Una jueza federal ha confirmado la prohibición de la ATF de los aceleradores de disparos, dispositivos que aumentan la velocidad de disparo.
La jueza de distrito Jill N. Parrish dictaminó el 29 de septiembre (pdf) que la prohibición de los aceleradores de disparos impuesta administrativamente por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) hace varios años era apropiada.
«Esta corte concluye que el reglamento es un ejercicio apropiado de la discreción de la agencia para llenar los vacíos dejados implícitamente por el Congreso», por lo que «declina declarar ilegal la norma o prohibir su aplicación», escribió la Sra. Parrish, nombrada por el expresidente Barack Obama.
La demanda contra la prohibición de los aceleradores de disparos fue presentada por la Nueva Alianza por las Libertades Civiles (NCLA, por sus siglas en inglés) en nombre del instructor de armas de fuego Clark Aposhian. Es una de las varias que impugnan la prohibición de la ATF de los aceleradores de disparos, que son accesorios que se acoplan a las armas de fuego semiautomáticas.
Los aceleradores de disparos se prohibieron en 2019, cuando el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) modificó la normativa de la ATF, clasificando estos modificadores como equivalentes a ametralladoras y haciéndolos ilegales.
La NCLA no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la sentencia. Sin embargo, el abogado litigante de la NCLA, Caleb Kruckenberg, calificó anteriormente el caso de «ejemplo perfecto, por desgracia, de lo que llamamos el estado administrativo».
«Lo que quiero decir con esto es que sin ninguna acción interviniente del Congreso, sin ningún cambio en la ley, la ATF ha dicho que sabe más que el Congreso, y la ATF está intentando reescribir el estatuto. Pero ése no es su papel», dijo el Sr. Kruckenberg en un video publicado en el sitio web del grupo.
«Se supone que el Congreso redacta las leyes y que el poder ejecutivo, a través de las agencias, las aplica», añadió.
El interés del Congreso por los aceleradores de disparos creció después de que las autoridades descubrieran que el pistolero que perpetró un tiroteo masivo en Las Vegas en 2017 los acopló a varias de sus armas de fuego semiautomáticas.
Aceleradores de disparos en el punto de mira
Aunque la legislación federal no regula expresamente los aceleradores de disparos, la ATF los prohibió de hecho al clasificar los dispositivos como «ametralladoras», tal como se definen en la Ley Nacional de Armas de Fuego de 1934 y en la Ley de Control de Armas de 1968.
El cambio de norma administrativa de la ATF modificó el texto normativo añadiendo el siguiente texto: «El término ‘ametralladora’ incluye los dispositivos aceleradores de armas, es decir, dispositivos que permiten que un arma de fuego semiautomática dispare más de un tiro con una sola pulsación del gatillo aprovechando la energía de retroceso del arma de fuego semiautomática a la que está fijado, de modo que el gatillo se resetea y continúa disparando sin manipulación física adicional del gatillo por parte del tirador».
Varios propietarios de aceleradores de armas, entre ellos el Sr. Aposhian, presentaron demandas contra la prohibición, intentando impedir que entrara en vigor. Un argumento común era que la ATF promulgó la norma violando la Ley de Procedimiento Administrativo (APA, por sus siglas en inglés).
Aunque técnicamente el caso se refiere a los aceleradores de disparos, el Sr. Kruckenberg, de la NCLA, dijo que se trata de mucho más que de prohibir un accesorio para armas: «Este caso trata de quién escribe la ley».
En una serie de decisiones, los Tribunales de Apelación de los Circuitos Décimo y del Distrito de Columbia rechazaron las impugnaciones de la norma basadas en la APA, mientras que el Sexto Circuito se mostró dividido, lo que llevó a un tribunal de distrito a mantener la prohibición. La Corte Suprema de EE. UU. se negó a revisar los tres casos.
En cambio, el Quinto Circuito dictaminó en enero de 2023 que la norma vulnera la APA, que exige una ley del Congreso para prohibir los aceleradores de armas. Esta demanda fue interpuesta por Michael Cargill, propietario de Central Texas Gun Works en Austin.
«Cargill tiene razón. Una lectura simple del lenguaje legal, junto con un examen minucioso de la mecánica de un arma de fuego semiautomática, revela que un acelerador de disparos está excluido de la definición técnica de ‘ametralladora’ establecida en la Ley de Control de Armas y en la Ley Nacional de Armas de Fuego», declaró el Quinto Circuito en su sentencia.
Más detalles
La sentencia del Quinto Circuito declaró que las armas semiautomáticas equipadas con aceleradores de disparos no entran en la definición de ametralladora porque un solo apretón del gatillo corresponde al disparo de una sola bala.
«Sin un acelerador de disparos o el uso de una técnica de percusión alternativa, el usuario debe proporcionar una entrada manual apretando el gatillo con los músculos de su dedo índice. Con un acelerador, el tirador no necesita apretar y soltar el dedo del gatillo. Pero el tirador debe seguir ejerciendo presión hacia delante sobre la parte delantera del arma para mantener el mecanismo de disparo», escribió en el dictamen la jueza de circuito Jennifer Eldrod. «De nuevo, la entrada manual permanece, aunque cambie su forma».
Los jueces discrepantes argumentaron que el lenguaje estatutario es lo suficientemente ambiguo como para apoyar la clasificación de los aceleradores de disparos como ametralladoras y que la corte utilizó «la lenidad para legalizar un instrumento de asesinato en masa».
La lenidad es un principio jurídico que exige que cualquier ambigüedad en una ley penal se interprete a favor del acusado, lo que da lugar a una interpretación más restrictiva de la ley.
En abril de 2023, el DOJ solicitó a la Corte Suprema que escuchara su apelación contra la sentencia del Quinto Tribunal a favor del Sr. Cargill que paralizaba la prohibición de los aceleradores de disparos.
La NCLA declaró en junio que apoya la revisión del caso por parte de la Corte Suprema, afirmando que cree que la sentencia confirmaría la decisión del Quinto Tribunal de anular la prohibición.
El Quinto Circuito sostuvo que la «regla de la indulgencia» exige que las ambigüedades de los estatutos penales se interpreten en contra del gobierno, de modo que los ciudadanos comunes no sean castigados a menos que tengan un conocimiento claro de la conducta prohibida», declaró en un comunicado Richard Samp, abogado principal de litigios de la NCLA.
«La NCLA insta a la Corte Suprema a que, si acepta conocer del caso del Sr. Cargill, aborde si la regla de la lenidad exige el rechazo de la norma de la ATF», añadió.
El caso sigue pendiente ante la Corte Suprema.
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