El juez del Tribunal Supremo de Nueva York Arthur Engoron había emitido una orden de mordaza a ambas partes en un caso que la fiscal general de Nueva York, Letitia James, presentó contra el expresidente Donald Trump, prohibiendo cualquier declaración que ataque a su equipo judicial. El 20 de octubre, amonestó al equipo jurídico de Trump por lo que calificó de «flagrante violación» de la orden mordaza.
El juez Engoron había emitido la orden de silencio el 3 de octubre, el segundo día del juicio, después de que el presidente Trump hiciera una publicación sobre la secretaria del juez. A las pocas horas, el post fue borrado. Pero el viernes por la mañana, el juez dijo en el tribunal que se enteró de que el post todavía había estado en el sitio web de la campaña del presidente Trump durante 17 días.
«A pesar de esta orden, anoche me enteré de que el post ofensivo nunca fue eliminado de un sitio web. Esto es una violación flagrante de la orden de silencio. Dejé claro [que] el incumplimiento dará lugar a sanciones graves», dijo, según los medios de comunicación.
El juez dijo que había enviado un correo electrónico a los abogados el jueves por la noche, y que fue borrado después.
«Ahora permitiré que el acusado explique por qué esto no debería terminar con sanciones graves o posiblemente podría encarcelarlo», dijo el juez.
El abogado de Trump, Christopher Kise, se disculpó ante el tribunal y dijo que había sido un descuido, no una violación intencionada de la orden. El post había sido copiado en una página «en caso de que se lo perdiera» del sitio web, y no fue borrado cuando lo fue el post de Truth Social.
«De Truth Social fue retirado y Trump no volvió a hacer más comentarios sobre el personal del tribunal», dijo Kise según los informes.
«Parece que nadie tampoco retiró el enlace ICYMI que está en el sitio web de la campaña en las últimas páginas», añadió. «Verdaderamente esto parece ser inadvertido. Desde luego, pido disculpas en nombre de mis clientes».
«No hubo ninguna intención de evadir, o eludir, o ignorar la orden», dijo.
Kise explicó que la campaña toma todas las publicaciones de Truth Social del presidente Trump y las envía, archivándolas en el sitio web.
En respuesta a la explicación de Kise, el juez dijo: «Tomaré esto en consideración».
«Quiero dejar claro que Donald Trump sigue siendo responsable de la gran máquina, aunque sea una gran máquina», añadió, sugiriendo también que los posts del ex presidente podrían provocar «graves daños físicos y cosas peores».
Caso
El juicio que comenzó el 2 de octubre tratará sobre el destino del imperio inmobiliario del presidente Trump.
James lo demandó el pasado mes de septiembre, alegando que defraudó al Estado y provocó que las aseguradoras y los prestamistas asumieran riesgos indebidos porque había inflado artificialmente su patrimonio neto en los estados financieros.
Pide 250 millones de dólares por daños y perjuicios y que se impida al presidente Trump y a otros ejecutivos de la Organización Trump, sus dos hijos adultos, ocupar cargos ejecutivos en el estado de Nueva York.
Al dictar una sentencia sumaria previa al juicio, el juez Engoron ordenó el desmantelamiento de la Organización Trump y sus sociedades de responsabilidad limitada relacionadas, dando a ambas partes apenas unos días para nombrar a un administrador judicial independiente que se encargue de la disolución de las entidades.
Un tribunal de apelaciones puso en pausa esa orden para permitir que el juicio se desarrollara primero, después de que los abogados de Trump argumentaran que esta orden pondría fin precipitadamente a los puestos de trabajo de cientos de empleados de la Organización Trump.
Varios testigos ya han declarado sobre los estados financieros.
Contables externos declararon que se basaron en cifras preparadas por los ejecutivos de la Organización Trump para elaborar los estados financieros, y que no hicieron análisis o auditorías independientes.
Un antiguo prestamista declaró que el Deutsche Bank había hecho análisis adicionales del valor de las propiedades de la Organización Trump, y que los estados financieros solo habían sido un factor.
Un tasador declaró que un banco le había contratado para hacer una tasación del 40 de Wall Street, que no había sido contratado por la Organización Trump para hacerlo, y que una tasación no era lo mismo que una valoración.
Segunda orden de silencio
También se impuso una segunda orden de mordaza al presidente Trump, limitando su discurso mientras hace campaña para presentarse de nuevo a la presidencia en 2024.
En un caso penal federal en Washington, D.C., la jueza Tanya Chutkan ha prohibido tanto a la fiscalía como a la defensa dirigirse a los equipos legales y su personal, al personal del tribunal y a cualquier testigo potencial.
La orden se produjo después de que el abogado especial Jack Smith argumentara que la plataforma del presidente Trump podría permitirle intimidar a los testigos para que no testifiquen e influir en los posibles jurados a su favor.
Si bien la jueza rechazó la orden propuesta por el abogado especial para limitar las declaraciones «incendiarias», emitió órdenes similares al juez Engoron al prohibir a todas las partes hacer declaraciones que «apunten» a personas relacionadas con el caso.
Dado que varias de esas partes atacan habitualmente al presidente Trump en Internet o en los medios de comunicación, esto le impediría contrarrestar esas declaraciones durante su campaña política.
La jueza no había especificado sanciones por violar la orden de mordaza en la presentación judicial, pero dijo durante una audiencia que consideraría sanciones.
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