Los legisladores de California aprobaron el 26 de agosto un proyecto de ley que prohibiría a los colegios y universidades del estado tomar decisiones de contratación basadas en el estatus migratorio de los estudiantes, y la medida se encuentra ahora en el escritorio del gobernador Gavin Newsom a la espera de su firma o veto.
Se trata del Proyecto de Ley 2586, presentado por los asambleístas David Álvarez (D-San Diego) y Mike Gipson (D-Carson) y mejor conocido como la Ley de Oportunidad para Todos, que ordena a la Universidad de California, la Universidad Estatal de California y los Colegios Comunitarios de California a tratar las leyes federales que prohíben la contratación de personas indocumentadas como inaplicables a partir del 6 de enero de 2025.
Álvarez dijo que el proyecto de ley es necesario porque esos estudiantes han «cumplido con sus obligaciones» y se están preparando para servir mejor al estado.
«Estados Unidos siempre ha prometido que si trabajas duro, tendrás la oportunidad de triunfar», dijo en el análisis legislativo. «Este proyecto de ley les dará la oportunidad de ser empleados por su campus para ganar los medios financieros mientras trabajan para completar sus títulos».
El autor dijo que el proyecto de ley también reforzaría la posición de California como líder político que inspira las tendencias nacionales.
«California tiene la oportunidad de seguir sirviendo de modelo para el resto de la nación», dijo Álvarez. «Sólo entonces podrá nuestro estado mantener realmente su estatus de potencia económica y el lugar donde se inventa el futuro de la nación».
El proyecto de ley fue aprobado 63-7 en la Asamblea y 31-8 en el Senado, con la mayoría de los republicanos votando en contra.
«Este proyecto de ley flagrantemente burla la ley federal, y la ley federal es muy clara. Tienes que ser elegible para el empleo para ser contratado, no puedes estar aquí ilegalmente», dijo el asambleísta Bill Essayli (R-Corona) a The Epoch Times. «Ahora California ha aprobado un proyecto de ley diciendo que vamos a ignorar eso… y eso no es democracia».
Un defensor del proyecto de ley calificó su aprobación como una «gran victoria para los estudiantes indocumentados en California».
«Victoria», publicó la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes el 26 de agosto en X. «Ahora, [el gobernador] debe firmar el proyecto de ley para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes en [California]».
Newsom tiene hasta el 30 de septiembre para firmar o vetar el proyecto de ley.
Una organización que representa a los estudiantes dijo que los aproximadamente 83,000 estudiantes indocumentados que asisten a las instituciones de educación superior de California se beneficiarían enormemente de la ley.
«California ha sido un líder en la nación en la prestación de educación a los estudiantes, con subvenciones, préstamos y becas disponibles para los estudiantes indocumentados que persiguen sus sueños de educación superior», dijo la Asociación de Estudiantes del Estado de California en los análisis legislativos. «AB 2586 abriría las puertas para que los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, continúen persiguiendo sus sueños de educación superior mientras son elegibles para oportunidades de trabajo en el campus».
La Federación Laboral de California dijo en los análisis que las directrices actuales que prohíben la contratación de estudiantes indocumentados tienen sus raíces en lo que algunos creen que es una «interpretación incorrecta» de la Ley de Reforma y Control de Inmigración aprobada en 1986.
«Los estudiosos del derecho han identificado que la prohibición federal de contratar indocumentados no se aplica a los gobiernos estatales cuando actúan como empleadores, como los sistemas de educación superior de California», escribió el grupo en los análisis legislativos. «Esto significa que la [Universidad de California], la [Universidad Estatal de California] y los [colegios comunitarios del estado] pueden autorizar la contratación de todos sus estudiantes indocumentados».
Aunque los comités legislativos no recibieron ninguna oposición oficial, la Universidad de California escribió una carta en la que esbozaba su preocupación por el hecho de que algunos estudiantes indocumentados y sus familias podrían enfrentarse a un proceso penal o a la deportación, los empleados que participen en las decisiones de contratación podrían ser objeto de acciones civiles o penales debido a violaciones de la ley federal, y el sistema universitario podría incurrir en multas civiles y enfrentarse a sanciones penales o perder el acceso a contratos federales.
Los sistemas universitarios estatales también señalaron que USD miles de millones en financiación federal podrían peligrar por infringir la ley federal.
Essayli, abogado con experiencia como fiscal federal, aconsejó a las escuelas que trataran el asunto con un asesor jurídico antes de seguir adelante.
«Recomiendo encarecidamente a todos los campus que hablen con sus abogados antes de infringir la ley federal, porque podría poner en peligro su financiación federal y, lo que es más importante, exponerlos a acciones civiles y penales», dijo Essayli.
De convertirse en ley, los costes para el Estado podrían rondar los USD cientos de miles para que las universidades actualicen sus políticas, y los costes únicos podrían ascender a USD millones para actualizar los procedimientos en los 72 distritos de colegios comunitarios del Estado, según el Comité de Asignaciones del Senado.
Un legislador dijo que el proyecto de ley ayudaría a los estudiantes a gestionar los gastos.
«Los estudiantes que asisten a los campus de la UC, universidades estatales y colegios comunitarios deben tener igualdad de acceso al empleo y otras oportunidades al igual que cualquier otro estudiante, independientemente de su estatus migratorio», dijo la senadora estatal María Elena Durazo (D-Los Ángeles) en un comunicado de prensa emitido en febrero por Álvarez. «También necesitan experiencia laboral cualitativa y obtener un ingreso durante sus estudios, especialmente a medida que los aumentos de las matrículas universitarias hacen más difícil que nuestros estudiantes alcancen la educación superior».
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