Una empresa contratista familiar, que afirma que la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA) la multó injustamente por no revelar los riesgos del plomo, impugna el sistema interno de adjudicación que la agencia utilizó para multarla.
La demanda judicial, en la que se reclaman 375,000 dólares de multa, se presentó en el caso Ro Cher Enterprises Inc. contra la EPA ante la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois.
Ro Cher Enterprises es propiedad de Roger y Cheryl Janakus, que abrieron su Supertienda de Puertas y Ventanas en 1983, vendiendo puertas y ventanas desde su tienda minorista y sala de exposiciones del área de Chicago.
El 22 de diciembre, la empresa solicitó una medida cautelar, según declaró a The Epoch Times su abogado, Oliver Dunford, de la Pacific Legal Foundation (PLF). PLF es un bufete de abogados de interés público con sede en Sacramento (California) que lucha contra las extralimitaciones gubernamentales.
Se ha pedido a la corte que emita una orden para prohibir a la EPA «continuar con su acción administrativa interna ilegal contra Ro Cher, para que esta empresa pueda litigar sus desafíos constitucionales en la corte», según los documentos judiciales.
Según el PLF, la EPA acusó a los Janaku de infringir la Ley federal de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA). Debido a los riesgos de exposición al plomo, la remodelación y renovación de viviendas construidas antes de 1978 está regulada por la ley. Las empresas de reformas deben estar certificadas por la EPA y están obligadas a facilitar a los propietarios y ocupantes de las viviendas folletos informativos sobre los peligros de la exposición al plomo. Las empresas pueden ser multadas con cerca de 47,000 dólares por infracción.
Pero Door and Window Superstore no es una empresa de reformas: vende puertas y ventanas y ayuda a sus clientes a encontrar renovadores. Aunque los Janaku remiten a estos renovadores a sus clientes, los trabajadores no son empleados de su empresa.
A pesar de su falta de relación con los trabajos de renovación realizados en siete residencias y de la supuesta omisión del deber de revelar los peligros del plomo, la EPA alegó que Door and Window era el «contratista general» de las renovaciones, alegación que los Janaku niegan.
La EPA interpuso un recurso administrativo de ejecución alegando que Door and Window era el «contratista general» de las renovaciones en cuestión. La agencia no afirma que las obras de renovación dieran lugar a una manipulación incorrecta del plomo o de cualquier otro material tóxico.
A pesar de no haber alegaciones de exposición real al plomo o de daños relacionados con el plomo, la EPA quiere sancionar a Door and Window «por estas infracciones puramente ‘sobre el papel’ con 375,.000 dólares de multa», según PLF.
Aparte de la cuestión de si la empresa es responsable en virtud de la TSCA, el PLF sostiene que el problema jurídico es que el sistema interno de adjudicación de la EPA es contrario a la Constitución de Estados Unidos.
El sistema está en contra de Ro Sher, declaró Dunford a The Epoch Times en una entrevista.
«Principalmente, el problema es que la agencia en esta situación es tanto el fiscal como el juez y la corte de apelación.
«Si perdemos ante el juez administrativo, que es un empleado de la EPA, entonces apelamos a lo que se llama la Junta de Apelaciones Medioambientales, que está formada por más empleados de la EPA.
Y entonces el administrador de la EPA puede revisar ciertas cosas, pero la junta, a su discreción, puede permitir que el administrador revise, y solo después de que ese proceso administrativo haya terminado, Ro Sher puede entonces solicitar una revisión a un tribunal real».
«Pero incluso en este caso, el proceso favorece a la agencia, ya que la agencia habrá realizado todas las determinaciones de los hechos y la corte sólo puede revisar para ver… si los hechos, tal y como los encontró la agencia, son correctos o no, por lo que la corte no realiza ninguna determinación de los hechos independiente o nueva», dijo Dunford.
«Simplemente toma los hechos tal y como los ha encontrado la agencia. Y además, en muchos casos, las cortes se remiten a las conclusiones legales de la agencia. Así que una parte como Ro Sher no solo tiene que invertir tiempo y dinero en el proceso administrativo, sino que, como es lógico, la mayoría de las veces las agencias deciden por sí mismas. Y luego, cuando por fin se llega a las cortes, el tribunal defiere en la mayoría de los casos a la agencia, por lo que nunca se le da realmente un verdadero juicio por una corte independiente.»
Un artículo de 2017 en la Villanova Law Review informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos gana el 90 por ciento de los casos en sus propias audiencias, pero tiene solo una tasa de éxito del 69 por ciento contra los acusados en los tribunales federales.
Los Janakus también argumentan en su demanda legal que el sistema de tribunales internos de la EPA es inconstitucional porque los jueces de derecho administrativo y los miembros de la junta de apelaciones no fueron «debidamente nombrados para el cargo … [y] por lo tanto carecen de la autoridad para llevar a cabo las funciones de esas oficinas, y sus acciones son nulas.»
«Las reclamaciones de la EPA contra Ro Cher deben resolverse … ante un juez independiente y vitalicio», afirma la demanda.
El procedimiento interno también viola el derecho de Ro Cher a la Quinta Enmienda al debido proceso legal, su derecho de la Séptima Enmienda a un jurado y su derecho de la Octava Enmienda a no ser multada excesivamente.
Los jueces de derecho administrativo «ejercen un enorme poder para dictar sentencias judiciales definitivas y vinculantes que pueden destruir vidas, como la sanción de 375,000 dólares propuesta para los Janaku». Dado que este poder es tan importante, la Constitución solo permite que lo ejerzan funcionarios políticamente responsables, es decir, nombrados por el presidente y confirmados por el Senado», declaró el PLF.
La EPA respondió a una petición de comentario de The Epoch Times diciendo que «no puede comentar litigios pendientes».
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