Al menos 18 presos murieron en un tiroteo registrado este viernes en la cárcel de Tela, situada en el Caribe de Honduras, a un día de que una junta interventora tomara el control del sistema penitenciario, informó una fuente oficial.
«Se maneja un total de 18 privados de libertad muertos», afirmó a periodistas el portavoz de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), José Coello.
El tiroteo se produjo entre las 16.00 y 17.00 hora local (22.00 y 23.00 GMT) entre reclusos del centro penal de Tela, departamento caribeño de Atlántida, por causas que están siendo investigadas por las autoridades, señaló.
Al menos una veintena de reclusos resultaron lesionados, algunos de gravedad, y fueron trasladados a hospitales estatales, donde reciben atención, agregó.
Las autoridades investigan el ingreso a la cárcel de las armas utilizadas en el enfrentamiento entre reclusos, señaló el portavoz de Fusina.
El portavoz de la Fusina aseguró que las autoridades han retomado el control de la cárcel, la cual aún no está bajo control de la junta interventora nombrada el martes por el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, para manejar el sistema penitenciario.
El poder Ejecutivo declaró el martes el estado de emergencia en el sistema penitenciario después de varios episodios de violencia ocurridos en los últimos meses a causa de los problemas de seguridad en las cárceles.
Compuesto por unas 30 cárceles, el sistema penitenciario de Honduras alberga a unos 22,000 presos, cuando su capacidad máxima es de 8000, y menos de la mitad de los reclusos han sido sentenciados, según cifras oficiales.
La junta interventora del Sistema Penitenciario Nacional de Honduras informó este sábado de la suspensión del director de la cárcel debido a la investigación tras el incidente.
La separación del cargo del director de la prisión fue confirmada a periodistas por la portavoz del Instituto Nacional Penitenciario, Digna Aguilar.
Explicó que la identidad del director del presidio no puede ser revelado «por razones de seguridad» y recordó el asesinato del director de la cárcel de «máxima seguridad» de Ilama, departamento occidental de Santa Bárbara, Pedro Armas, quien estaba suspendido temporalmente del cargo mientras se investigaba la muerte de un preso.
El decreto Ejecutivo que autoriza la intervención de las cárceles también ordena la suspensión temporal de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario y de Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores (INAMI).
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