Un juez federal de Texas declaró ilegal el miércoles la versión revisada del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).
El fallo del juez de distrito Andrew Hanen reiteró que la política federal de la era Obama es ilegal y debería haber emanado del Congreso. DACA proporciona a cientos de miles de inmigrantes ilegales traídos a Estados Unidos cuando eran niños una protección renovable de dos años contra la deportación.
«Las disposiciones restantes de la orden judicial original deben permanecer en su lugar y deben ser aplicables a la Regla Final DACA», escribió el juez Hanen.
El fallo impide que el gobierno federal acepte nuevas solicitudes de DACA, pero mantiene el programa para los beneficiarios existentes durante el proceso de apelación. El fallo no obliga a tomar medidas inmediatas contra los actuales beneficiarios de DACA.
Texas y otros ocho estados se han opuesto activamente a DACA. Su argumento central es que la administración Obama se excedió en su autoridad al crear DACA en 2012, pasando por alto al Congreso. Han sostenido que el presidente Joe Biden también se extralimitó en su autoridad cuando lo renovó en 2022, pasando por alto al Congreso.
Los nueve estados liderados por los republicanos también pidieron a la Corte que eliminara gradualmente el programa a lo largo de dos años, calificando la versión revisada de la administración Biden de «sustancialmente ilegal» por las mismas razones que el Memorando DACA original de la era Obama.
«La Corte debería declararlo ilegal e inconstitucional, anularlo en su totalidad y prohibir permanentemente su aplicación (con una transición prudente para los actuales beneficiarios de DACA)», decía su demanda, presentada a principios de este año.
Se cree que alrededor de 800.000 personas son beneficiarias de DACA, y se cree que dos tercios de los inscritos en el programa tienen entre 21 y 30 años y han vivido y trabajado en Estados Unidos la mayor parte de su vida tras entrar ilegalmente cuando eran niños.
Los estados demandantes en el caso también sostienen que soportan costes sustanciales, incluidos cientos de millones de dólares en atención sanitaria y educación, cuando se permite a los inmigrantes permanecer en el país sin estatus legal.
En 2021, el juez Hanen, nombrado por el Presidente George W. Bush, declaró ilegal el programa, alegando que no se habían respetado los plazos de notificación y comentario públicos. Esta decisión fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en 2022.
Intentando abordar las preocupaciones del juez, el presidente Biden anunció la renovación del programa DACA en agosto de 2022, convirtiéndolo en una normativa federal. Entró en vigor en octubre, sujeta a los comentarios del público en un proceso formal de elaboración de normas, en sustitución del memorando de 2012 del ex presidente Barack Obama que estableció inicialmente DACA.
En ese momento, el secretario de Seguridad Nacional, Mayorkas, dijo que Estados Unidos «se ha enriquecido» con los jóvenes del programa DACA, a los que se denomina «Dreamers», y sostuvo que «no han conocido otro país que Estados Unidos como propio.»
Los estados demandantes, por su parte, argumentaron que el presidente Biden se extralimitó en su autoridad constitucional al renovar DACA sin obtener la aprobación del Congreso.
El juez Hanen estuvo de acuerdo, sosteniendo en su fallo del miércoles que la versión revisada de DACA es inconstitucional y que la política debe provenir del Congreso.
Se espera que el fallo del juez sea apelado ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
El programa DACA ha sido supervisado durante la última década por un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que lo estableció bajo el presidente Obama, quien describió la acción como una «medida temporal, provisional.»
Los intentos de la administración Trump de poner fin a DACA en 2017 fueron frustrados por las Cortes.
Los nueve estados que presentaron la demanda son Alabama, Arkansas, Kansas, Luisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur, Texas y Virginia Occidental.
Mimi Nguyen-ly y Naveen Athrappully contribuyeron a este informe.
Actualización: Este artículo se ha actualizado para incluir un extracto de la orden judicial.
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