Un juez federal desestimó un cargo de obstrucción por delito grave presentado contra un acusado el 6 de enero, diciendo que la supuesta conducta del hombre no se enmarca en el estatuto utilizado por los fiscales en docenas de casos del 6 de enero.
El juez federal de distrito Carl J. Nichols desestimó uno de los 12 cargos contra el acusado Garret A. Miller, de 35 años, de Richardson, Texas.
En un fallo de 29 páginas (pdf), el juez Nichols escribió que la acusación federal de Miller no alega el tipo de conducta contemplada por 18 § U.S.C. 1512(c)(2), cuyo objetivo es evitar la destrucción de registros o documentos, algo muy diferente a tratar de evitar que el Congreso cuente los votos electorales.
«Nada en el tercer cargo (o en la acusación en general) alega, y mucho menos implica, que Miller haya realizado alguna acción con respecto a un documento, registro u otro objeto con el fin de obstruir, impedir o influir de forma corrupta en la certificación del voto electoral por parte del Congreso», escribió Nichols, concediendo la moción de Miller para desestimar el cargo.
La subsección de 18 § U.S.C., utilizada ampliamente por los fiscales contra los acusados del 6 de enero, fue aprobada por el Congreso como parte de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 para cerrar una laguna en la ley descubierta a raíz del fraude corporativo y el escándalo contable de Enron.
Nichols escribió que el Congreso pretendía que la subsección tuviera un enfoque estrecho y limitado relacionado con la destrucción de documentos. Es parte de una sección del Código de EE.UU. titulada “Manipulación de un testigo, víctima o informante”.
Aunque la redacción podría interpretarse de varias maneras, en una situación así «el Tribunal debe ‘ejercer[ ] la moderación al evaluar el alcance de un estatuto penal federal'», escribió el juez Nichols, citando el caso Estados Unidos vs Aguilar.
Miller aún enfrenta una variedad de cargos por desorden civil, agresión, impedimento o resistencia a la policía, amenazas interestatales de herir o secuestrar, alteración al orden público en un edificio restringido, entre otros. Los fiscales alegan que Miller amenazó a la representante federal Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) cuando publicó en Twitter: “Asesina a AOC”.
Miller también declaró en una publicación en las redes sociales: “No fue un golpe. Fuimos [sic] gentiles con la policía. Salimos [sic] ilesos. Los abrumamos, pero no los lastimamos…”
Un asunto muy importante
Si se confirma en la apelación, el fallo del juez Nichols podría afectar a muchos otros casos del 6 de enero que utilizan la misma sección del Código de EE.UU. para imputar a los acusados la obstrucción de la certificación de los votos del Colegio Electoral por parte del Congreso. Los fiscales han acusado de que los disturbios en el Capitolio de EE.UU. obstruyeron el Congreso porque el recuento de los electores se retrasó unas seis horas por la violencia.
“Los abogados han tenido una buena y activa discusión al respecto durante todo el día”, dijo el abogado Jonathon Moseley, quien representa a Kelly Meggs, miembro de Oath Keepers, en su caso del 6 de enero. “Creemos que es un asunto muy importante”.
Moseley dijo que otros jueces en el circuito de D.C. negaron las impugnaciones y permitieron que se mantuviera el cargo de delito grave de obstrucción. La divergencia de opiniones entre los jueces podría aumentar la probabilidad de una apelación ante la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia, dijo.
«Una de las cuestiones que se plantean a la hora de interpretar los estatutos es si hay que tener en cuenta la historia o si hay que guiarse por el lenguaje llano. En este caso, obviamente, se ha profundizado en los fines de la ley. Así que hay decisiones que van en diferentes direcciones, a veces por diferentes razones», dijo Moseley.
El juez de distrito Amit R. Mehta dictaminó en diciembre que la sección 1512 del estatuto “no es nula por vaguedad ni vaga en su aplicación a estos acusados” en el caso, Estados Unidos vs Thomas E. Caldwell et al. El juez Dabney L. Friedrich rechazó la impugnación en el caso Estados Unidos vs Ronald L. Sandlin y Nathaniel DeGrave en la que se dijo que el estatuto fue diseñado para la manipulación de pruebas. Friedrich escribió que no cree que la ley “deba interpretarse de manera tan estricta”.
Los abogados de Miller argumentaron en una moción de desestimación de junio de 2021 que las disposiciones de esa parte del 18 U.S.C. están relacionadas con la administración de justicia, como la toma de represalias contra un testigo, la influencia sobre un jurado o el «piquete o desfile» cerca de la casa de un juez, testigo o funcionario judicial con la intención de obstruir la administración de justicia.
“Como todas estas leyes están relacionadas con la obstrucción a la administración de justicia y sirven para proteger a los participantes en la administración de justicia”, decía la moción, “se deduce que, para violar la Sección 1512(c), debe haber alguna alegación de que el ‘procedimiento oficial’ presuntamente entorpeció, de hecho, lo relacionado con la administración de justicia”.
Los fiscales han tratado de estirar la ley “más allá de su significado simple y más allá de la intención del Congreso cuando la promulgó”, dice la moción de Miller.
El trágico resultado en el caso Perna
La obstrucción a un procedimiento oficial fue el único cargo de delito grave contra el acusado Matthew Perna, de Sharon, Pensilvania, quien se quitó la vida el 25 de febrero cuando se enteró de que los fiscales planeaban buscar refuerzos de sentencia para pedir una condena de 41 a 51 meses.
Perna se declaró culpable de tres delitos menores y un delito grave como parte de un acuerdo de culpabilidad, con la esperanza de dejar atrás el 6 de enero, dijeron familiares. Perna no fue acusado de actos violentos, vandalismo o peleas con la policía cuando estuvo 20 minutos dentro del Capitolio. El posible tiempo en prisión, impulsado por el cargo de delito grave, es una gran parte de lo que lo llevó al suicidio, dijeron sus familiares.
Moseley dijo que el uso por parte de los fiscales de este estatuto particular para los casos del 6 de enero es algo “definitivamente nuevo”.
«No sólo es novedoso, sino que está abriendo la caja de Pandora», dijo Moseley. «La gente está advertida: ‘Bueno, ¿Qué pasará cuando tengamos un fiscal general republicano? Eso es a la vez novedoso y extremadamente peligroso en términos de consecuencias imprevistas».
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