La Justicia española impulsó este lunes una investigación por terrorismo contra el independentismo catalán, en medio de las negociaciones para la investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España.
Uno de los investigados es el expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont, que desde Bruselas dirige la negociación de su partido, el independentista Junts, con el PSOE de Sánchez.
Puigdemont reside en Bélgica desde 2017 tras huir de la Justicia española después de la fallida declaración unilateral de independencia de Cataluña.
Un juez de la Audiencia Nacional española, Manuel García Castellón, acordó investigar por terrorismo al expresidente catalán y a otros líderes independentistas, como la secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, formación con la que el PSOE ya cerró un acuerdo para la investidura.
En el caso de Puigdemont, le ofrece la posibilidad de comparecer voluntariamente dada su condición de eurodiputado, ya que si no, tendría que dictar un suplicatorio para citarle.
Además también ha citado como testigo al coordinador de la formación independentista vasca EH Bildu, Arnaldo Otegi, otro de los grupos que confirmó su apoyo a la investidura.
El juez investiga las acciones del movimiento Tsunami Democràtic en 2019 en protesta contra la sentencia que condenó a prisión a líderes independentistas por aquella declaración unilateral, luego indultados por el Gobierno español.
García Castellón les investiga por «subvertir el orden constitucional, desestabilizar económica y políticamente el Estado, y alterar gravemente el orden público mediante la movilización social masiva».
Y cree que Puigdemont tuvo un «rol de liderazgo» en ese movimiento, por lo que ve necesario interrogarle en calidad de investigado por acciones como el bloqueo del aeropuerto de Barcelona y una huelga general en Cataluña.
La Fiscalía de la propia Audiencia Nacional, el tribunal al que competen delitos como el terrorismo en España, tiene previsto recurrir la decisión del juez.
Fuentes fiscales informaron a EFE que para la Fiscalía solo se trataría de desórdenes públicos, no de terrorismo, y el proceso debería tramitarse en tribunales de Cataluña.
Puigdemont, a través de redes sociales, acusó a las autoridades españolas de «un golpe de Estado permanente» contra el independentismo, «ya sea con sables o con togas».
ERC, por su parte, subrayó que la decisión judicial demuestra «la importancia de la amnistía» que el independentismo exige a Sánchez para apoyar su investidura, en la que entrarían los investigados por el juez.
Este tipo de investigaciones judiciales «son la reacción previsible y antidemocrática de los poderes reaccionarios del Estado contra la ley de amnistía», destacó esta formación.
El apoyo del independentismo catalán es clave para que Sánchez sea investido presidente para otros cuatro años, sin que aún esté fijada una fecha para votar sobre su investidura.
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