Un juez supremo peruano autorizó que se levante el secreto bancario del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y de dos de sus ministros en una investigación que se les sigue por presunta corrupción, informaron este viernes medios locales.
La medida fue «consentida» por el magistrado Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, y comprende a Castillo y los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado, según la resolución publicada por la emisora RPP.
Silva se mantiene prófugo de la Justicia, mientras que Castillo y Alvarado cumplen 36 meses de prisión preventiva en la investigación que se les sigue por presuntas irregularidades en las obras del Puente Tarata II, en el departamento amazónico de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la petrolera Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
Los tres son investigados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias.
Checkley adoptó la medida luego de que se venciera el plazo que establece el Código Procesal Penal para apelar la decisión que tomó su despacho el pasado 10 de noviembre «sin que las partes hayan interpuesto recurso impugnatorio alguno».
«Con dicha conducta procesal se denota su conformidad con lo resuelto, por lo que corresponde declarar consentida la resolución en referencia», precisó en su resolución.
En ese sentido, el juez dispuso que la Superintendencia de Banca, Seguros y Administración de Fondos de Pensiones levante el secreto bancario de los implicados y remita toda la información solicitada por la Fiscalía en el periodo entre el 12 de abril de 2021 y el 31 de diciembre de 2022.
La información comprende el estado de depósitos de ahorros, cuenta corriente, a plazo y compensación por tiempo de servicios (CTS), así como cualquier forma de ahorro e inversión y de operación importe cargada o abonada.
También, las transferencias y remesas de fondos locales, transferencias al extranjero, solicitud de cartas fianzas y tramitadas, y el respaldo financiero de estas mediante cualquier medio.
El pasado 16 de noviembre, el juez Checkley también declaró fundado, en parte, el requerimiento de la Fiscalía de levantar el secreto de las comunicaciones de Castillo por este caso y ordenó que las empresas de telefonía debían informar las llamadas y mensajes de texto generados por Castillo del 12 de abril de 2021 al 31 de diciembre de 2022.
Castillo asumió la Presidencia de Perú el 28 de julio de 2021 y ocupó el cargo hasta el 7 de diciembre de 2022, cuando fue destituido por el Congreso tras su fallido autogolpe de Estado.
Desde entonces cumple una orden de prisión preventiva de 18 meses, mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración, así como otros 36 meses de prisión preventiva en la investigación por presuntamente haber liderado una red corrupta en el Ejecutivo.
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