que habían llegado entre una gran expectación mediática, generó una serie de dudas sobre el proceso, pues conllevó que por segunda vez fuera suspendida la audiencia.
Huacani había sido denunciado por supuesto prevaricato en otro caso, pero mantiene que desconocía que hubiera un proceso en su contra ni que tuviera alguna citación.
La detención y posterior libertad del juez desencadenó críticas sobre supuestas presiones al proceso, que es el mayor escándalo de corrupción en Bolivia en los cerca de seis meses que lleva Jeanine Añez en el poder de forma interina.
Críticas al proceso
La bancada parlamentaria del Movimiento al Socialismo, advirtió en Twitter de «maniobras jurídicas del gobierno transitorio de Jeanine Anez de presionar al Ministerio Público con chicanas jurídicas para frenar la audiencia», algo que aseguró que expondrá en una comisión del Parlamento boliviano que tiene previsto investigar este caso.
El caso investiga una compra por supuesto sobreprecio, en al menos el triple de su valor, de 170 respiradores a una empresa en España, que están destinados a hospitales de Bolivia para pacientes críticos con el virus del PCCh, comúnmente conocido como nuevo coronavirus, aunque en el país colectivos médicos alertan de que solo valen para emergencias y no para terapia intensiva.
El contrato es cuestionado por haberse firmado en un tiempo récord de cuatro días pese a las advertencias de varios funcionarios de posibles irregularidades, como la intervención del exministro sin que fuera preceptiva, y la Cancillería boliviana ha llamado al cónsul del país en la ciudad española de Barcelona, David Alberto Pareja, para que informe si intervino en la compra.
La adquisición por la que Bolivia ya pagó cerca de 2.2 millones de dólares estaba prevista por unos cinco millones, aunque el Gobierno interino del país asegura que no pagará más a la empresa intermediaria que fue contratada en España.
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