Una veintena de ecuatorianos se encuentran varados en la región peruana de Cusco, una de las más afectadas por la ola de protestas que vive gran parte de Perú desde hace una semana y que registra ocho fallecidos, según informó este jueves el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador.
La Cancillería ecuatoriana indicó en un comunicado que tanto la Embajada como el Consulado de Ecuador en Perú mantienen contacto permanente con este grupo al que han asistido «con el afán de garantizar su seguridad».
Al mismo tiempo, la misión diplomática está en contacto con las autoridades locales y nacionales de Perú «con el objetivo de determinar el momento oportuno para el retorno seguro» a Ecuador de estos 20 compatriotas.
Son centenares los turistas que se han quedado varados en Cusco, región ubicada en el sur de los Andes peruanos, donde existen cortes de carreteras y las empresas ferroviarias han suspendido por precaución el servicio de tren a la turística ciudadela inca de Machu Picchu.
Desde este jueves entró en vigencia un estado de emergencia nacional que suspende derechos como el de reunión, tránsito e inviolabilidad del domicilio, además de permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional para mantener el orden interno, en especial para la custodia de la infraestructura crítica.
En los últimos días, grupos de manifestantes han tomado temporalmente los aeropuertos de Andahuaylas y de Arequipa, dos ciudades cuyas regiones colindan con la de Cusco, donde en su zona amazónica también ha habido la toma de una instalación de transporte de gas procedente del yacimiento de Camisea.
Las protestas estallaron un día después de que el Congreso de Perú destituyó al entonces presidente, Pedro Castillo, luego de que el mandatario izquierdista intentó dar un autogolpe de Estado con el que pretendía disolver el Legislativo, de mayoría opositora, e intervenir el sistema de justicia, incluido el Tribunal Constitucional.
Las movilizaciones reclaman principalmente el adelanto inmediato de las elecciones y el cierre del Congreso, mientras que en menor medida también se exige una Asamblea Constituyente y la liberación de Castillo, que fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima a solicitar asilo, tras ver que triunfaba la moción de vacancia (censura) en su contra.
La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, que sucedió a Castillo al ser su vicepresidenta, ha planteado al Congreso adelantar las elecciones generales a 2024 en lugar de 2026, lo que implica una reforma constitucional que debe ser tramitada y aprobada por el Legislativo.
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