De cara a las elecciones venezolanas, las tensiones contra la oposición son cada vez más marcadas, situación que ha llevado a varios senadores de EE. UU. a exigir al gobierno de Biden castigar al mandatario venezolano Nicolás Maduro.
En una declaración bipartidista, los senadores Bill Cassidy, M.D. (R-LA), Marco Rubio (R-FL) y Ben Cardin (D-MD), señalaron los continuos intentos de represión de Maduro hacía la líder de la oposición, María Corina Machado, y el severo proyecto de ley “Antifascista” recibido por la Asamblea Nacional que busca silenciar la disidencia tanto dentro como fuera de Venezuela, aseguran los senadores.
«El régimen de Maduro ha hecho caso omiso del Acuerdo de Barbados y le ha mostrado al mundo que no se detendrá ante nada para socavar a su oponente, María Corina Machado”, subrayaron los senadores.
“Machado se enfrenta a un narco-régimen que se aferra al poder, reprimiendo y censurando al pueblo de Venezuela. Cualquier ataque contra la integridad de Machado, incluidos los arrestos arbitrarios, debe recibir una respuesta internacional», agregaron.
Acuerdo de Barbados
El acuerdo de Barbados al que hacen referencia los senadores, es el pacto entre el gobierno venezolano y la Plataforma de Unidad Democrática (PUD) de la oposición, firmado en octubre del 2023.
Es un «Acuerdo Parcial para Promover los Derechos Políticos y las Garantías Electorales para Todos» con respecto a las elecciones presidenciales de 2024, reportó EFE.
El acuerdo fue firmado por el presidente parlamentario venezolano, Jorge Rodríguez, en representación del régimen actual, y por el exalcalde de Caracas, Gerardo Blyde representando a la oposición.
Los documentos fueron firmados por una veintena de miembros de las partes negociadoras en presencia del Ministro de Relaciones Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, y representantes de Noruega, el país facilitador, y otros países de apoyo como Rusia, los Países Bajos, México, Colombia y Brasil.
En el acuerdo se generaron diversos compromisos para unas elecciones transparentes y justas tales como la observación electoral internacional, promover un discurso público que contribuya a un clima político y social para el desarrollo pacífico de las elecciones «sin presión externa» y con el derecho de cada partido a elegir libremente a su candidato para las elecciones presidenciales, entre otros apartados, informó la agencia.
Estados Unidos levanta sanciones contra Venezuela
En respuesta a este acuerdo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un comunicado expresando su satisfacción con el acuerdo, asegurando que “este es un paso concreto hacia la resolución de la crisis política, económica y humanitaria de Venezuela”.
El Departamento informó que levantó parcialmente las sanciones al sector petrolero, del gas y del oro. En el caso del petróleo y el gas, fue un acuerdo temporal por seis meses y se renovaría si Maduro cumplía con los acuerdos y con su compromiso de avanzar hacia la democracia, además de atender otro compromiso como la liberación de presos injustamente detenidos.
Inhabilitación de la candidata de la oposición
A inicios de este año, el Tribunal Supremo de Venezuela anunció la inhabilitación política durante 15 años de la candidata de la oposición María Corina Machado para ocupar un cargo público, levantando la indignación de los grupos de oposición.
La asociación civil sin fines de lucro, privada e independiente, que monitorea la administración de justicia y el Estado de derecho en Venezuela, declaró que dicha acción estaba plagada de irregularidades.
“La irregularidad más evidente en el caso de María Corina Machado, así como en otros casos decididos el 26 de enero, radica en que la SPA incurrió en una práctica que ya tiene algún tiempo en el TSJ: la omisión de publicar los textos completos de sus decisiones”, declaró la organización.
Agregó que en lugar de publicarlas se limitó a anunciarlas mediante un extracto en su página web. Una práctica que según la asociación impide «conocer el texto íntegro de dichos fallos, incluyendo, entre otros aspectos, las razones jurídicas que las fundamentan”.
Señalan que en el caso de Machado, la opositora política sostiene que la sanción en su contra no existe, y que nunca fue notificada ni se enteró de la misma. También aseguró que nunca se le permitió ejercer su derecho a la defensa en el proceso que tuvo como desenlace su inhabilitación política.
La asociación reportó que aun con las afirmaciones de Machado, el máximo juzgado aseguró que de conformidad con la Resolución del 16 de septiembre de 2021, la opositora «está inhabilitada por quince (15) años» por ser partícipe de:
«La trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan G. Antonio Guaidó M., que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela, así como también, el despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero, con la complicidad de gobiernos corruptos».
Desaprobación al régimen venezolano
Después de esta resolución, el Departamento de Estado EE.UU. emitió un comunicado en el mismo mes de enero, reprobando la decisión de la Corte Suprema de Venezuela, en el que aseguró que esa decisión es incompatible con el compromiso de los representantes de Nicolás Maduro de celebrar unas elecciones presidenciales competitivas este 2024.
El Departamento enfatizó que la decisión es muy preocupante y contraria a los compromisos asumidos por Maduro y sus representantes en el Acuerdo de Barbados firmado en 2023.
En un segundo comunicado del mismo mes, el Departamento de Estado anunció que no renovaría el alivio de sanciones que anteriormente había otorgado a la nación latinoamericana.
«Estados Unidos no renovará la licencia cuando expire el 18 de abril de 2024. Además, los Estados Unidos están revocando la Licencia General 43, que autorizó transacciones que involucran a Minerven, la empresa minera de oro de propiedad estatal venezolana. Las personas estadounidenses tendrán catorce días para cerrar cualquier transacción que haya sido autorizada previamente por esa licencia».
Por su parte la oposición “Plataforma de Unidad Democrática (PUD)”, a través de un comunicado en su red social X en el mes de febrero, ratificó su compromiso con el acuerdo de Barbados “para impulsar el respeto a las garantías políticas y electorales previstas en la Constitución nacional y en las leyes”.
En este sentido, la oposición expresó su compromiso con su candidata María Corina Machado y en el marco del Acuerdo de Barbados exigen que se proceda a dejar sin efecto las “inconstitucionalidades y arbitrarias inhabilitaciones que desde el régimen se fabrican a su conveniencia”, se lee en el comunicado.
A sí mismo, la PUT público en el mes de marzo un nuevo comunicado en el que señalan que “ante la campaña de desinformación y mentiras del régimen, desde la Plataforma Unitaria ratificamos una vez más nuestro compromiso indeclinable de mantenernos firmes junto a la mayoría del pueblo venezolano en la ruta electoral y exigimos a Nicolás Maduro que cumpla con el acuerdo de Barbados que, entre otros puntos, establece el respeto al candidato escogido por cada una de las partes”.
Frente a este caso, los senadores estadounidenses aseguran que no hay duda de que las próximas elecciones no serán libres, ni justas, ni democráticas. Señalan que tanto la administración Biden como la comunidad internacional deben responsabilizar a Maduro de esta situación.
Aseguran que “la reciente medida para aprobar la llamada ley antifascismo de Venezuela es una prueba más de que la sociedad civil, la oposición política y la libertad de prensa no tienen cabida en Venezuela”.
La propuesta de ley que mencionan los senadores estadounidenses está conformada por 30 artículos y contempla diversas sanciones para quienes ejecuten actos que las autoridades consideren fascistas, neofascistas o parecidos. Las sanciones podrían ser con condenas penales, administrativas o implicar la disolución de organizaciones, reportó CNN.
Los senadores le piden a la administración “seguir adelante con los parámetros públicos que establecieron en el Acuerdo de Barbados, así como considerar sanciones individuales para los responsables directamente de las acciones represivas contra los candidatos políticos, líderes empresariales y funcionarios de campaña”.
Señalan que los Estados Unidos y la comunidad internacional deben responder rápidamente al evidente esfuerzo del régimen de Maduro para prolongar “Su control ilegítimo sobre el poder”.
Después de la inhabilitación de la candidata de la oposición, María Corina Machado, la exdiputada cedió la candidatura a Corina Yoris.
No obstante, la nueva candidata también se enfrentó a obstáculos para presentar su candidatura y finalmente la oposición inscribió a un candidato “provisional”, el diplomático Edmundo González Urrutia, quien fue embajador de Venezuela en Argentina y Argelia.
Mientras que el gobernante Partido Socialista Unido (PSUV) escogió a Nicolás Maduro como su candidato para las elecciones de este año, esta será la tercera ocasión consecutiva que Maduro se estará postulando a la presidencia desde que llegó al poder en el 2013.
Siga a Estela Hernández en X: @HGLauraEstela
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