Un tribunal peruano rechazó este jueves la petición de la ex primera ministra Betssy Chávez para que ordene el cese de los 18 meses de prisión preventiva que cumple como parte de la investigación del autogolpe de Estado que intentó dar Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.
El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, declaró «improcedente» la solicitud «tras evaluar los argumentos presentados» por Chávez para que se varíe su prisión preventiva por una orden de impedimento de salida del país, informó el Poder Judicial en la red social X (antes Twitter).
En su resolución, Checkley determinó que, cuando se presentó la solicitud, aún no se había cumplido el plazo mínimo de seis meses de internamiento en una cárcel que indica la ley para revisar una orden de prisión preventiva.
El juez concluyó que, por ese motivo, «la solicitud deviene en improcedente» y, en consecuencia, «carece de objeto pronunciarse respecto de los argumentos sostenidos por la investigada».
Chávez solicitó el 28 de diciembre pasado el cese de su prisión preventiva, que se tomen nuevas declaraciones a los testigos del caso y se haga un peritaje a un video que muestra los preparativos del mensaje que dio Castillo para anunciar que pensaba gobernar por decreto, cerrar el Congreso e intervenir en el sistema de justicia.
Luego de ese discurso, Castillo fue destituido por el Congreso y asumió la jefatura del Estado, por sucesión constitucional, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte.
En respuesta al pedido de la ex primera ministra, el fiscal del caso, Alcides Chinchay, pidió al tribunal que rechace la solicitud y enfatizó que no procede una revisión de las diligencias porque no existen nuevos elementos de convicción en el caso.
Esta fue la segunda vez que Chávez presentó una solicitud para que se le libere, después de que en septiembre pasado el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria también desestimó su solicitud y la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema rechazó su apelación.
La ex primera ministra fue detenida el 20 de junio de 2023 en su domicilio en la ciudad sureña de Tacna, después de que la Corte Suprema declaró fundada la petición del Ministerio Público, que la investiga por la presunta comisión del delito de rebelión y, alternativamente, conspiración en agravio del Estado.
En su resolución, la Sala Suprema rechazó aplicar la misma medida a los exministros del Interior Willy Huerta y de Comercio Roberto Sánchez, también investigados por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado de Castillo, quien cumple una orden de prisión preventiva en el penal limeño de Barbadillo.
En un primer momento, el pasado 26 de abril, el juez Checkley había rechazado imponer la prisión preventiva contra los tres exministros, aunque les dictó comparecencia y el pago de una fianza de 100,000 soles (27,700 dólares) contra Chávez, de 80,000 soles contra Huerta, y de 50,000 soles contra Sánchez.
La ex primera ministra estuvo al lado de Castillo en el Palacio de Gobierno cuando el entonces gobernante dio su mensaje a la nación y poco antes había pedido a todo el gabinete que acudiera a la casa presidencial porque se trataba de un «día histórico».
Chávez, quien cumple la prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Lima, denunció a fines de julio pasado que era víctima de «actos de hostigamiento» y que se le pidió firmar una carta en la que asegura que no sufre torturas, una denuncia que fue negada «enfáticamente» por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
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