El proyecto de ley «ómnibus» de más de 4000 páginas y 1.7 billones de dólares que el presidente Joe Biden se ha comprometido a promulgar como ley incluye unos 16,000 millones de dólares en proyectos conocidos como «asignaciones», que sus partidarios ven como una forma de que los legisladores atiendan mejor las necesidades de sus electores, pero que sus detractores suelen tachar de «barril de tocino» corrupto y despilfarrador.
Se trata de disposiciones legislativas que reservan fondos para proyectos o programas específicos, normalmente en beneficio de una localidad o grupo concreto.
Las más de 7200 asignaciones del proyecto de ley general, conocidas formalmente como partidas de financiación de proyectos comunitarios, incluyen 750,000 dólares para viviendas para discapacitados en Nueva York (pdf), un millón de dólares para el Museo y Salón de la Fama del Rock and Roll en Ohio (pdf), 3.6 millones de dólares para un sendero Michelle Obama en Georgia (pdf) o 5 millones de dólares para un proyecto de reintroducción del salmón en el estado de Washington (pdf).
El proyecto de ley de 1.7 billones de dólares fue aprobado por el Senado en una votación bipartidista de 68-29, con el apoyo de 18 de los 50 senadores republicanos, incluido el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell (R-Ky.).
Solo nueve de los 213 republicanos de la Cámara de Representantes la respaldaron. El representante Kevin McCarthy (R-Calif.), líder del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, se opuso vehementemente al proyecto de ley y calificó su aprobación como «uno de los actos más vergonzosos» que había visto en el Congreso.
Biden celebró la aprobación de la ley ómnibus en un posteo en Twitter, calificándola de «gran noticia para nuestra economía, que culmina un año de histórico progreso bipartidista para el pueblo estadounidense».
«Este proyecto de ley es la prueba de que republicanos y demócratas pueden unirse para cumplir con las familias. Estoy listo para convertirlo en ley», añadió el presidente.
Debate sobre las asignaciones presupuestarias
Hay un debate en curso sobre el uso de las asignaciones en la toma de decisiones legislativas, y algunos sostienen que son una forma eficaz de financiar proyectos locales, especialmente cuando esos proyectos no pueden financiarse a través del proceso normal de asignaciones.
«El gasto dirigido por el Congreso es otra forma de garantizar que las comunidades del estado de Washington sean escuchadas en el otro Washington, ya sea asegurando financiación directa para la recuperación del salmón, viviendas asequibles o necesidades de infraestructuras locales», declaró en un comunicado la senadora Patty Murray (D-Wash), segunda demócrata en el Comité de Asignaciones del Senado, que consiguió más de 230 millones de dólares en fondos destinados a su estado.
Otros argumentan que las asignaciones tienden a beneficiar a intereses específicos o a dirigir la financiación hacia proyectos que pueden no ser necesarios o especialmente meritorios.
«Las asignaciones, también conocidas como barril de tocino o la moneda de la corrupción… tienen un historial de despilfarro y abuso», Romina Boccia, directora de presupuesto y política de derechos en el Instituto Cato, un think tank libertario, escribió en un análisis reciente de lo que describió como un paquete de asignaciones generales «monstruoso».
«El Congreso debería prohibir las asignaciones a fines específicos y, en su lugar, dedicar tiempo y energía a corregir la insostenible trayectoria de gasto del gobierno federal», añadió.
Tras una década de prohibición, los demócratas resucitaron la financiación de proyectos comunitarios antes del año fiscal 2022, en el que miembros de ambos partidos asignaron 9700 millones de dólares.
El representante Tom McClintock (R-Calif.) presentó una enmienda a principios de este año para prohibir las asignaciones, pero los republicanos de la Cámara votaron 52-158 en contra.
Las asignaciones de este año suponen algo menos del 1% del paquete de financiación de 1.7 billones de dólares, un límite impuesto por el Congreso al reactivar el proceso de asignación de fondos tras su prohibición durante mucho tiempo.
El senador Ron Johnson (R-Wis.), que presentó una enmienda a la ley ómnibus que habría eliminado más de 4000 asignaciones, calificó las solicitudes de financiación de proyectos comunitarios de «droga de entrada al gasto deficitario masivo, a la hipoteca del futuro de nuestros hijos. Esto tiene que acabar».
Las asignaciones contenidas en el proyecto de ley ómnibus, que fue aprobado con cierto apoyo republicano, incluyen unos 45,000 millones de dólares en financiación para Ucrania, cientos de millones de dólares en financiación para la protección de fronteras en otros países como Egipto y Túnez, y mucho más.
La representante Nicole Malliotakis (R-NY) dijo el viernes en el programa «The Story» de Fox News Channel que los nueve republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor del proyecto de ley general «tomaron el cerdo y huyeron» porque la mayoría de ellos se jubilaban.
«Si se revisa este proyecto de ley —y yo lo intenté, eran 4100 páginas, intentamos hacer lo que pudimos en términos de revisarlo— se encuentra un montón de programas despilfarradores, más dinero que se envía a organizaciones internacionales, más dinero que se envía a protectores bajo las Naciones Unidas, más dinero que se gasta en el extranjero para todo tipo de propósitos en otros países mientras tenemos familias estadounidenses teniendo problemas en casa», dijo.
«Es lamentable, porque no creo que esto sea lo mejor para el pueblo estadounidense», añadió Malliotakis, defendiendo la necesidad de buscar recortes del gasto en lugar de encontrar proyectos favoritos que financiar.
En un extraño giro, los legisladores que votaron en contra del paquete general de gastos, casi todos republicanos, recibieron alrededor de 3.000 millones de dólares en asignaciones, según un recuento de Roll Call.
Detalles de las asignaciones
Las asignaciones del ómnibus se distribuyeron entre 12 organismos, y algunas de las solicitudes de financiación más notables o de mayor cuantía fueron las siguientes.
Agricultura, Desarrollo Rural, Administración de Alimentos y Medicamentos y Agencias Relacionadas (pdf): 7 millones de dólares para un laboratorio de enfermedades de los cereales en Minneapolis (Minnesota); 4 millones de dólares para una unidad de investigación sobre la caña de azúcar en Schriever (Luisiana), un centro de ingeniería genética de animales agrícolas en Columbia (Misuri) y un proyecto de conservación de vías fluviales en Twin Falls (Idaho); 2.95 millones de dólares para hacer frente a los «desafíos climáticos» para la agricultura y la calidad del agua en Nueva York, y 1.5 millones de dólares para un programa de investigación agrícola «resistente al clima» en Prairie View (Texas).
Comercio, Justicia, Ciencia y Agencias Relacionadas (pdf): 17.4 millones de dólares para un centro de investigación en biociencia en Orangeburg (Carolina del Sur); 16.6 millones de dólares para un centro de extensión y desarrollo de la fuerza laboral en Scranton (Pensilvania); 12.3 millones de dólares para un ala de innovación y educación en un laboratorio de East Boothbay (Maine); 3 millones de dólares para un laboratorio de Internet de las cosas (IOT) en Rome (Nueva York); y 2 millones de dólares para un centro sobre el impacto del cambio climático en el agua en Texas.
Defensa (pdf): 8 millones de dólares para cargadores de baterías en aplicaciones de defensa en Miami (Florida); 5.7 millones de dólares para rendimiento y preparación de soldados en Statesboro (Georgia); y 1.3 millones de dólares para una iniciativa de investigación de código abierto en América Central en Miami (Florida).
Energía y Desarrollo de los Recursos Hídricos, y Agencias Relacionadas (pdf): 9.6 millones de dólares para infraestructuras medioambientales en una instalación del Cuerpo de Ejército de EE.UU. en Nuevo México; 2 millones de dólares para un proyecto hidroeléctrico y solar de instalaciones de agua en Tampa (Florida); 459,000 dólares para la instalación de paneles solares en una YMCA en Nashua (Nuevo Hampshire); y 328,000 dólares para un proyecto de eficiencia energética y descarbonización en South Charleston (Virginia Occidental).
Servicios Financieros y Gobierno General (pdf): 7.5 millones de dólares para la Biblioteca y Museo Presidencial Jimmy Carter en Atlanta (Georgia); 6 millones de dólares para un archivo de líderes de Alaska en la Fundación Comunitaria de Alaska en Anchorage (Alaska); 5 millones de dólares para un programa de reducción del consumo de drogas en Oxford (Misisipi); 1.66 millones de dólares para un centro de prevención de sustancias en Huntington (Virginia Occidental); y 1 millón de dólares para explorar los vínculos culturales entre los habitantes negros de Maryland y los movimientos por los derechos civiles en otros países en Annapolis (Maryland).
Seguridad nacional (pdf): 4.2 millones de dólares para la mejora de las aguas pluviales y el alcantarillado sanitario en Beckley (Virginia Occidental); 2.3 millones de dólares para la mejora de un dique en Mayfield (Pensilvania); 3.5 millones de dólares para un proyecto de «resiliencia y revitalización» de un muelle urbano en Annapolis (Maryland); y 2 millones de dólares para un proyecto de «resiliencia climática» en Revere (Massachusetts).
Interior, Medio Ambiente y Agencias Relacionadas (pdf): 3 millones de dólares para un Centro de Justicia para Nativos de Alaska en Anchorage (Alaska); 2.5 millones de dólares para un programa piloto de senderos comunitarios en North Slope Borough (Alaska); 1.3 millones de dólares para un proyecto de «resiliencia climática» en Medway (Massachusetts); 1.2 millones de dólares para el Monumento Nacional Cascade-Siskiyou en Oregón; y 575,000 dólares para una unidad móvil de procesamiento de carne de búfalo en Nuevo México.
Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación y Agencias Relacionadas (pdf): 2 millones de dólares para el desarrollo de mano de obra y equipamiento para «empleos verdes» en Collegeville (Pensilvania); 1 millón de dólares para formación profesional y asesoramiento laboral en un centro para mujeres de Kew Gardens (Nueva York); y unos 3 millones de dólares para media docena de proyectos y programas relacionados con el colectivo LGBT, incluidos 500,000 dólares para servicios para jóvenes y familias LGBTQ en Lake Worth Beach (Florida).
Construcción Militar, Asuntos de Veteranos y Agencias Relacionadas (pdf): 99 millones de dólares para un gimnasio anexo en el Fuerte Wainwright de Fairbanks (Alaska); 82.2 millones de dólares para barracones de reclutas en San Diego (California); 68.1 millones de dólares para mejoras en el pavimento del aeródromo de Whidbey Island (Washington); y unos 100 millones de dólares para media docena de centros de desarrollo infantil, entre ellos 32.1 millones de dólares para uno en Camp Pendleton (California).
Transporte, y Vivienda y Desarrollo Urbano, y Agencias Relacionadas (pdf): 3.75 millones de dólares para la renovación de un centro YMCA en Chicago (Illinois); 2 millones de dólares para un museo de cera sobre destacados negros estadounidenses en Baltimore (Maryland); 1.5 millones de dólares para un centro de servicios comunitarios LGBTQ en White Plains (Nueva York); y 750,000 dólares para viviendas de transición y servicios para LGBT y «no conformistas de género» en Albany (Nueva York).
En su análisis del texto legislativo ómnibus de 4155 páginas, al que acompañan otras 2670 páginas de documentos explicativos, Romina Boccia, del Cato Institute, dijo que la mayoría de los miembros del Congreso no tendrían tiempo de leerlo antes de votar.
«Y eso es intencionado», argumentó, afirmando que el «actual proceso legislativo no pretende que los miembros del Congreso deliberen cuidadosamente sobre las decisiones políticas», ya que hacerlo probablemente provocaría una mayor oposición.
«En lugar de apresurarse a aprobar este proyecto de ley esta semana, el Congreso debería aplazar las asignaciones hasta 2023. En su lugar, los miembros deberían tomarse un tiempo durante las vacaciones de Navidad para reflexionar profundamente sobre sus responsabilidades y volver renovados en el nuevo año con una agenda fiscal fuerte que pondría el presupuesto de EE. UU. en una senda sostenible y evitaría una futura crisis fiscal».
Al votar a favor de la ley ómnibus y sus asignaciones, los miembros del Congreso han perdido aparentemente la oportunidad de reflexionar más profundamente, aunque la cuestión de una futura prohibición de la Financiación de Proyectos Comunitarios sigue abierta.
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