Los fiscales generales republicanos de tres estados -Idaho, Kansas y Misuri- han demandado a varias agencias de la administración Biden, alegando que aprobaron ilegalmente el envío por correo de peligrosos fármacos abortivos al tiempo que suprimían precauciones de seguridad clave, exponiendo a las mujeres y niñas que se someten a abortos químicos a posibles daños.
El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, informó el lunes que su oficina ha presentado una demanda contra la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. (HHS, por sus siglas en inglés) por la aprobación ilegal por parte de estos organismos de envíos de fármacos abortivos químicos (mifepristona y misoprostol) por correo en todo Estados Unidos.
«Los burócratas federales no elegidos no tienen autoridad legal para aprobar el envío por correo de estos peligrosos fármacos químicos abortivos», afirmó Bailey en un comunicado.
Según las autoridades sanitarias, la mifepristona bloquea la hormona progesterona, necesaria para que continúe el embarazo. Cuando se utiliza con misoprostol, la píldora sirve para interrumpir un embarazo de hasta 10 semanas.
La demanda alega que la FDA infringió varias leyes federales al aprobar fármacos abortivos «no probados», con el consiguiente riesgo para las mujeres y niñas que se someten a abortos químicos. Pretende restablecer las salvaguardias en torno al uso de los fármacos, incluido el requisito de que sean dispensados en persona por un médico.
La FDA dijo a The Epoch Times en una declaración enviada por correo electrónico que no haría comentarios sobre litigios en curso o pendientes.
Más detalles
La demanda pide a la corte que bloquee la revocación de 2016 de la mayoría de las precauciones de seguridad que la FDA había puesto en marcha cuando aprobó por primera vez la mifepristona en 2000. También pide al juez que detenga la aprobación de la FDA de la mifepristona genérica en 2019, y que congele las políticas de 2021 y 2023 que permitían que los medicamentos abortivos se enviaran por correo, lo que efectivamente restauraría un requisito de dispensación en persona.
«La orientación de la FDA no solo es ilegal, sino que costaría la vida tanto a las mujeres como a sus hijos no nacidos. Me enorgullece encabezar una coalición de estados para detener en seco la ilegal extralimitación federal de la FDA», declaró Bailey.
Aunque en la demanda se nombra a la FDA y al HHS (junto con sus respectivos funcionarios) como demandados, en la demanda se hace referencia a todos los demandados colectivamente como la «FDA.»
Se unen a la demanda el Fiscal General de Idaho, Raul Labrador, y el Fiscal General de Kansas, Kris Kobach, que junto con Bailey han pedido unirse a la demanda existente contra la FDA presentada por la Alianza para la Defensa de la Libertad (ADF) en nombre de la Alianza para la Medicina Hipocrática, y otros.
«Las acciones ilegales de la FDA han infligido daños a estos estados, además de los daños sufridos por los clientes médicos y asociaciones de la ADF, y las acciones recientes les han obligado a tratar de unirse a nuestro esfuerzo para que la FDA rinda cuentas», dijo en un comunicado Erin Hawley, abogada principal de la ADF.
«La FDA no hizo su trabajo, y hasta ahora todas las cortes han estado de acuerdo en que la FDA actuó ilegalmente al eliminar salvaguardas cruciales para las mujeres y al autorizar peligrosos abortos por correo», agregó.
La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de EE.UU., con sede en Luisiana, ha dictaminado que la FDA debe restablecer sus salvaguardias para los fármacos abortivos y no permitir que se envíen por correo a todo el país.
Sin embargo, el Departamento de Justicia y el fabricante del medicamento, Danco, han presentado sendas peticiones ante la Corte Suprema y han solicitado a los jueces que atiendan su caso.
Batallas judiciales
En 2000, la FDA aprobó la píldora abortiva para interrumpir embarazos de hasta siete semanas de gestación o menos. En 2016, la FDA amplió el uso en embarazos de hasta 10 semanas de gestación. Más tarde, las políticas adoptadas por la FDA en 2021 y 2023 permitieron el envío de mifepristona por correo o mensajería.
Desde que la Corte Suprema de Estados Unidos revocó la decisión Roe vs. Wade en 1973, la combinación de dos fármacos se ha recetado cada vez más y se ha convertido en el método de aborto más común en Estados Unidos.
Las decisiones de la FDA con respecto a los fármacos han sido impugnadas ante las cortes, y los abogados de la ADF presentaron la demanda original (pdf) contra la FDA en una corte de Texas en 2022.
En abril de 2023, el juez de Texas que llevaba el caso emitió un fallo (pdf) que determinaba que la FDA se había equivocado al aprobar la píldora abortiva y que la agencia había levantado indebidamente las restricciones al acceso al medicamento.
El juez Matthew Kacsmaryk, designado por el presidente Donald Trump, dijo en su fallo que la FDA «consintió en sus legítimas preocupaciones de seguridad -en violación de su deber estatutario- basándose en un razonamiento claramente infundado y en estudios que no respaldaban sus conclusiones.»
«También hay pruebas que indican que [la] FDA se enfrentó a importantes presiones políticas para que renunciara a las precauciones de seguridad propuestas para avanzar mejor en el objetivo político de aumentar el ‘acceso’ al aborto químico».
El hecho de que la FDA no impusiera restricciones al uso del fármaco «provocó muchas muertes y muchas más reacciones adversas graves o potencialmente mortales», escribió.
Recursos
El Departamento de Justicia (DOJ) apeló la decisión del juez Kacsmaryk, enviando el caso a la Corte de Apelaciones del 5º Circuito, que confirmó la mayor parte de la orden del juez de Texas.
El DOJ apeló esa decisión ante la Corte Suprema, que concedió una petición de emergencia para permitir que la píldora abortiva siguiera siendo accesible en medio de la batalla legal.
Posteriormente, varios grupos de médicos presentaron escritos ante la Corte Suprema pidiendo a los jueces que anularan la aprobación de la mifepristona por parte de la FDA.
La Alianza para la Medicina Hipocrática y otros grupos de médicos afirmaron en una reciente petición al Tribunal Supremo que la agencia sanitaria aprobó el fármaco en virtud de un proceso que fue diseñado para medicamentos destinados a tratar enfermedades. Dijeron que el embarazo es un «proceso natural que muchas mujeres experimentan», y no una enfermedad.
«Las recientes medidas de la FDA sobre los fármacos abortivos químicos han perjudicado la salud de innumerables mujeres y niñas y han socavado el Estado de derecho al eliminar ilegalmente toda salvaguarda significativa del régimen de fármacos abortivos químicos», afirmó la Alianza en un comunicado.
«Las acciones sin precedentes de la FDA no reflejan un juicio científico, sino que revelan decisiones impulsadas políticamente para promover un régimen farmacológico peligroso sin tener en cuenta la salud de las mujeres. Instamos a la Corte Suprema a que deniegue la petición de la administración Biden de anular la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE.UU., con sede en Luisiana», declaró.
Recientemente, varios grupos médicos presentaron escritos amicus curiae ante la Corte Suprema y argumentaron la necesidad de que la corte revisara la orden del Quinto Circuito.
«El fallo del Quinto Circuito amenaza con ahogar la innovación farmacéutica al perturbar las expectativas razonables de la industria respaldadas por la inversión. El Congreso creó un proceso de aprobación de la FDA que es a la vez riguroso y exhaustivo, y las compañías farmacéuticas invierten miles de millones de dólares en investigación y desarrollo para cumplir con las normas científicas de la FDA», escribió la Asociación de Investigación Farmacéutica y Fabricantes de América en un escrito.
En seis de los 15 estados donde el acceso a las píldoras abortivas está restringido, se requiere una visita médica en persona.
En los estados con restricciones a las píldoras abortivas, los proveedores de servicios sanitarios podrían enfrentarse a sanciones, como multas o la suspensión de la licencia, por intentar enviar píldoras por correo.
Jack Phillips ha contribuido a este artículo.
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