La ciudad de Seattle se enfrenta a una nueva demanda por el trato que las autoridades municipales dieron a la zona autónoma que surgió allí en el verano de 2020.
Varias personas murieron en la zona o cerca de ella, de la que los oficiales de policía huyeron después de que activistas radicales levantaran barricadas tras el asesinato de George Floyd en Minnesota.
Lorenzo Anderson fue el primero. Fue asesinado a tiros el 20 de junio de 2020. Los servicios de emergencia tardaron 30 minutos en llegar hasta él.
Seattle acordó recientemente pagar 500,000 dólares para resolver una demanda presentada por el padre de Anderson. Ahora, los familiares de otro joven asesinado a tiros están tomando medidas.
Antonio Mays Jr., de 16 años, recibió los disparos el 29 de junio de 2020. Los detectives de la policía no llegaron al lugar de los hechos hasta casi cinco horas después, según una demanda presentada por su familia. Para entonces, según las noticias, la escena del crimen había sido alterada.
«A través de sus acciones e inacciones, la ciudad de Seattle, las agencias de Seattle, los empleados de Seattle, el Condado de King, el Estado de Washington, sus agentes y funcionarios electos son responsables de la muerte evitable y predecible de Antonio Mays, Jr. en las primeras horas del 29 de junio de 2020», dice la demanda.
Los nombrados no respondieron a las solicitudes de comentarios o no pudieron ser contactados.
El «verano del amor»
Mays Jr. viajó desde California, donde él y su padre tenían un negocio de salsa de barbacoa, para unirse a las protestas en el estado de Washington.
«Fue a Seattle para participar en el movimiento por los derechos civiles», dijo a The Epoch Times Evan Oshan, que representa a la familia.
«Tenía un trabajo, tenía un futuro con dinero. No era un matón de la calle. Fue a participar en el movimiento por los derechos civiles en Seattle, cuando lo recibieron con esta locura y lo ejecutaron», añadió Oshan.
La zona, conocida alternativamente como Zona Autónoma de Capitol Hill (CHAZ) y Protesta Ocupada de Capitol Hill (CHOP), atrajo la atención de todo el país, con un creciente número de quejas por parte de los residentes de la zona, negocios y otros.
Pero las autoridades, en lugar de disolver la zona o reabrir la comisaría de policía, dejaron que los organizadores la gestionaran por su cuenta.
La entonces alcaldesa Jenny Durkan, demócrata, dijo que podría haber «un verano del Amor» debido a la protesta organizada, señala la demanda. Los funcionarios de la ciudad, por su parte, sustituyeron de hecho las barreras por otras de hormigón en medio de continuas negociaciones con los manifestantes.
«A pesar de conocer la violencia y el caos, los dirigentes de Seattle permitieron que continuara. El ‘verano del amor’ se convirtió inevitablemente en el ‘verano de la sangre’. Hicieron falta varias muertes predecibles y evitables y lesiones que cambian la vida para que la alcaldesa Durkan anunciara finalmente que Seattle se haría cargo de la gestión del ‘CHOP'», afirma la demanda.
La reclamación es un precursor de una demanda. Es obligatoria en el estado y da al gobierno la oportunidad de intentar llegar a un acuerdo. Pero la familia de Mays está decidida a demandar a quienes consideran responsables de la muerte de Mays Jr.
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