El juez de la Corte Suprema, Samuel Alito, se opuso en solitario la semana pasada a un fallo mayoritario según el cual Luisiana y Texas carecían de legitimación para impugnar una política de inmigración de la administración Biden.
La corte superior, en una decisión de 8-1 (pdf), dictaminó que los estados demandantes carecían de legitimación para presentar una demanda contra las prioridades de la administración Biden en materia de inmigración, que se dieron a conocer en 2021. La semana pasada, el Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dio la bienvenida a la orden, alegando que esta despeja el camino para las directrices de aplicación que anunció en su momento.
“Según Texas y Louisiana, la política de arresto detallada en las Directrices de 2021 del Departamento de Seguridad Nacional no cumple con los mandatos legales de arresto en §1226(c) y §1231(a)(2). Los estados quieren que el Poder Judicial Federal ordene al Departamento que modifique su política de arrestos para que el Departamento arreste a más no ciudadanos”, escribió el juez Brett Kavanaugh para la mayoría. “La pregunta fundamental es si los Estados tienen legitimación en virtud del artículo III para mantener esta demanda. La respuesta es no».
Kavanaugh escribió que los dos estados “no citan ningún precedente, historia o tradición de cortes federales que admitan demandas de este tipo”.
Pero Alito discrepó, diciendo que la mayoría ignoraba un «precedente importante» para impulsar un poder ejecutivo «arrollador». El fallo, escribió también, avalaría ese poder y acusó a la Corte Suprema de ignorar su «obligación prácticamente inquebrantable» de ejercer su mandato.
“La Corte sostiene que Texas carece de capacidad para impugnar una política federal que inflige un daño sustancial al Estado y sus residentes al liberar a extranjeros ilegales con condenas penales por delitos graves”, escribió Alito. «Para llegar a esta conclusión, la Corte deja de lado un precedente importante que controla directamente la cuestión de la legitimación, se niega a aplicar nuestra prueba establecida para la legitimación, hace caso omiso de las conclusiones de hecho realizadas por la Corte de Distrito después de un juicio, y sostiene que el único límite al poder de un presidente para desobedecer una ley como la importante disposición en cuestión es el poder del Congreso para emplear las armas de la guerra entre poderes—retención de fondos, impeachment y destitución, etc.».
También escribió: «Yo no abriría este desafortunado camino. Simplemente aplicaría el derecho establecido, que lleva ineludiblemente a la conclusión de que Texas tiene legitimación activa».
El año pasado, cuando la Administración dio a conocer sus directrices sobre inmigración, un juez federal de Texas ordenó su suspensión en todo el país y una corte federal de apelaciones de Nueva Orleans se negó a intervenir. Anteriormente, una corte federal de apelaciones de Cincinnati había anulado la orden de un juez de distrito que suspendía la política en una demanda presentada por Arizona, Ohio y Montana.
“Este amplio Poder Ejecutivo avalado por la decisión de hoy puede ser al principio recibido calurosamente por los defensores de un poder presidencial fuerte, pero si los presidentes pueden ampliar sus poderes tanto como puedan en una prueba de fuerza con el Congreso, presumiblemente el Congreso puede recortar el poder ejecutivo tanto como pueda esgrimiendo las formidables armas que tiene a su disposición», escribió también Alito. «Eso no es lo que prevé la Constitución».
Para concluir, el juez designado por Bush escribió que la Corte Suprema “ejerce el poder conferido por el Artículo III de la Constitución, y debemos estar atentos para no exceder los límites de nuestro papel constitucional. Pero cuando tenemos jurisdicción, tenemos la ‘obligación prácticamente inquebrantable’ de ejercer esa autoridad”.
Hace once meses, cuando la administración le pidió a la Corte Suprema que interviniera, los jueces votaron 5 a 4 para mantener la política en suspenso. Al mismo tiempo, la corte accedió a conocer el caso, que se discutió en diciembre.
El presidente de la Corte Suprema John Roberts, así como los jueces Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson se unieron a Kavanaugh. Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett estuvieron de acuerdo por otras razones.
«Esta decisión es indignante», escribió el viernes el gobernador de Texas, Greg Abbott, en un mensaje en Twitter sobre su fallo, agregando que la medida daría a la Casa Blanca «carta blanca para evitar la rendición de cuentas por abandonar la aplicación de las leyes de inmigración”-
Abbott agregó: “Texas continuará desplegando la Guardia Nacional para repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales que intentan ingresar ilegalmente a Texas”.
En otra decisión relacionada con la inmigración, emitida también el viernes, la Corte confirmó una sección de la ley federal que se utiliza contra las personas que fomentan la inmigración ilegal.
Por 7 votos a favor y 2 en contra, los jueces reafirmaron la condena penal de Helaman Hansen, un hombre de California que ofrecía adopciones de adultos que, según afirmaba falsamente, permitirían obtener la ciudadanía estadounidense. Al menos 471 personas pagaron a Hansen entre USD 550 y 10,000 cada una, o más de USD 1.8 millones en total, según el gobierno.
Hansen fue procesado en virtud de una sección de la ley federal de inmigración que establece que una persona que «alienta o induce» a un no ciudadano a entrar o permanecer ilegalmente en Estados Unidos puede ser castigada con hasta cinco años de prisión. Esa pena aumenta a 10 años si la persona que alienta lo hace para obtener un beneficio económico personal. Los jueces rechazaron un fallo de una corte de apelaciones que consideraba que la ley es demasiado amplia y viola la Constitución.
The Associated Press contribuyó a este artículo.
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